Francisco Nieto

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- En el sexenio del ex presidente Felipe Calderón, cuando las Fuerzas Armadas comenzaron a salir a las calles para hacer tareas de seguridad pública, la “violencia sexual”, las “quemaduras” y las “lesiones penetrantes” crecieron casi un 70 por ciento, reveló un estudio del Programa Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE).

En el marco de la discusión de una nueva Ley de Seguridad Interior que se discute en el Congreso mexicano, a fin de darle a las Fuerzas Armadas un marco jurídico que justifique las tareas de seguridad pública que vienen realizando desde hace una década, el estudio cuestiona la constitucionalidad de dicha propuesta y enfatiza sobre el aumento considerable en las violaciones graves a los derechos humanos.

El estudio titulado “La Ley de Seguridad Interior desde la perspectiva de los derechos humanos, elaborado por el académico Alejandro Madrazo Lajous, afirma que hay razones para alertar sobre los distintos tipos de agresiones contra sentenciados en prisiones federales, detenidos por las fuerzas federales.

De esta forma, el trabajo académico del CIDE detectó 13 tipos de agresiones que crecieron en la pasada administración federal. Las más alarmantes, son: la asfixia, toques eléctricos, quemaduras, lesiones penetrantes y la violencia sexual.

Las quejas de golpes, patadas, puñetazos, cachetadas, vendar los ojos y la inmersión en el agua también fueron comunes y práctica se incrementó en la pasada administración federal.

El estudio también revela que los detenidos por militares las amenazas con levantarles cargos falsos pasaron de 2.75 por ciento a un 21.49 por ciento en el sexenio calderonista.

La práctica de obligar a denunciar a alguien más pasó de 4.27 por ciento al 18.48 por ciento; pedir dinero al detenido federal se ubicó del 2.65 por ciento a 14.19 por ciento y los toques eléctricos de 2.42 por ciento a 30.30 por ciento.

Mala política pública

El estudio también se pregunta si ha sido buena política pública usar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública y si es constitucional una ley de Seguridad Interior para regular esta actividad.

En el primer caso, la base de datos y las propias investigaciones del CIDE sostienen que la violencia en los lugares donde llegan las Fuerza Armadas, la violencia crece, es decir, no se apacigua.

En el caso de la legalidad del proyecto legislativo que analiza en el Congreso y que podría ser aprobado en comisiones en lo que resta de febrero que constitucionalmente sólo se puede utilizar a las fuerzas federales, es decir, la Policía Federal.

El documento explica que el artículo 21 constitucional detalla que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil, incluso señala que la seguridad pública es una función a cargo de la Federación, las entidades federativas y los Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que esta Constitución señala.

En ese sentido, sostiene que las iniciativas que están discutiéndose son peligrosas y laxas, y contiene controles institucionales simulados como el ejemplo de que la información que se genere con motivo de la aplicación de la presente ley, será considerada de Seguridad Nacional.

Además de laxas, se asegura que la experiencia enseña que las fuerzas armadas maximiza la violencia y que hay aumento considerable en las violaciones graves de derechos humanos.

Con información de La Silla Rota http://lasillarota.com/con-militares-en-las-calles-crece-violencia-sexual-contra-detenidos-cide#.WJ3Y-zvhCM8