Xalapa, Veracruz.- El virtual arribo de Jorge Winckler Ortiz a la Fiscalía General del Estado (FGE) es observado por los juristas como un acto de autoritarismo que beneficia el proyecto político del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, pero que no resuelve déficit de legalidad que sufre Veracruz.

Juan José Llanes Gil del Ángel, abogado y socio del corporativo jurídico “Viades, Llanes y Asociados”, S.C., considera que aunque se ha cumplido con el procedimiento legal, se preserva la intención de poner una persona afín al proyecto político de Yunes Linares.

“Qué pena que el mismo defecto que le encontraron a Luis Ángel Bravo Contreras (fiscal de Veracruz durante la administración de Javier Duarte); ahora lo tenga Winckler”, señala el jurista.

En entrevista por separado, Luis Alberto Viades Blanco, abogado y socio del corporativo jurídico “Viades, Llanes y Asociados”, S.C., coincide con su socio Juan José Llanes Gil, pero matiza:

“Cualquiera de nosotros en un cargo así buscaría poner gente de su confianza en los puestos claves, máxime que el proyecto de Yunes Linares no es de dos años, es de ocho años”, expresó.

Dos días previos a que Yunes Linares asumiera la gubernatura de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras renunció a su cargo como Fiscal General del Estado, puesto al que llegó con el respaldo del defenestrado mandatario estatal, Javier Duarte. Su renuncia ocurrió aun cuando le faltaban siete de los nueve años para los que fue electo.

Antes de irse, Bravo Contreras nombró a Jorge Winckler Ortiz –cercano a Yunes Linares- como Visitador General de la Fiscalía, el segundo cargo de mayor relevancia dentro del organismo, y quien estará en funciones hasta el nuevo nombramiento.

El jueves 15 de diciembre, el Congreso de Veracruz emitió una lista con los nombres de 10 candidatos a ocupar la titularidad de la Fiscalía General del Estado.

Un día después, Yunes Linares seleccionó una terna: Gerardo Rafael Ramos Maldonado, abogado, catedrático de la Universidad de Xalapa y abogado del partido Movimiento Ciudadano. Tania Celina Vásquez Muñoz, actual consejera del Organismo Público Local Electoral, ha ocupado diversos cargos dentro del Poder Judicial. Y Jorge Winckler Ortiz.

Esta semana, el Congreso de Veracruz iniciara una serie de entrevistas con los integrantes de la terna. Y antes del 28 de diciembre habrá nombrar al nuevo Fiscal General del Estado (FGE), quien estará en el cargo por nueve años.

“Nombramiento del fiscal, es guión ya hecho”: Abogado

Para Juan José Llanes Gil del Ángel, quien defendió a los pensionados de Veracruz del retraso en los pagos de pensiones durante el gobierno de Javier Duarte, es una farsa, “un guión ya hecho”, el proceso de selección del nuevo fiscal.

De los tres integrantes de la terna, ve a Winckler con posibilidades de llegar al cargo,  “los otros dos son de paja”.

Winckler Ortiz, es un abogado ligado a Miguel Ángel Yunes Linares. Durante la campaña la gubernatura, lo acompañó a interponer denuncias en contra de Javier Duarte y sus colaboradores por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos públicos.

Un día, durante uno de los mítines de Yunes Linares, Jorge Winkler se arrodilló frente a él para tomar una foto mientras hablaba a la multitud. La imagen del abogado de rodillas frente al gobernador en funciones, es a la que se refiere Gil del Ángel párrafos arriba.

“En este tópico, Miguel Ángel Yunes actúa idéntico a Javier Duarte. La autonomía de la fiscalía es algo que no les gusta, lo que ellos quieren (antes Duarte, ahora Yunes) es tener subordinado  al ministerio público y la procuración de la justicia”, planteó el abogado.

Juan José Llanes  argumenta que el propósito de otorgar autonomía financiera a la Fiscalía General del Estado  no es un invento de la pasada administración sino parte de una tendencia mundial por lograr mejores estándares en la impartición de justicia.

En Veracruz, donde uno de los mayores rezagos de la administración de Javier Duarte, son precisamente en el ámbito de justicia, el socio del corporativo jurídico “Viades, Llanes y Asociados”, S.C, considera que el nombramiento de un fiscal a modo es inamisible.

“No porque sea la dupla Winckler-Yunes se tiene que aceptar en lugar de la dupla Bravo-Duarte”, advierte el abogado. Y lamenta que por privilegiar a Winckler Ortiz se hagan a un lado personas con mayor capacidad.

Como ejemplo menciona el caso de Guillermo Héctor Beck Chiquini, quien integraba el listado de los diez candidatos a la Fiscalía. Y que ni siquiera fue incluido en la terna.

“Abogado veterano que tiene muchísimos años dentro del ejercicio de su profesión, fue subprocurador de justicia, no ha estado identificado con los regímenes, fue parte de la procuración de justicia en tiempos de Patricio Chirinos, y no tiene sesgos políticos y es una persona que conoce cabalmente el tema, es irreprochable, y ni siquiera lo mandaron a la terna”.

Excluirlo de la terna fue una maniobra para  “no meterle ruido” a Winckler, dijo el abogado quien considera que lo que se pretende es “que la Fiscalía le caiga a Winckler por gravedad”.

Fiscalía General de Veracruz, pieza clave

Luis Alberto Viades Blanco, abogado y socio del corporativo jurídico “Viades, Llanes y Asociados”, S.C., describió a la Fiscalía General del Estado como una pieza clave para el proyecto político de Yunes Linares.

“La ficha clave del gobernador es la Fiscalía General del Estado, aunado al control que pueda ejercer también en el Congreso del Estado, estas dos posiciones son fundamentales en la administración para asegurar un futuro político”.

Viades Blanco argumenta que durante el periodo de campaña, la principal promesa de Yunes Linares fue hacer justicia, y enviar a la cárcel a los responsables del saqueo en Veracruz. Para ello, necesita a la Fiscalía.

Y del cumplimiento de esa promesa de campaña, en buena medida depende, su proyecto político. El abogado expone que para nadie es un secreto que en el ambiente político se maneja que alguno de sus hijos: Miguel Ángel Yunes Márquez, alcalde de Boca del Río, o Fernando Yunes Márquez, senador, podrían sucederlo.

“La clave para que Yunes pueda en estos dos años hacer algo que le permitan aspirar para los seis que siguen, para él o a quien designe el PAN, es meter en cintura a algunos, y obviamente con el fiscal a su lado”.

“Javier Duarte puso su fiscal, ahora Miguel Ángel Yunes pone el suyo. Y con todo respeto, no podemos fingir demencia, sabíamos que así sería de ante mano”, dijo y matizó:

“Cualquiera de nosotros en un cargo así buscaría poner gente de su confianza en los puestos claves, máxime que el proyecto de Yunes no es de dos años, es de ocho años”, expresó.

El abogado expuso que el mandatario tiene experiencia en materia de información y seguridad, de lo que derivará parte de su probable éxito si pretende “meter orden”.

Rezagado en impartición de justicia, la consecuencia

Entre los riesgo de nombrar a un Fiscal General del Estado afín a Yunes Linares, Llanes Gil del Ángel advierte que Veracruz vive un déficit de legalidad que no se agota con el castigo a los culpables del saqueo –la promesa más reiterada de Yunes-, pues esta es solamente una parte de los problemas que enfrenta la entidad.

“Ahora no son los delitos de duartistas los únicos que se han cometido en el estado, todos los días hay personas agraviadas por delitos y bueno también eso se tiene que investigar”, alertó.

El experto dijo que hay una “infinidad” de carpetas de investigación que se tienen que integrar “para poder administrarle justicia a los veracruzanos”.

Lamentó que  Yunes Linares “pretenda hacer una fiscalía monotemática y con una visión unidimensional que comienza, continúa y se agota en el castigo a los duartistas”.

“Hay que meterlos a la cárcel, por supuesto eso no está en duda, pero suponer que solamente lo hará un fiscal que decida Miguel Ángel Yunes, es un autoritarismo supremo, es un argumento dictatorial”, afirmó.

Sin embargo, Llanes Gil del Ángel insiste en que ese no es el único pendiente en materia de impartición de justicia, “hay muchas otras cosas que están en la ilegalidad”.

Pero además, el abogado de los pensionados de la Copipev en el estado explicó que el interés de que castiguen a los culpables no es de las instituciones, es de los veracruzanos, por lo que “no es susceptible admitir que solamente aquel a quien el gobernador decida que lo puede hacer, lo puede hacer. Hay mucha gente que lo puede hacer”.

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