Xalapa, Ver. – Para Antonio Gómez Pelegrín, convertirse en secretario de Finanzas de Veracruz sería la cúspide de una carrera de 44 años. “Un gran reto”, llamó a la encomienda del entonces gobernador Javier Duarte. Hoy enfrenta cargos por desvío de recursos y su antecesor, Mauricio Audirac Murillo, está preso en el penal de Pacho Viejo.

En 1998 asumió el cargo como director general administrativo de la Secretaria de Educación y Cultura, durante el sexenio de Miguel Alemán Velasco. Posteriormente, en la administración de Fidel Herrera Beltrán, estuvo al mando de la Dirección Administrativa del DIF de Veracruz.

No obstante, la prueba que coronaría su carrera iniciada en 1970 llegó el 17 de marzo de 2015, cuando el entonces gobernador Javier Duarte (hoy preso en Guatemala por delincuencia organizada y lavado de dinero), lo nombró secretario de Finanzas; el sexto en cinco años de su gobierno.

Al año de actividades, Gómez Pelegrín ofreció una entrevista a un medio de comunicación nacional donde confesó que desde 2010 el gobierno de Veracruz comenzó a gastar más de lo que recibía en aportaciones y gestó una deuda de 87 mil millones de pesos.

“Esta situación yo se la comenté al gobernador (Javier Duarte), le dije que no podíamos seguir tomando recursos federales para financiar el gasto corriente. Él contestó que no habría problema, que él buscaría recursos adicionales en México para solucionar el problema”, refirió Gómez Pelegrín.

En la relatoría también señaló que, como sus antecesores, usó “la famosa licuadora”, es decir, desvió recursos federales destinados a programas sociales. Según el exfuncionario dichas aportaciones se usaron para el pago de salarios y otras transacciones que aseguró desconocer.

“Se iba moviendo (el dinero) y finalmente se perdía el origen del recurso. Se metía todo en una gran bolsa y se pagaban muchas cosas sin saber el destino”. Ante estas aseveraciones, se le cuestionó por qué no renunció en el año que estuvo a cargo de la secretaría de Finanzas (17 de marzo de 2015 - 14 de noviembre de 2016).

“Sí lo pensé, pero a era un gran reto reordenar las cosas en Veracruz, no pude hacerlo, no tuve el tiempo”, se limitó a decir.  

Pese al deslinde de culpas, Gómez Pelegrín reiteró en entrevistas con medios veracruzanos que en su administración la “licuadora” siguió funcionando, conductas que hoy tiene preso a su antecesor Mauricio Martín Audirac Murillo por tráfico de influencias, abuso de autoridad, incumplimiento de un deber legal y desvío de recursos.

Gómez Pelegrín, también elaboró el programa de rescate financiero por 11 mil millones de pesos, a petición del gobernador interino de Javier Duarte, Flavino Ríos Alvarado, otro vinculado a proceso por abuso de autoridad, tráfico de influencias y encubrimiento por favorecimiento. Dicho rescate representaba el diez por ciento del presupuesto total de un año para el estado de Veracruz.

Denuncias contra Pelegrín, Fiscalía de Veracruz y PGR

Ya en el ocaso del sexenio de Javier Duarte, la irritación de contratistas, maestros, pensionistas y alcaldes de Veracruz se desbordó en protestas. El 29 de octubre de 2016, presidentes municipales tomaron el Palacio de Gobierno por un adeudo estimado en los 6 mil millones de pesos de aportaciones federales. 

Tras estos hechos, ya con Javier Duarte prófugo de la justicia, los ediles denunciaron ante la Procuraduría General de la República (PGR) a Antonio Gómez Pelegrín por un presunto desvío de recursos por 200 millones de pesos.

Durante una rueda de prensa ofrecida en Xalapa, Veracruz, Jorge Flores Lara, secretario general del PRD, explicó que fueron cinco denuncias ante la PGR interpuestas a título personal por los alcaldes de Xico, Coatzintla, Papantla, Zacualpan, Tihuatlán, Apazapan y San Rafael.

La anterior, no sería la primera denuncia en contra de Antonio Gómez Pelegrín, pues el 01 de septiembre de 2016, la Coalición de Pensionistas Independientes (Copipev) denunció a 13 integrantes del consejo directivo del Instituto de Pensiones del Estado (IPE).

Los agraviados expusieron ante la Fiscalía General del Estado (FGE) el presunto saqueo de la Reserva Técnica; dinero que por ley sólo puede usarse para inversiones que reditúen y beneficien a los derechohabientes. El desfalco según Adriana Chávez Tejeda, dirigente de la coalición, está valuado en los 11 mil millones de pesos.

Pelegrín toma precauciones

Tras una revisión en los expedientes judiciales del Consejo de la Judicatura Federal, se comprobó que Antonio Gómez Pelegrín solicitó ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México la suspensión de los actos reclamados como “orden de aprehensión y/o localización y/o detención y/o presentación y/o citación y su ejecución”.

El pasado seis de junio de 2017 dicho juzgado se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo promovida por Antonio Gómez Pelegrín, “contra actos del Fiscal General del Estado de Veracruz y otras autoridades”.

Cabe mencionar que, en la suspensión definitiva, le fue concedido la suspensión de un acto reclamado, “señalado en el considerando cuarto y por las razones que ahí se precisan” (sic). Sin embargo, dichos cargos no se pueden confirmar hasta el momento. Lo cierto, es que el secretario de Finanzas que quiso encumbrar su carrera administrativa, hoy toma sus precauciones ante posibles órdenes de aprehensión en su contra.  

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