Francisco Nieto

En una escala de cero a uno, México alcanzó un valor de 0.39 en materia de gobierno abierto; 0.50 en transparencia y 0.28 en participación ciudadana, cifras que comprueban que el Estado mexicano y todas sus instituciones –incluidos los estados— son todavía muy distantes de la ciudadanía.

El Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), a petición del Instituto Nacional de Transparencia (INAI), elaboró una radiografía sobre el nivel de gobierno abierto de las instituciones mexicanas, que arrojó “calificaciones bajas que indican el camino que todavía deben recorrer los sujetos obligados y los integrantes del Sistema Nacional de Transparencia (SNT)”, respecto con la cercanía que debería tener con la ciudadanía.

Esta evaluación confirma que de los 908 sujetos obligados existentes en el ámbito federal, estatal y municipal, los sindicatos, los fideicomisos, los partidos políticos y Poder Judicial registran los índices más bajos en materia de gobierno abierto.

En cambio, las dependencias centralizadas y descentralizadas del ejecutivo federal, los organismos autónomos (en particular, los Organismos Públicos Electorales) y las autoridades legislativas son las que presentan los mejores resultados en esta métrica, aunque no debe perderse de vista que todos ellos obtienen una calificación promedio que oscila entre 0.5 y 0.6 puntos en una escala de cero a uno.

Quién es quién en los estados

En todos los casos de esta radiografía, que también abarca a las entidades federativas y a la Federación, hay un patrón claro: “persisten brechas importantes entre los sujetos obligados con la mejor y la peor calificación”.

“En ningún caso puede hablarse de la difusión generalizada de los principios y prácticas de Gobierno Abierto entre todos los sujetos obligados de una determinada jurisdicción”, detalla el estudio.

En ese sentido, los cinco estados con baja calificación en materia de gobierno abierto, son: Querétaro con una puntuación de 0.27; Nayarit con 0.33; Oaxaca con 0.33; Puebla con 0.34 y Tamaulipas con 0.34.

En cambio, las entidades con mejor evaluación son; Ciudad de México con 0.51 de valor; Guanajuato con 0.48; Jalisco con 0.45; Estado de México con 0.44 y Aguascalientes y Zacatecas con 0.43 cada uno.

En esta evaluación, la Federación en su conjunto tuvo una calificación de 0.46 en una escala de cero a uno.

Evaluación al detalle

La métrica empleada también permite conocer quiénes son los entes por estado que tienen las mejores prácticas de gobierno abierto, transparencia y participación ciudadana.

Aquí destacan entes y organismos como la Secretaría de Salud, en Aguascalientes; el municipio de Ensenada en Baja California; la Secretaría de Salud en Baja California Sur; el Congreso local en Campeche; la Secretaría de Seguridad de Chiapas; el Congreso estatal en Chihuahua.

Le sigue la delegación Coyoacán en la Ciudad de México; la Secretaría de Educación en Coahuila; la Secretaría de Seguridad en Colima; el DIF de Durango; la PGR a nivel federal; la Auditoría estatal de Guanajuato; el DIF de Guerrero; el DIF de Hidalgo; el municipio de Zapopan en Jalisco: el Instituto Electoral del Estado de México; el gobernador de Morelos.

Le sigue la alcaldía de La Yesca en Nayarit; la Secretaría de Salud de Nuevo León; la Secretaría de Seguridad de Oaxaca; el municipio de Puebla; el Instituto Electoral de Querétaro; la Secretaría de Hacienda de Quintana Roo; el Congreso estatal de San Luis Potosí.

La Secretaría de Desarrollo Social de Sinaloa; la Secretaría de Desarrollo Social de Sonora; la Universidad Popular de La Chontalpa; la Secretaría de Seguridad de Tamaulipas; el Congreso estatal de Tlaxcala; el municipio de Veracruz; la Secretaría de Hacienda de Yucatán y la Secretaría de Gobierno de Zacatecas.

¿Qué sigue?

Los resultados de la métrica ofrecen evidencia y un diagnóstico preciso de la situación que prevalece en materia de gobierno abierto en el país y este trabajo permitirá delinear acciones que el INAI, los integrantes del SNT y los diversos sujetos obligados pueden desarrollar en materia de transparencia y participación ciudadana, a fin de modificar la relación entre autoridades y ciudadanos.

“Estas acciones deben asegurar el cierre de brechas en aspectos básicos de transparencia y participación que garanticen un ejercicio homogéneo del derecho de acceso a la información y el funcionamiento efectivo de los mecanismos participativos existentes.

El CIDE y el INAI sostienen que implementar un gobierno abierto no es sólo una obligación establecida en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP), sino que también es un reclamo de una sociedad que demanda gobiernos responsables, responsivos y capaces de traducir sus necesidades en soluciones concretas.

Y explican que los resultados de esta métrica ofrecen una radiografía exhaustiva del país y se cuenta con la evidencia para fortalecer los ejercicios locales de gobierno abierto y para implementar políticas robustas, ambiciosas y acordes con las realidades que enfrentan los sujetos obligados de todo el país, en el marco del SNT.

Es decir, estos resultados permitirán a organismos garantes y autoridades de cada entidad federativa implementar acciones para mejorar en las áreas de oportunidad que se hayan identificado.

“En un contexto de creciente desconfianza y de mayores riesgos y amenazas internas – tales como la corrupción, la desigualdad y la inseguridad – gobierno abierto debe ser un medio para lograr los fines que a la población más le importan”, detalla el estudio.

Con información de La Silla Rota

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