Xalapa, Ver.- La legislación veracruzana en materia de derechos de la salud para las mujeres tiene un rezago de por lo menos 20 años y la política pública tiene problemas estructurales por el desvío de recursos en esa materia en los últimos sexenios, alertó la directora del Centro "Las Libres", Verónica Cruz.

A esto, dijo que se suma el retraso en la implementación de políticas públicas para garantizar los derechos de las mujeres y el desvío de recursos que estaban dirigidos para este sector en materia de salud.

"Veracruz es un ejemplo de cómo los recursos públicos en los últimos sexenios se han utilizado para lo que no son, para no garantizar el acceso a los derechos de todas las personas, mucho peor para las mujeres ha sido el retraso. La corrupción tiene todo que ver, ahí están las consecuencias estructurales de que no se resuelvan los problemas sociales porque los dineros se fueron a la bolsa de los gobernantes".

Entrevistada en la Jornada por el derecho de las mujeres a la salud, precisó que a pesar de que las leyes existen para garantizar el acceso a la salud y las causales para acceder a un aborto, en el estado no se respetan y se criminaliza a las mujeres.

"Lo que hace falta es que los gobernantes hagan su trabajo de que las mujeres tengamos acceso real a nuestros derechos en la vida cotidiana. Nadie les está pidiendo nada extraordinario, sino que solamente cumplan con los tratados internacionales y la propia legislación".

Previo a la presentación del libro "Las falacias del aborto en México", aseguró que el año pasado se reformó la legislación federal sobre la norma 046 a fin de que las mujeres víctimas de violación puedan acceder a un aborto, sin necesidad de una denuncia penal previa, pero actualmente está ley no se cumple.

"A los Gobiernos no les interesa que las mujeres conozcan estos temas, pero quien tiene el poder y el dinero público tiene la obligación de garantizar el derecho y no hace su trabajo como debería".

Abundó que las consecuencias de la no aplicación de esta norma generan graves problemas para la vida de quienes se ven obligadas a tener un hijo producto de una violación, especialmente en el caso de violaciones de menores de edad.

"Es una brutalidad que parezca normal que las niñas estén embarazadas porque no lo están oportunidad decisión; en el caso de las niñas violadas es sí o sí un aborto, nadie tendría por qué estar pensando si esa niña está o no capacitada biológica y emocionalmente para ser madre, es (necesario el) aborto".

La activista aseguró que desde la sociedad civil se pueden lograr amparos, individuales y colectivos, e incluso llevar algún caso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a fin de que se pronuncie para exigir a los estados que cumplan con la ley.

"El Gobierno no tiene opción, tiene solo seis meses para cumplir con las recomendaciones básicas (de la solicitud de alerta de género por agravio comparado)".

Recordó que estas recomendaciones incluyen la legalización del aborto hasta las 12 semanas de gestación por parte del Poder Legislativo.

El Ejecutivo deberá hacer política pública en materia de salud para el acceso real al aborto legal y el Poder Judicial entregar un diagnóstico de la criminalización de las mujeres en Veracruz.

Aseguró que los únicos beneficiados con la vulneración de los derechos de salud y reproductivos de las mujeres son los Gobiernos que no quieren ser obligados a hacer su trabajo y se convierten en "sistemas antiderechos", así como los grupos conservadores y la Iglesia Católica.

"Mientras las cosas sigan igual salen beneficiados porque no están obligados a pensar mucho más allá en los derechos de las mujeres, a dar el servicio de acceso al aborto legal y gratuito. La Iglesia es la que más gana porque no hace nada".

Avc

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