Xalapa, Ver. – En 100 días como gobernador de Veracruz, Miguel Ángel Yunes Linares ha asumido un papel de portavoz en problemas coyunturales para la entidad; suplantando con ello funciones de secretarios de su gabinete y del propio Fiscal General, quien representa la autonomía del organismo encargado de brindar justicia en el estado.

Para Leopoldo Alafita Méndez, investigador por el Instituto de Investigaciones Histórico Sociales por la Universidad Veracruzana (UV), “hay acciones en la presente administración que surgen de un poder centralizado y reflejan una imagen de autoritarismo. Esto va en contra del éxito de un gobierno que busca ser distinto”.

Alafita Méndez agregó en entrevista para E- Consulta Veracruz que el ejecutivo estatal tampoco se ha apoyado de las asociaciones civiles, no obstante que ellos mismos denunciaron problemas ambientales, de violaciones a los derechos humanos, salud, educación y financieros ocurridos durante los sexenios pasados.

“El gobierno no debe ser ciego y debe mirar la participación ciudadana. A quien no se le permite ser parte de la solución de un problema y se le hace a un lado, tendrá la visión que las cosas siguen como antes”, explicó el doctor en Historia por la Universidad del País Vasco.

A continuación, se enuncian una serie de acontecimientos donde las voces de algunos funcionarios han sido omitidas o han pasado a segundo término: Clementina Guerrero García, secretaria de Finanzas y Planeación; Arturo Irán Suárez, secretario de Salud; Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad Pública; y Jorge Winckler Ortiz, Fiscal de Veracruz, son algunos de ellos.

Presuntos medicamentos clonados y pruebas de VIH Falsas, en voz de Yunes

El pasado 17 de enero de 2017, Miguel Ángel Yunes Linares puso al descubierto la presunta existencia de 70 mil pruebas de VIH-SIDA apócrifas, así como el hallazgo de toneladas de medicamentos clonados, que habrían sido administrados en pacientes con cáncer de Veracruz.

El gobernador aseguró que el actual secretario de Salud, Arturo Irán Suárez Villa denunció los hechos ante la Fiscalía General del Estado (FGE). Sin embargo, el funcionario no ha emitido su postura sobre esta problemática hasta la fecha.

Patricia Ponce Jiménez, a nombre del Grupo Multisectorial, activistas y miembros de la comunidad LGTB, exigió una versión del titular de la Secretaría de Salud. “¿Dónde está?, no la veo posicionado en ninguna parte, no veo que tome medidas eficaces ante esta alerta sanitaria”, recriminó la activista a Suárez Villa.

Ponce Jiménez, también académica de la Universidad Veracruzana (UV) explicó que, desde hace 14 años, el Grupo Multisectorial vela por los derechos humanos de casi 9 mil portadores de VIH, que son atendidos en cinco Centros Ambulatorios para la Prevención y Atención del sida y otras infecciones de transmisión sexual (CAPASITS), a lo largo del estado de Veracruz.  Dicha colaboración tampoco ha sido refrendada por este gobierno.

Declaraciones sobre homicidios y desapariciones, tema del gobernador

En diversos acontecimientos relacionados con la inseguridad, Miguel Ángel Yunes Linares ha sido el único facultado para ofrecer declaraciones. Eventos coyunturales en los que ha suplantado funciones de Jaime Téllez Marié, secretario de Seguridad Pública; y de Jorge Winckler Ortiz, Fiscal de Veracruz.

El pasado tres de enero de 2017 se reportó la desaparición de tres elementos de inteligencia de la Secretaría de Marina en la zona Buenavista, en el Puerto de Veracruz. La versión oficial fue emitida únicamente por el ejecutivo estatal, quien dijo que su equipo trabajaba por cielo, mar y tierra.

El tema de la desaparición no ha sido retomado por los funcionarios encargados de la seguridad en Veracruz.

Ante lo expuesto, Leopoldo Alafita Méndez, opinó: “se está cuidando el manejo de la información, nos están aplicando un esquema priista donde solamente un representante es el que tiene el derecho a la voz. A lo mejor hay unas acciones que deben pasar por el ejecutivo porque acusan derogaciones, pero hay otras que no es necesario”.

Otro evento sucedió el 28 de febrero de 2017, con el abandono de 11 cuerpos en un predio ubicado en el Fraccionamiento La Tampiquera de la ciudad de Boca del Río, en la zona conurbada con el Puerto de Veracruz.

Sobre esos hechos fue cuestionado el Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz el tres de marzo del año corriente, sin que emitiera una frase al respecto. "No tengo comentario al respecto", dijo. 

Fue nuevamente el gobernador quien días después lamentó los hechos y señaló que el 70 por ciento de los homicidios en Veracruz fueron ejecuciones. Por lo que el crimen de los 11 cadáveres lo relacionó con la delincuencia organizada.

Posterior al mismo evento, de acuerdo con expertos penalistas, Yunes Linares suplantó diligencias exclusivas de la FGE al exhibir en rueda de prensa las fotografías de los tatuajes de uno de los cuerpos abandonados. De la víctima, dijo el mandatario, “por la manera en que fue asesinado, se presume que podría ser la persona más importante con relación a este hecho delictivo”

Alafita Méndez abundó diciendo que se debe informar el origen real de la inseguridad en Veracruz. “Ahí no hemos avanzado, ni siquiera en dar explicaciones de que son disputas entre bandas del crimen organizado, el gobernador no reconoce que hay agresiones al sector civil, que no tiene que ver con el narcotráfico”.

Colectivos de desaparecidos, “ignorados” en gobierno yunista

A pesar que 13 colectivos de familias de desaparecidos fueron reconocidos con la Medalla Adolfo Ruiz Cortines, otorgada año con año por el Congreso del Estado a quienes sobresalen por su labor a favor de una mejor sociedad, los propios integrantes expresaron que más que premiaciones necesitarían trabajar en labores de búsqueda de fosas clandestinas con el apoyo del estado.

Sin embargo, tras declaraciones de los líderes de dichas agrupaciones, a la fecha con sus labores rastreadores en campos marcados como cementerios clandestinos continúan practicándose con medios y herramientas propios.

“Las madres de las víctimas que están cavando fosas, están buscando denunciar, están haciendo una acción que debería de ser una acción gubernamental. El gobierno no debe ser ciego y debe mirar a la participación ciudadana para poder tener acciones de prevención”.

“Hay ciudadanos que estamos dispuestos a encausar acciones de gobierno para hacer una mejor protección de las víctimas, hacer acciones preventivas y con ello que el gobierno tenga mejores resultados”, expresó el investigador.

Temas financieros y de deuda, asuntos exclusivos del gobernador

Miguel Ángel Yunes Linares, solicitó dos créditos bancarios por la cantidad de 4 mil 400 millones de pesos entre el 16 y el 29 de diciembre de 2016, según los registros oficiales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Yunes Linares se comprometió a que los tres créditos que solicitaría para enfrentar una situación de crisis financiera, y que serían pagados antes de terminar su periodo de dos años. También se comprometió a que todo el proceso sería publicado en el portal de transparencia de la Secretaría de Finanzas de su gobierno.

Lo información no ha sido publicada hasta este día, pero, además, Clementina Guerrero, titular de la SEFIPLAN tampoco ha ofrecido declaraciones al respecto.

Alafita Méndez, opinó al respecto, “Si se descentralizara el ejercicio de gobierno se podrían atender simultáneamente muchos problemas. Se está cuidando tanto el manejo de la información, y genera la impresión de que las cosas no están cambiando”, concluyó. 

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