ALEJANDRO MELGOZA ROCHA

A Benjamín Naranjo, Antonio Rodríguez y José Luis García conocen el miedo de un día cualquiera te detengan policías antes de entrar a trabajar y te acusen de un delito del que no tenías la menor idea. Conocen cómo la confianza de creer que van a salir libres cuando se aclare el "malentendido" se agota con el paso de las horas hasta verse atrás de las rejas y con un uniforme de reo.

Esta historia empezó el 26 de febrero de este año cuando un comando ingresó a unas bodegas de la bebida alcohólica Buchanans, en Tepotzotlán, armados hasta los dientes, para saquear los cargamentos a través de seis tráileres.  El robo total fue de 80 mil botellas de whisky en el Estado de México, el mayor hurto de bebidas alcohólicas en los últimos años a decir de la propia Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Por el C5 de la Comisión Nacional de Seguridad recuperaron la mercancía, pero urgía que existieran responsables de la felonía. En esta parte del guión de la justicia entran Benjamín, Antonio y José, quienes fueron inculpados de manera arbitraria, incomunicados, privados de su libertad, torturados y sin reparación del daño. Atropellos suscitados en el marco del Nuevo Sistema Penal de Justicia (NSPJ) que no ha abandonado sus prácticas plagadas de irregularidades desde que el proceso pasa por las manos de la policía, hasta el Ministerio Público y la etapa de investigación. Parece que los inocentes son los que terminan cumpliendo la cuota de las estadísticas criminales.

Tras la reforma constitucional de 2008 se implementó el NSJP con el objetivo de "esclarecer los hechos, proteger a los inocentes, procurar que los culpables no queden impunes y que se reparen los daños causados por el delito (...) los operadores jurídicos tienen un rol más participativo, transparente y con pleno respeto a los derechos fundamentales del imputado y de la víctima".

Sin embargo, el reciente reporte del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO) Nueve años de ocurrencias en Justicia Penal: Evidencias para entender la crisis de impunidad pone al desnudo una serie de indicadores en la parte de la procuración de justicia y ciudadana, donde sentencian que "De continuar así, México seguirá expuesto a la incertidumbre e indefensión de una procuración de justicia impune, opaca y viciada"

Benjamín, Antonio y José son sólo un ejemplo de lo que sigue ocurriendo, incluso con un nuevo sistema que ha costado más de 15 mil millones de pesos. Los tres tienen razones suficientes para no creer en esta vanguardia judicial. Los ciudadanos han sido una parte desvinculada en este proceso de participación, de acuerdo con los expertos.

El eslabón más débil: la policía

La policía ministerial mexiquense realizó inspecciones en dos sitios: el martes 28 de febrero en Tlalnepantla, donde hallaron la mayoría de la mercancía; y en Azcapotzalco el 1 de marzo, lugar que albergaba en dos bodegas las unidades restantes, de acuerdo con el comunicado de la FGJEM.

En la segunda, en la zona industrial de Pical Pantaco, los trabajadores Naranjo, Rodríguez  y García fueron aprehendidos por las autoridades al iniciar su jornada laboral. "Fuimos detenidos por elementos de la policía sin identificarse de qué corporación, sin darnos ningún tipo de información", coincidieron en la carpeta de investigación CUA/CUA/CUA/032/0426262/2017//02, a la que tuvo acceso La Silla Rota.

La defensa aclara que cuando toma el caso se enteran de la imputación por el robo de las botellas de Buchanans.

Durante el trayecto se detuvieron los oficiales y los entregaron a otro vehículo de "supuestos policías" con dirección a la Agencia de Investigación de Cuautitlán Izcalli. Hasta ese momento seguían sin informarles el motivo de la privación ilegal de su libertad. Según el abogado penalista del caso, Eduardo Bejarano, este y otros casos ejemplifican la reincidencia en prácticas ilegales a pesar del NSPJ.

Las autoridades violaron el artículo 9.2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos, donde se establece que "toda persona será informada, al momento de su detención, de las razones de la misma, y notificada sin demora, de la acusación formulada contra ella". De igual modo el 7.4 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

De acuerdo con el informe Nueve años de ocurrencias en Justicia Penal: Evidencias para entender la crisis de impunidad, la conclusión sobre las actuaciones policiales -basadas en 811 expedientes de robo y homicidio- se "cometen omisiones importantes en sus funciones, como registrar el modo, tiempo y lugar en que ocurrió el delito, preservar el lugar de los hechos, así como la búsqueda efectiva de testigos".

Los tres sujetos detenidos son ejemplo de lo anterior, pues dos días después los ingresaron al Centro Preventivo y de Readaptación Social del municipio señalado. Durante la audiencia de control llevada a cabo el 5 de marzo, al no haber pruebas fehacientes para acusar a los indiciados, el Ministerio público "solicitó se decretara de legal la detención por otro supuesto delito de cohecho". El cohecho es un delito que se refiere al soborno de servidores públicos.

El informe abunda que en la actuación de la policía ministerial -quienes están encargados de investigar el cómo, cuándo y dónde ocurrió un delito, así como entregar un informe al Ministerio Público- "aportan información limitada y poco útil para auxiliar a esclarecer los hechos", como le sucedió a los tres trabajadores, donde las autoridades apelaban una detención legal sin ninguna prueba.

El director jurídico del IMCO, Ricardo Corona, refiere que "el enfoque de justicia penal está volteando a ver en la etapa judicial no de la procuración de justicia, mientras que abogado penalista Gabriel Regino explica que "en la capacitación debe ser constante para ministerios públicos, abogados, y principalmente policías que siguen siendo el eslabón más débil de la reforma porque siguen actuando conforme al sistema anterior".

Aunque es importante resaltar que la policía también se ha visto rebasada. El documento analiza que el 87% dijo que su salario "no corresponde a la carga de trabajo que realiza"

Ese mismo día, según la carpeta de investigación, la juez de control declaró ilegal la detención por ser inverosímiles las versiones de los policías y por no estar ajustada a derecho la detención. Es decir, con ello se ordenó la libertad de las tres personas.

Ministerios de impunidad

Al salir de la prisión de Cuautitlán Izcalli a las 19:30 horas de ese mismo día, casi cruzando la puerta, "supuestos elementos de la policía ministerial" del Edomex ya los esperaban. Uno con camisa de vestir blanca y corbata negra, en tanto el otro con sudadera y capucha puesta. Los aprehendieron de nueva cuenta de "forma ilegal y arbitraria" sin acreditar la corporación de la que procedían.

Este modus operandi también fue documentado en febrero pasado por La Silla Rota, cometido contra decenas de reos que llevan encerrados meses o años con cárcel preventiva en el penal de Chiconautla, Ecatepec, donde el líder José Humbertus Pérez Espinoza ha encabezado la "revolución azul" junto a cientos de prisioneros que critican el nuevo sistema penal acusatorio.

Posteriormente los metieron a un auto oscuro con placas MAU-14-74, Dodge Charger Daytona, modelo 2006, según el Registro Público Vehicular (Repuve) del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Este medio obtuvo el video y fotografías de la privación ilegal de la libertad, en las cuales se acredita el momento en que se los llevan, mismas que fueran utilizadas en el juicio. Según la defensa, durante casi 12 horas no supieron nada de ellos.

Luego un policía ministerial les mencionó que serían trasladados al Ministerio de Nicolás Romero Rubio, tercer turno, cuyo responsable es Alejandro Rodríguez Hernández. Ahí los funcionarios públicos les prohibieron tener comunicación con sus familiares y alguna defensa. Uno de los derechos fundamentales en el Nuevo Sistema Penal es la asesoría jurídica a los denunciantes o indiciados, según Gabriel Regino.

Según la investigación del Instituto, son cuatro puntos medulares en torno a las actuaciones del MP. Primero: con "el NSJP pierden fe pública y dejan de acudir a los hechos"; segundo: "no se ordenan dictámenes periciales y trámites indispensables para una adecuada investigación"; tercero: "en la mayoría de los casos hubo violencia, pero con un nivel muy bajo de medidas de protección"; cuatro: "se archiva un número considerable de expedientes sin haber realizado una investigación exhaustiva e incluso deja algunos casos sin concluir".

Por lo anterior, al estar incomunicados durante dos días, la defensa presenta la demanda de amparo 355/2017 ante el Juzgado Décimo de Distrito en el municipio de Naucalpan de Juárez, Edomex. Sin embargo, una hora antes de cumplirse las 48 horas, "con una supuesta orden de presentación se los llevaron con lujo de violencia y contra su voluntad" a la agencia de Cuautitlán Izcalli.

Por tercera vez estuvieron detenidos e incomunicados. Nuevamente les fabricaron otro delito de cohecho, y así, la autoridad volvió a atropellar sus derechos.

Puntos medulares

A pesar de que el NSPJ -incluido desde la reforma constitucional publicada el 18 de junio de 2008- constituye, según el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), "una gran oportunidad para mejorar la impartición de justicia penal en nuestro país, a través de un procedimiento acusatorio y oral, más transparente, dinámico y garantista, tanto para los imputados como para las víctimas", la realidad es otra.

Según Bejarano, quien reconoce que hubo mejorías desde la implementación, los principios como la presunción de inocencia -una máxima jurídica en la que se establece que toda persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario- las autoridades "en la práctica han hecho artimañas para evadir esa legalidad".

Esta máxima fue violada en el caso de Benjamín Naranjo, Antonio Rodríguez y José Luis García, así como de los revolucionarios azules, liderados por José Humbertus Espinoza. Le han fabricado cuatro carpetas de investigación, dos de ellas con resoluciones a su favor en amparo federales, como documentó La Silla Rota en febrero pasado.

"Se siguen cometiendo irregularidades del sistema anterior. Desde la etapa de investigación", comenta Bejarano, quien insiste en que no existe autonomía en los ministerios públicos.

Desde la perspectiva de titular del Despacho Regino Abogados, si bien el código nacional "no es la mejor legislación, tiene al menos una coherencia que lo hace viable (...)  tiene fallas legislativas en temas como el descubrimiento probatorio, la etapa intermedia y lo relacionado con el auto de vinculación a proceso. ¿Cuáles son estas imprecisiones?, son temas que revelan una técnica legislativa que no fue la mejor, porque hay contradicciones en los términos procesales, se presta a confusión, y a interpretaciones encontradas".

Para Corona, especializado en rendición de cuentas y transparencia, existen dos problemas con el NSJP. El primero: "se han volteado a ver cuáles son las consecuencias de un contexto de justicia penal que tiene retos, pero no se ha buscado entender cuáles son las causas. La iniciativa se presenta en 2008 pero es hasta 2012 que se presentan los primeros indicadores; pero solo describen consecuencias; no hubo un enfoque metodológico para entender las causas de las fallas".

Segundo: "cuando se habla de la justicia penal lo que se dice es que se habla de juicios orales, jueces, los porkys, no de lo que sucede en la procuración de justicia, es decir, en la etapa donde trabaja desde el policía,  ministerio, perito, esa etapa donde se consignan los elementos indispensables para una buena conducción (...) El enfoque ha sido una omisión importante".

Otro punto fundamental son los recursos con los cuales se llevaron a cabo la implementación del NSJP. En 2010, se asignaron recursos por la cantidad de 563.8 millones de pesos procedentes de subsidios; en 2012, se crea un nuevo programa por 443.4 mdp y adicionalmente se lleva a cabo el Fideicomiso Fondo de Apoyo para Infraestructura y Seguridad, cuyo objetivo era "fortalecer la infraestructura de seguridad pública y justicia en las entidades federativas" con una aportación de 4 mil mdp, En total -dice el reporte del Centro de Estudios y Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados publicado en junio del año pasado-, hasta 2016 se han ejercido 5 mil 311.6 mdp. 

Corona apunta sobre lo anterior que si bien su caso de estudio es Morelos, esto se trata de una "biopsia que está pasando en el sistema de justicia del país", donde "te manda un mensaje de un uso ineficiente e inadecuado en la programación de los presupuestos. ¿Qué quiero decir? ¿De qué sirve que a un policía le pongas patrullas y armas de última generación si no los capacitas en el marco del nuevo sistema?".

Regino abunda sobre el tema que es una pregunta fundamental, "si se gastó adecuadamente este recurso (...) debe ser debidamente auditado".

Corona concluye: "Antes de construir edificios, reformas leyes, capacitar, gastar en policías, en cualquier estado... vamos  haciendo un diagnóstico con evidencia documentada para saber qué está pasando, para atender cuáles son las variables que se tienen que atender en una política pública adecuada".

En el informe hacen tres recomendaciones. La primera en la operación del sistema de Procuración de Justicia, donde 1) se implementen sistemas de cuadrantes en las policías 2) mayor número de defensores públicos basados en la incidencia delictiva 3) mayor número de peritos a quienes se garantice condiciones de autonomía y 4) mayor número de agentes y atención de rezago en los ministerios públicos.

El punto dos se refiere a la creación de un comité de Auditoría y Seguimiento para dar seguimiento a la impartición de justicia; y tres, establecer una Unidad Especializada en Investigación del Delito de Robo y Homicidio con el objetivo de tramitar las denuncias en "condiciones óptimas".

Ciudadanos, desconfianza en la justicia

Después de un proceso tortuoso que duró semanas las tres víctimas fueron puestas en libertad. A pesar de que pudieron haber solicitado la reparación del daño causado por el Estado, simplemente no quisieron regresar. "No quieren regresar al Estado de México", señala su defensa. Esta entidad recibió el 7.3% del monto asignado al país para el NSJP.

El estudio del IMCO apunta que esa desconfianza y por la cual no regresaría a los ministerios públicos se debe a los siguientes datos: 73% porque "se "pierde el tiempo y no se arregla nada"; 26%, "no tengo dinero para pagar abogado"; 5%, "no sé cómo se hace"; y 2%, "me amenazaron".

Por orden de tasa porcentual, acusaron que dieron un pago extra o soborno a agentes del ministerio público, policías judiciales, peritos, abogados, auxiliares del MP y oficiales/secretarios. "La confianza ciudadana muestra que el eslabón más débil está en la Procuración de Justicia", concluye el estudio en la auditoría a ciudadanos.

Tan sólo en la cifra negra de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (Envipe) 2016 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi),  refiere que no se  denuncia por la pérdida de tiempo con un 33% y desconfianza en las autoridades un 16%.

Corona agrega que "la gente está desconectada del sistema de justicia penal, aquí no ha pasado como en otros países. Es un tema muy importante de redignificar el funcionamiento del sistema de justicia, el ciudadanos se debe involucrar con esto, y hoy por hoy no se siente parte de.

"No estamos buscando ciudadanos que sean expertos, no es el tema, sino como cualquier ciudadano básicamente sepa a dónde tenga que tocar la puerta para exigir sus derechos con resultados. Eso se llama eficacia de la norma, se llama un verdadero estado de derecho".

El abogado penalista Regino, quien fue ex subsecretario de la SSPDF, apunta que se olvida que " la víctima del delito, tiene derecho a un asesor jurídico y que tiene derecho dependiendo del ilícito a una justa y pronta reparación del daño y que está se puede dar a los pocos días inclusive de haber presentado su denuncia".

Bejarano coincide con que se debe fortalecer la confianza en los ciudadanos. Pero, por ahora, Benjamín, Antonio y José no quieren saber nada. Ni del Edomex. Ni de la reparación. Ni del nuevo sistema de justicia penal.

Con información de La Silla Rota

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