Xalapa, Ver. - Será en junio y bajo la supervisión de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) cuando la Fiscalía de Veracruz retome trabajos forenses en el rancho La Gallera, que habría sido empleado como cementerio clandestino en el municipio de Tihuitlán.

Este 8 de abril se fijó el compromiso en una reunión entre el colectivo Familiares en Búsqueda María Herrera Poza Rica y Luis Eduardo Coronel Gamboa, fiscal Especializado en Atención por Denuncias de Personas Desaparecidas.

El día 26 de abril de 2017, La Silla Rota y E Consulta Veracruz publicaron el reportaje El campo de exterminio que el gobierno de Veracruz ocultó, en el que se evidenció la existencia de ese predio clandestino, donde fueron exhumados seis cuerpos el 30 de enero de 2017 por autoridades estatales y más tarde, el 01 de marzo, prendas de vestir, un horno repleto de cenizas y 22 fosas con al menos 100 restos óseos carbonizados, producto del trabajo familiares de desaparecidos.

Oscar Espino Vázquez, asesor jurídico de la agrupación María Herrera, refirió que el propio Coronel Gamboa se dispensó con las madres pues dijo ‘que el Fiscal Jorge Winckler se había resbalado en una entrevista banquetera al negar los descubrimientos civiles en el rancho La Gallera’, restos que aseguró son resguardados por la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Tras la difusión del caso en los medios de comunicación, Winckler Ortiz desestimó lo aportado por los activistas y aseguró en una carta enviada a un noticiero de proyección nacional que no había más restos que los seis cadáveres; cinco hombres y una mujer repartidos en tres cavidades.

De acuerdo con referencias de los familiares de Poza Rica, Juan López Villanueva, Director de promoción y vinculación del Programa de Atención a Víctimas de la CNDH - quien también estuvo presente en la reunión-, reprobó el actuar de la FGE y dijo que “era importante saber qué pasó y quién es el responsable de la omisión o negligencia en el rancho La Gallera”.

Ante lo referido, Coronel Gamboa aseguró que los trabajos forenses serán retomados en junio próximo -a petición de los familiares- y confirmó la asistencia de la CNDH, la Brigada Nacional de Búsqueda de Desaparecidos, la Escuela Nacional de Antropología y medios de comunicación.

Cabe mencionar que, durante la reunión, los fiscales regionales de Poza Rica presentaron lo que sería un informe detallado de los descubrimientos realizados por la autoridad estatal y el sector civil, sin embargo, solo mostraron fotografías y evidencias de las diligencias llevadas a cabo el 30 de enero de 2017.

“Nosotros nos levantamos de nuestros asientos, molestos, pues no es posible que aún no tengan nada registrado de lo que nuestro equipo encontró. Evidentemente exigimos terminen ese inventario de restos y que nos lo hagan llegar al colectivo, como fue el acuerdo desde el 01 de marzo (hace 70 días)”, detalló Oscar Espino.

En tanto, las autoridades estatales afinan detalles para que se reinicie la búsqueda en el presunto campo de exterminio, el día de ayer 47 familias acudieron a la Casa de Cultura de Poza Rica para someterse a muestras de ADN, mismas que exigieron sean confrontadas con los restos hallados en La Gallera y con los cadáveres no identificados resguardados en los Servicios Médicos Forenses de esa región.

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