Xalapa, Ver- La cámara de diputados de Veracruz, designará en un periodo de 15 días hábiles al titular de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV). E - Consulta Veracruz te presenta el historial académico y laboral de los tres aspirantes.

Los candidatos propuestos por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares son: Rosa Hilda Rojas Pérez, catedrática de la Facultad de Derecho por la Universidad Veracruzana (UV); Lorena del Carmen Mendoza Sánchez; extitular de la Dirección de Atención a Mujeres, Grupos Vulnerables y Víctimas de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y Arturo Márquez Murrieta, delegado federal de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).

Rosa Hilda Rojas Pérez:

De perfil académico, obtuvo el grado de maestría en Derecho Civil por la Universitá Degli Studi DI Camerino Macerata Italia. Es licenciada en Derecho por la Universidad Veracruzana (UV), donde imparte clases desde hace más de 30 años.

El 07 de enero de 2009 asumió el cargo de Subprocuradora Especializada en Asuntos Indígenas, en el periodo de Fidel Herrera Beltrán y actualmente se desempaña como consejera local del Instituto Nacional Electoral (INE).

Entre sus aportaciones académicas, el 15 de mayo de 2014 lideró a un grupo de alumnos de la Facultad de Derecho de la UV que ganó el primer lugar en el Concurso Interuniversitario de litigación oral y argumentación jurídica convocado por la Universidad Iberoamericana de Puebla, Voz Jurídica de Puebla A.C., y Diálogos Mexicanos por la Juventud A.C.

Fue la primera jueza en el estado cuando se crearon las salas de juicio oral en materia de responsabilidad juvenil, en 2009. Laboró como Agente del Ministerio Público en la Procuraduría General de Justicia del estado; y fue jefa del Departamento Jurídico de Patrimonio del Estado en el Gobierno de Veracruz.

Sobre su desempeño como servidora pública, particularmente en la Subprocuraduría Especializada en Asuntos Indígenas, Carolina Ramírez Suárez, entonces integrante del Observatorio contra la Violencia hacia mujeres y niñas en el Estado de Veracruz opinó: “me tocó conocerla cuando era Subprocuradora. Si bien, es cierto que desconocía algunos temas, también tuvo la apertura de aprender y hacer cosas importantes”. 

El pasado 14 de junio de 2017, Rojas Pérez participó como integrante del grupo multidisciplinario técnico en la instalación de la Mesa de Alto Nivel para Definir Acciones contra la Violencia de Género en esta entidad, a fin de reforzar los mecanismos que garanticen el derecho de mujeres y niñas a una vida plena.

“Además de contribuir con el tema de la Alerta de Violencia de Género, participó en la construcción de iniciativas para los derechos hacia las mujeres. Confío en que se trata de la mejor opción en la terna”, abundó Carolina Ramírez.

Arturo Márquez Murrieta

Su cargo más reciente lo obtuvo en febrero de 2015 como delegado federal en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV). Ha canalizado asesorías jurídicas y psicológicas a familias, víctimas indirectas de desapariciones y desapariciones forzadas en Veracruz.

Entre sus labores destacadas está el acompañamiento al colectivo Solecito Veracruz, al cual se le atribuye el hallazgo de la fosa más grande de Latinoamérica donde han sido exhumados 260 cadáveres.

La fundadora de dicha agrupación, Lucía de los Ángeles Díaz Genao, señaló que, al no verse escuchadas por el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, sobre la postulación de Basilea Bonastre –quien es madre de desaparecido-, esperan que la elección, a cargo de los diputados locales, sea en favor de Márquez Murrieta.

“Nosotros propusimos a Basilea porque es víctima y sabe de nuestro dolor, pero bueno desdichadamente no fue incluida en la terna. Ahora consideramos que lo más razonable sería elegir a Arturo Márquez. Es una persona muy sensible y considerada en su trato con las víctimas. Sería el único con el perfil idóneo; una burla para las familias de desaparecidos que no fuera elegido”, comentó Díaz Genao.

Márquez Murrieta es politólogo por la Universidad Autónoma de México (UNAM). En 2012 fue director de enlace y control de la Fiscalía Especializada de Delitos de Libertad de Expresión (Feadle), un año más tarde, en 2013 fungió como consultor del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM).

Fue enlace para Veracruz del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en la Secretaría de Gobernación. Entre sus aportaciones profesionales, impulsó la legislación federal y estatal en el sistema penal acusatorio – adversarial, en Trata de Personas, Libertad de Expresión y protección de defensores y periodistas, perspectiva de género y protección de mujeres periodistas.

Participó en la elaboración y aprobación de la reforma constitucional para permitir la facultad de atracción de la Federación en delitos relacionados contra la Libertad de Expresión, así como de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y periodistas, su Reglamento y protocolos.

Lorena del Carmen Mendoza Sánchez

Su mayor cargo lo obtuvo en el sexenio de Javier Duarte de Ochoa, en la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) donde fungió como visitadora auxiliar de la Orientación y Quejas y posteriormente asumió la titularidad en la Dirección de Atención a Mujeres, Grupos Vulnerables y Víctimas.

Es egresada en derecho por la Universidad Cristóbal Colón. Cuenta en su experiencia profesional con un taller sobre víctimas de trata de personas, impartido por la Fiscalía para los delitos de violencia contra las mujeres y trata de personas (Fevimtra); y Explotación sexual, tomado en el Instituto costarricense para la acción, educación e investigación de la masculinidad, pareja y sexualidad.

Sobre su último puesto relacionado con la Atención a Mujeres Grupos Vulnerables y Víctimas, no es bien recordado por agraviados. Carolina Ramírez Suárez, integrante de la asociación civil Aura expresó: Su actuación quedó a deber: hoy tenemos una Alerta de Violencia de Género en Veracruz y esto se pudo evitar si ella y su grupo hubieran emitido quejas de agresiones contra la mujer”.

Fue cesada en febrero de 2016. Víctimas por desapariciones forzada, acusaron que, en su estancia en la CEDH, bajo las órdenes de Fernando Perera Escamilla, archivó al menos 300 casos que no culminaron en recomendaciones hacia funcionarios del estado. 

“Las familias ponían quejas y enseguida las marcaban como gestión y las mandaban al archivo”, comentó a este medio un exempleado de la CEDH.

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