Xalapa Ver. – Tres funcionarios del gobierno duartista han sido llamados ante un juez por acusaciones de malos manejos de recursos públicos, pero sólo uno se encuentra en prisión preventiva.

El primero, Arturo Bermúdez Zurita -titular de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Javier Duarte- señalado por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos, como autor material de un contrato por 91 millones de pesos, en el que habría beneficiado a sus familiares: tráfico de influencias, señaló la parte acusadora.

Gabriel Deantes Ramos fue imputado por el mismo departamento de la Fiscalía General del Estado (FGE) por presunto enriquecimiento ilícito, por 50 millones 38 mil 440 pesos, obtenidos entre los años 2011 y 2016, mientras éste se desempeñaba como oficial mayor de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y posteriormente como subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFILPAN).

Y Leonel Bustos Solís, ex director del Régimen Estatal de Protección Social en Veracruz, quien fue acusado de un desvío de 2 mil 300 millones de pesos que estaban destinados para los programas del Seguro Popular y Oportunidades, en el año de 2014.

De los tres, sólo Bustos Solís, quien también fungió como funcionario durante la administración de Fidel Herrera Beltrán, se encuentra tras las rejas.

“Soy el primer sacrificado en el yunismo”, fustigó el acusado cuando la juez Verónica Portilla Suazo le notificó que permanecería arraigado seis meses en el penal de Pacho Viejo Veracruz, como parte de una medida cautelar.

El día viernes 20 de enero, cabizbajo, con los nervios transpirados en su camisa color salmón, Leonel Bustos abandonó la sala de audiencias del Poder Judicial; del mismo edificio que salieron librados Arturo Bermúdez y Gabriel Deantes Ramos.

El pasado 11 de noviembre de 2016, Arturo Bermúdez recibió como medidas cautelares la garantía económica de 1 millón de pesos y la prohibición de salir del país. La juez, Estrella Iglesias Gutiérrez, expuso que la muestra de su buena voluntad estaba en haber asistido a la audiencia; por ello libró la prisión preventiva.

Una semana después, el 17 de noviembre de 2016, a Deantes le fueron embargadas cuatro propiedades, de las ocho que dictó en su declaración patrimonial; además de pagar un millón de pesos como garantía económica; la prohibición de salir del país; y a diferencia de Leonel Bustos, Deantes firma desde entonces una asistencia en el penal de Pacho Viejo, cada 15 días, vestido de civil. Fue la conclusión del juez, Marco Antonio Domínguez Lobato.

En la misma locación fueron juzgados los tres “duartistas”; todos millonarios; la misma Fiscalía fungió como parte acusadora, a reserva de que los casos de Bermúdez y Deantes, fueron desahogados en el periodo de Luis Ángel Bravo Contreras, fiscal cercano a Duarte de Ochoa.

En tanto, a la audiencia de Bustos Solís se apersonó Jorge Winckler Ortiz, quien es ahora fiscal de Veracruz. “Es de pensar que esté recibiendo órdenes de niveles superiores para mediar este caso”, recriminaron los abogados del ex director del Seguro Popular a Winckler Ortiz, quien ha declarado sentirse orgulloso de su amistad con el Gobernador, Miguel Ángel Yunes Linares.

A continuación, E-Consulta Veracruz presenta un análisis de los casos expuestos, que, de acuerdo con expertos en la materia, unos se vieron más beneficiados que otros al momento de la presentación de evidencias y en el dictamen del juez de control.

La Ley que juzga a los duartistas

El abogado Celestino Espinoza Rivera, asesor en el caso de los jóvenes desaparecidos en Tierra Blanca, en el año de 2016, sostuvo que el actuar de la FGE contra Arturo Bermúdez y Gabriel Deantes “son simples simulaciones de trabajo”.

Explicó que, según el código penal, por el delito de tráfico de influencias, que se le imputa a Bermúdez Zurita, la sanción va de uno a cuatro años de prisión, en tanto que, por abuso de autoridad, la pena es de dos a ocho años. Agravios que pueden ser esquivados con pago de garantías económicas.

El entrevistado, aseguró que, Bermúdez al igual que Leonel Bustos Solís, pudo haber sido señalado por la Fiscalía de Luis Ángel Bravo por enriquecimiento ilícito, pues el extitular de la SSP nunca negó ser propietario de cinco propiedades a nombre suyo y de su esposa en el complejo residencial The Woodlands Creekside Park, en Houston, Texas, por un valor de más de 2.4 millones de dólares.

Por el contrario, expresó en su cuenta de Twitter: “todos mis bienes son producto de mi trabajo como funcionario, ingresos fuera del Gobierno y a través de créditos; he actuado conforme a la ley”. 

Por otra parte, según las conclusiones de la juez de control Verónica Portilla Suazo, en el caso Leonel Bustos, el imputado se ostentó con domicilios diversos, que resultaron evidencias contradictorias, por lo que dijo, “existe incertidumbre para este organismo jurisdiccional”.

De acuerdo con pruebas integradas por la Fiscalía, ya con Winckler Ortiz al mando, el exfuncionario posee al menos seis bienes inmuebles repartidos en los municipios de Teocelo, Alto Lucero y Xalapa, siendo en este último municipio dueño de dos lotes con valor cercano al millón de pesos, ubicados en el Fraccionamiento Residencial Monte Magno y uno más en el fraccionamiento Las Ánimas.

Sin embargo, en el caso de Gabriel Deantes, la Fiscalía de Bravo Contreras omitió recalcar que es dueño de tres terrenos en el Paseo de Nezahualcóyotl (lotes 26, 27 y 28) del fraccionamiento Valle Anáhuac, en Las Ánimas (Xalapa); otro en Mixcoac, uno más en Amado Nervo de Ciudad Cuauhtémoc (Pueblo Viejo, veracruz), un departamento en la Torre Marigalante (número 37) en Boca del Río; otro departamento en Periférico Sur unidad Pemex y una casa en la calle Azahar número 33 de la colonia Monte Alegre, en Tampico, Tamaulipas.

“Aun cuando se trata de delitos distintos, en el caso de Bustos Solís no basta con que existan diversos domicilios para suponer se pueda evadir de la acción de la justicia, sino que exista falsedad en el señalamiento del mismo. Además, el juez debió contar con un dictamen de riesgo emitido por la Autoridad de supervisión de medidas cautelares, para contar con un parámetro objetivo sobre el cual valorar ese riesgo, tal como lo señalan los artículos 164, 168 y 176 del CNPP", agregó Espinoza Rivera.

Finalmente, la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y cometidos por Servidores Públicos advirtió que Bustos Solís posee una solvencia económica que ronda en los 20 millones de pesos; lo que podía facilitar que el acusado se fugara de la entidad.

Caso similar al de Deantes Ramos, pues la misma acusó que desde el año 2011 hasta 2016, detectó un enriquecimiento inexplicable por poco más de 50 millones de pesos, dinero repartido en siete cuentas bancarias.

"Ahora bien, en cuanto a que exista el riesgo de evadirse por la solvencia económica, ese riesgo puede ser nulificado con la facultad que cuentan los jueces de control para solicitar la inmovilización de cuentas", abundó el asesor jurídico de las cinco familias de Playa Vicente.

Será a finales de este 2017, cuando se conozca si las responsabilidades serán fincadas a los colaboradores del exmandatario prófugo de la justicia. Mientras tanto, dos funcionarios cumplirán su proceso en la calle; siendo que un tercero lo hará vestido de overol color naranja.

La familia de Bustos Solís teme, pues así lo expuso, sea un “chivo expiatorio” del duartismo, sexenio al que se le atribuye el desfalco más grande en la historia de Veracruz.

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