Veracruz, Ver.- Veracruz de 2010 a 2016 se convirtió en el estado más letal para el ejercicio del periodismo no sólo en México sino en el Hemisferio.

Javier Duarte de Ochoa, gobernó exactamente el periodo en el que los crímenes contra periodistas se incrementaron de forma alarmante en la entidad veracruzana; por lo que deberá ser investigado.

Carlos Lauría, coordinador para América del Comité para la Protección de Periodistas (CPJ, por sus siglas en inglés), explicó que debe investigarse no sólo la responsabilidad del ex gobernador hoy detenido en Guatemala por desvío de recursos, sino también las acusaciones que hicieron varios funcionarios de su gobierno en contra de periodistas asesinados.

“Debe investigarse la responsabilidad del exgobernador en casos de agresiones y asesinatos sino en estas acusaciones infundadas lanzadas en su gobierno que propiciaron clima donde atacar periodistas fue posible. Debe investigarse hasta las últimas consecuencias y es responsabilidad de la federación”, comentó.

El coordinador para América del CPJ aseguró que tanto Duarte de Ochoa como otros funcionarios de su administración, como autoridades, hicieron acusaciones contra periodistas asesinados sin presentar evidencia.

“Señalando incluso vínculos entre periodistas y grupos del crimen organizado (...) estos señalamientos propiciaron un clima en el que atacar periodistas se hizo posible”, aseguró.

Aseguró que siendo Veracruz una de las entidades que mayores problemas ha tenido con el asesinato a periodistas, en el marco del Día Internacional de la Libertad de Prensa, se debió tener algún tipo de pronunciamiento del gobernador, Miguel ángel Yunes Linares.

A pesar de que el CPJ solicitó una cita con el mandatario estatal desde hace varias semanas para hablar sobre este tema, no hubo respuesta hasta horas antes de que llegaran al puerto de Veracruz.

“Nos parecía importante dialogar con autoridades de gobierno y de justicia para expresar nuestra preocupación, sobre todo teniendo en cuenta registró tan opaco y oscuro del gobierno anterior que garantizó la impunidad y además, en ocasiones de ataques y asesinatos contra reporteros”, comentó.

La reunión solicitada por el Comité internacional al gobernador de Veracruz no se logró agendar.

“Hicimos pedidos a través de canales habituales, comunicación social, secretaría privada, al fiscal directamente a través de su teléfono particular y sus asesores”, dijo Lauría.

La CPJ exige que se haga justicia, que se abran expedientes que se tengan que abrir, que se investigue de forma transparente y oportuna.

Jan Albert Hootsen, corresponsal del Programa las Américas del CPJ aseguró que en la revisión de los documentos que hay disponibles sobre las investigaciones en los asesinatos de Gregorio Jiménez de la Cruz, como de Moisés Sánchez Cerezo, revelan que no ha habido un esclarecimiento del caso y varias irregularidades.

“Con Moisés desde el principio fue descalificación hacia su persona porque se refirió como taxista y activista nada más (...) con Gregorio las autoridades no quieran reconocer asesinato como atentado libertad de expresión sino como conflicto privado”, explicó.

Señaló que ambos casos implican fallos en las investigaciones.

En el caso de Sánchez Cerezo solo hay un detenido y los demás sospechosos de su asesinato no han sido identificados. En el de Jiménez de la Cruz, las personas identificadas como autores están tras las rejas sin condena.

El Comité para la Protección a los Periodistas exige al gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, abrir los expedientes de las investigaciones de todos los reporteros asesinados en Veracruz, tal como lo prometió en campaña.

Diecisiete de los comunicadores fueron ultimados durante el gobierno de Duarte de Ochoa.

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