La diputada María Josefina Gamboa Torales presentó una iniciativa con proyecto de decreto ante el Congreso de la Unión para reformar diversos artículos de la Ley Nacional de Ejecuciones Penales para que los delitos cometidos por hechos de corrupción sean incluidos en las excepciones de no aplicación a beneficios preliberacionales.

La legisladora del Grupo Legislativo del Partido Acción Nacional (PAN) subrayó que el hecho que una persona acusada de actos de corrupción obtenga el derecho a la pre liberación provoca un sentimiento de impotencia de la ciudadanía por la impunidad que esto genera. “De acuerdo al INEGI la población considera a la corrupción como el segundo problema más grave que enfrenta el país, superado sólo por la inseguridad”, añadió.

De esta manera se establecería en la ley que no gozarán de la libertad condicional los sentenciados por delitos en materia de delincuencia organizada, secuestro, trata de personas y por hechos de corrupción.

Se propone incluir en la ley los delitos de ejercicio ilícito del servicio público; abuso de autoridad; desaparición forzada de personas; coalición de servidores públicos; uso ilícito de atribuciones y facultades; concusión; intimidación; ejercicio abusivo de funciones; tráfico de influencias; cohecho; cohecho a servidores públicos extranjeros; peculado; enriquecimiento ilícito y los homólogos de legislaciones locales.

Con lo anterior aquellos servidores públicos que laceren infamemente al Estado, buscando el beneficio particular, sean tratados de acuerdo a la afectación que causan al conglomerado social y a sus instituciones.

La diputada expuso que los hechos de corrupción, que se solicita sean agregados como excepciones a los beneficios preliberacionales, no son problema exclusivo del Estado de Veracruz, sino que, en la mayoría de las Entidades Federativas, al día de hoy se observa el inicio de procedimientos en contra de funcionarios y exfuncionarios que se presumen han cometido graves conductas de corrupción en contra de sus propios conciudadanos y las arcas públicas.

“Actualmente se están investigando a altos funcionarios y exfuncionarios de los estados de Coahuila, Colima, Chihuahua, Estado de México, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Tabasco, Tamaulipas y Quintana Roo, por lo que el Congreso debe de reajustar la normatividad vigente para reprimir de adecuada forma estas acciones antijurídicas” enfatizó.

En tribuna, la legisladora Gamboa Torales manifestó que la problemática de la corrupción, es un malestar que ha venido azotando a México desde hace siglos, lo que ha provocado que esta práctica se haya invisibilizado y se ha traducido en verse como algo normal en nuestra sociedad, incluso hay quienes la consideran como un elemento de la “cultura” mexicana, agregó.

De aprobarse la iniciativa por la LXIV Legislatura de Veracruz, sería remitida al Congreso de la Unión para los efectos procedentes.

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