Xalapa, Ver. – Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador de Veracruz, expresó a los padres de los cinco jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca que impulsará la denuncia que interpusieron contra de Arturo Bermúdez Zurita y su equipo cercano, por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición forzada.

La tarde de este jueves, las cinco familias se reunieron con el ejecutivo estatal en el aeropuerto de El Lencero, en Xalapa. El encuentro fue organizado por Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Derechos Humanos, de la Secretaría de Gobernación, quien también se apersonó en la plática de carácter privada.

“Dijo que estaba incondicionalmente con nosotros, que nuestro caso lo resintió pues tiene hijos y nietos. Ahora, como en todo, tendremos que esperar los hechos, solo el tiempo nos dirá que lo hablado se ejerció o si solo quedó en puras palabras”, compartió Bernardo Benítez Herrera, uno de los padres afectados.

Los deudos recordaron que, a un año de los hechos, hay 22 detenidos; ocho ex policías estatales, entre ellos el subdelegado Marcos Conde, y 14 civiles vinculados a un grupo de la delincuencia organizada, sin embargo, ninguno ha recibido sentencia.

“Sobre esto que le exigimos nos aclaró que si bien Jorge Winckler Ortiz, -- Fiscal General--, no es su empleado, regularmente mantiene contacto con él por lo que verá que la denuncia no se quede varada como tantas otras en Veracruz”, compartió Bernardo Benítez. 

El pasado 09 de febrero, los padres ampliaron su denuncia comprendida en la carpeta de investigación INV. MIN. FGE/FIM/IM/01E/2016, destacando pruebas ya existentes, las cuales servirían para fincar responsabilidades a los ex servidores de mayor rango en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP); Arturo Bermúdez y Nabor Nava.

Entre las pruebas en contra de Arturo Bermúdez, la parte acusatoria señaló que Marcos Conde, ex subdelegado de la delegación de Tierra Blanca estuvo preso en el año 2012 en el penal de Villa Aldama, tras ser sorprendido en la Ciudad de Medellín, portando un arma calibre 40, pese a que para entonces estaba dado de baja.

Dicho delito es señalado como grave y sin derecho a libertad bajo fianza, de acuerdo con la Ley Federal de Armas. No obstante, sin embargo, por causas desconocidas quedó en libertad y además fue contratado por la SSP, con el aval de Bermúdez Zurita, hoy preso en el penal de Pacho Viejo por agravios como enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, peculado e incumplimiento de un deber.

Además, según versa el documento 0003/ 2016, comprendido en la investigación por este caso, cinco de los ocho policías detenidos, presentaban órdenes de aprehensión en su contra desde el año de 1999, sin embargo, con la autorización de Bermúdez, solo fueron cambiados de área o de región hasta su última parada en Tierra Blanca.

En el caso de Nabor Nava Holguín la parte acusatoria señaló que, para el día de la desaparición de sus hijos, éste fungía como subsecretario de operaciones, al mando de 22 delegados regionales en el Estado, entre ellos Marcos Conde quien fue señalado por civiles como aliado de un grupo de la delincuencia organizada.

El 11 de enero del 2016, los jóvenes Bernardo Benítez Arroniz, de 25 años, Susana Tapia Garibo, 16 años, Mario Arturo Orozco Sánchez, 27 años, Alfredo González Díaz, 25 años; José Benítez de la O, 24 años fueron interceptados por elementos de la SSP, a la altura de Tierra Blanca, cuando viajaban del puerto de Veracruz hacia Playa Vicente.

Con apoyo de cámaras de seguridad de los locales establecidos cerca del lugar de donde fueron interceptados, las familias demostraron que sus plagiarios eran policías de Seguridad Pública.

Tiempo después los restos de uno de ellos fue localizado en el rancho el Limón, cerca de la autopista a Las Tinajas. En el lugar, fueron localizados varios restos humanos más.

“Lamento el desplante de Jorge Winckler a los colectivos de desaparecidos”

El día de hoy, el Fiscal de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz se retrasó más de dos horas a una reunión que tenía agendada con los 13 colectivos de desaparecidos, en la cual estuvo presente Roberto Campa. Ante los hechos Bernardo Benítez externó su solidaridad con ellos.

Ante la demora, las madres y padres optaron por entrar por la fuerza a la sala de espera y calificaron el trato como un hecho inhumano y revictimizante.

“En escuchar a las personas no se pierde nada y en lo posible resolver lo más que se pueda. Ante todo, se debe cumplir la palabra. Me da pena, qué más quisiera que todos fuéramos atendidos de la misma forma. Mi solidaridad para todos los colectivos”, expresó en entrevista.  

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