Veracruz, Ver.- Durante la titularidad de Arturo Bermúdez Zurita como Secretario de Seguridad Pública, no sólo se registraron problemáticas en materia de seguridad, sino también un evidente desvío de recursos tal como evidencia la revisión de la Cuenta Pública 2015 de la Auditoría Superior de la Federación.

A pesar de que en 2015 ya existían problemas en materia de seguridad en el estado, de acuerdo con la auditoría número 1469-GB-GF consultada por E Consulta Veracruz, el gobierno estatal desvió 59 millones 972 mil 800 pesos, lo que implica un daño a la Hacienda Pública Federal más los intereses de esta cifra.

El Gobierno federal envió 95 mil 369 millones de pesos a través del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

De acuerdo con el informe de la Auditoría Superior de la Federación, el gobierno de Veracruz en 2015 (todavía bajo el mandato de Javier Duarte de Ochoa) abrió una cuenta para recibir esta ministración.

El interés que generó el monto al estar depositado fue de 20 millones 200 mil pesos, sin embargo comenzaron a realizarse traspasos a otras cuentas bancarias a nombre del gobierno estatal.

De acuerdo con el informe de la ASF se desconoce a dónde fueron a parar estos recursos.

Además se determinó un faltante de 59 millones 972 mil 800 pesos y quedaron pendientes las determinaciones de los intereses generados a marzo del 2016.

Dentro de las observaciones de la cuenta pública se determinó que no fueron debidamente devengados 48 millones 278 mil 300 pesos que debían ser aplicados como lo indica el secretariado, en temas de seguridad y prevención del delito.

A este monto se le añaden los 20 millones 200 mil pesos de impuestos que generó el dinero mientras estuvo depositado sin ejercerse, mismos que no fueron reintegrados a la Tesorería de la Federación y no se remitió la cancelación de la cuenta bancaria donde se administraron los recursos del subsidio.

Las contralorías generales del estado y de la Fiscalía General de Veracruz  iniciaron los procedimientos a través de los expedientes números 240/2016 y PDA/10/2016.

De acuerdo a ellos las dependencias responsables son no sólo es la SSP sino la Secretaría de Finanzas y Planeación. En 2015 la secretaría estuvo a cargo los tres primeros meses de Mauricio Audirac, sustituido por Antonio Gómez Pelegrín, que se mantuvo hasta el final de la administración.

Fuentes de la Contraloría confirmaron que este proceso debió avanzar durante la administración pasada, sin embargo quedó parcialmente detenido.

Actualmente, el proceso se ha reactivado y espera que pronto haya resultados que podrían derivar en la inhabilitación de funcionarios y daño patrimonial.

De acuerdo con el Órgano de Fiscalización del Estado, se determinó un faltante en la cuenta bancaria establecida para la administración de los recursos de 59 millones 972 mil 800 pesos, misma cifra dada a conocer por la ASF, y la instancia responsable de solventar era la Sefiplan.

Fiscalía veracruzana también incurrió en daño patrimonial

Mientras la Fiscalía General del Estado - entonces a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras - tendría que solventar un millón 111 mil 500 pesos, debido a que lo que se envió como gastos comprobables no corresponde a los objetivos del Subsidio para las Entidades Federativas para el Fortalecimiento de las Instituciones de Seguridad Pública en Materia de Manejo Policial.

A este monto se le sumarían los intereses correspondientes.

Este recurso de acuerdo con la ASF fue ejercido en el módulo de “Policía de Investigación Acreditable” y en la partida específica denominada “Evaluaciones de Control de Confianza”.

El Gobierno de Veracruz comprobó gastos de operación del Centro de Evaluación y Control de Confianza de la Fiscalía General del Estado, sin embargo éstos no cumplen el objetivo del subsidio.

Este monto fue cobrado en efectivo, por lo que la ASF no reconoce de dónde salieron los recursos para pagarlo.

Además "Unidades de Policía de Investigación Acreditable-Investigación-Formación inicial y continua”, del concepto “becas”, se verificó que la entidad pagó con recursos del subsidio becas de 35 elementos; sin embargo, éstas no fueron pagadas sino hasta el 28 de diciembre de 2015, aun cuando se contaba con recursos del subsidio para cubrir el gasto

La Contraloría de la Fiscalía General del Estado inició el expediente PDA/10/2016 donde se determinan estas observaciones y las siguientes:

El Gobierno de Veracruz adjudicó de manera directa la partida llamada "Unidades de Policía de Investigación Acreditable-Investigación-Formación inicial y continua”, sin embargo no fueron acreditados los criterios para realizar esta acción.

Además se pactaron servicios y conceptos, los cuales no se consideran alineados con los objetivos del subsidio, pero el gobierno estatal proporcionó aclaraciones para justificar la adjudicación directa.

Otra acción detectada, aunque fue solventada, es la de las "Unidades de Policía de Investigación Acreditable-Investigación-Equipamiento Institucional”, del concepto “Vestuario y Uniformes”, pues se invitó a participar a tres personas.

Al no acreditar los criterios para la excepción a la licitación se inició un proceso.

En materia de vehículos, el Gobierno de Veracruz adquirió 16 unidades Pick up’s por 5 millones 360 mil pesos a través de un a adjudicación directa.

También se compraron a través de una adjudicación directa 17 vehículos Sedán para la misma área, 3 millones 361 mil 800 pesos

El destino era las "Unidades de Policía de Investigación Acreditable-Investigación-Equipamiento Institucional”, sin embargo para la ASF no se acreditaron los criterios para realizar el trámite de esta manera y no a través de una licitación.

También se contrataron servicios de capacitación por 5 millones 445 mil pesos a través de las "Unidades de Policía de Investigación Acreditable-Investigación-Formación inicial y continua”, del concepto “Formación Continua en Nuevo Sistema de Justicia Penal”.

Una vez más el gobierno veracruzano lo adjudicó de forma directa sin que se acreditaran los criterios para hacerlo.

El Gobierno de Veracruz contribuyó solo como participante con los objetivos establecidos en la política pública y específicamente en los Programas con Prioridad Nacional de Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública y Red Nacional de Telecomunicaciones, a pesar de la demanda de seguridad de la ciudadanía.

Además el gobierno no atendió lo establecido en la norma en materia de adquisiciones.

Al 31 de diciembre de 2015, la entidad federativa pagó el 29.4 por ciento de los recursos transferidos y al 31 de marzo de 2016, pagó el 37 por ciento.

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