Francisco Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- La seguridad nacional de un país no debiera prevalecer sobre la seguridad humana, consideró la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México, quien pidió la intervención de la ONU y de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH) para evitar que los migrantes no sean discriminados en Estados Unidos.

Ante el endurecimiento de las políticas migratorias impuestas por el presidente de EU, Donald Trump, la CNDH mexicana envió cuatro cartas a estos dos organismos internacionales manifestando su preocupación y su intervención para que vigilen, den seguimiento y se pronuncien sobre este tema.

En las misivas, enviadas al presidente del Grupo de Trabajo sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU, Sètondji Roland Adjovi; al presidente del Comité para la Protección de los Derechos Humanos de todos los Trabajadores Migratorios y Miembros de sus Familias de la ONU, José S. Brillantes; al relator Especial de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Migrantes, François Crépeau y al relator de los Derechos Humanos de los Migrantes de la CIDH, Enrique Gil Botero, la CNDH pide que se respete el derecho internacional.

En las cartas, el titular de la CNDH, Luis Raúl González Pérez, explicó que lo inminentes cambios que el gobierno estadounidense anunció en su política migratoria, además de la incidencia que tendrán en la estabilidad social y económica de la región, podrían propiciar la violación de derechos humanos de millones de personas que radican en ese país bajo una condición migratoria irregular.

También estarían expuestas a este maltrato las personas que transitan hacia la región norte del continente americano mediante la frontera entre los Estados Unidos y México, la cual se ha identificado –desde el punto de vista de la CNDH-- como el corredor migratorio más grande del mundo.

González Pérez añadió que este endurecimiento de las políticas migratorias podría implicar medidas que criminalizaran a las personas en situación de migración, contribuyendo con ello a que fuesen víctimas de discriminación, así como a un aumento de la intolerancia, xenofobia, exclusión y violencia en su contra.

Los migrantes también corren el riesgo que su derechos sean violados al momento de que sea evaluada su condición jurídica al determinar si se les permite la entrada o si sin autorizados a permanecer en ese país.

“Por lo anterior, respetuosamente lo exhorto a que, con base en el derecho internacional aplicable, haga un ejercicio amplio y pleno de su mandato, a efecto de vigilar, dar seguimiento y, en su caso, emitir los pronunciamientos y dictar las medidas que correspondan, para proteger los derechos de las personas migrantes en los Estados Unidos de América, en el marco de la actual coyuntura en la que se encuentra esta región”, detallan las cartas.

Frente común

En las cartas, el Ombudsman mexicano hizo un llamado a las personas defensoras de derechos humanos, a las instituciones nacionales e internacionales en esta materia a crear un frente común que evidencia la ilegitimidad de toda conducta que vulnere los derechos humanos de las personas.

“No podemos permitir que la indiferencia haga que asumamos, como parte de nuestra normalidad, acciones que promuevan el menoscabo a los derechos de las personas y atenten contra la dignidad humana”, reitera el Ombudsman mexicano.

Bajo esta lógica, el titular de la CNDH también informó que desde la Federación Iberoamericana del Ombudsman, con sede Lisboa, se enviaron cartas al  Alto Comisionado de las Naciones Unidas Por los Derechos Humanos, Zeid Ra'ad Al Hussein; al Presidente del Comité de la Cruz Roja, Peter Mauer; al Alto Comisionado de las Naciones Unidas Para los refugiados, Filippo Grandi y al Director General de la Organización para la Migración, William Lacy Swing, para que también intervengan en esta situación.

En las cartas, explican que la Federación Iberoamericana de Ombudsman (FIO) - establecida en 1995 - es una red regional de 104 instituciones como Defensores del Pueblo, defensores del pueblo, Comisiones, consejos y otros organismos públicos dedicados a la protección y Promoción de los derechos humanos a nivel nacional, estatal, regional, provincial y local.

Intervienen más de 20 países iberoamericanos, entre ellos Andorra, Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Puerto Rico, España, Uruguay y Venezuela, la mayoría de ellos miembros de la GANHRI (Alianza Global de Instituciones de Derechos Humanos).

“Nos permitimos compartir nuestras preocupaciones sobre la situación de los países iberoamericanos Migrantes en los Estados Unidos de América y confía en que su Agencia pudiera hacer posibles esfuerzos para asegurar el respeto de sus derechos”, detallan las cartas.

 Con información de La Silla Rota http://lasillarota.com/cndh-pide-pronunciamiento-migratorio-de-onu-y-cidh#.WK2wbjvhCM8