Xalapa, Ver.- Es inconstitucional la propuesta del gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, de reducir el número de regidores de los 212 ayuntamientos durante el proceso electoral local.

El cambio en el número de funcionarios a elegir impactaría de manera directa en la reglamentación emitida por el Organismo Público Local Electoral (OPLE) relativo a las candidaturas independientes y para garantizar el principio de paridad de género, por lo que los actores políticos podrían interponer un mecanismo legal para echar abajo esa modificación.

El consejero electoral Jorge Hernández Hernández, detalló que existe jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que destaca la importancia del artículo 105 de la Constitución federal,  ley suprema en el país, que fija las fechas para poder hacer adecuaciones al marco legal electoral.

El artículo establece: “Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales”.

Por lo anterior, recordó, cualquier cambio a la legislación local que se quisiera aplicar en la organización de las elecciones para el periodo 2017-2021 se debió aprobar a más tarde el pasado 10 de agosto, ya que el 10 de noviembre se inició el proceso local.

Hay que recordar que el pasado martes el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares envió un exhorto al Congreso local para reducir el número de ediles,  pidió que se haga de manera urgente a fin de que aplique para la elección de junio del año próximo.

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A pesar de la imposibilidad legal, diputados locales como María Elisa Manterola Sáenz, aseguró que como aún no se emite la convocatoria para los partidos políticos, para el registro de planilla, se pueden cambiar el número de regidores ya que en 95 cabildos hay sobrerepresentación.

En ese sentido, el funcionario electoral detalló que el artículo 21 de la ley Orgánica del Municipio Libre establece los parámetros en número de habitantes y el número de regidores con los que contará cada municipio.

Además, establece que el Congreso del Estado podrá modificar, por el voto de las dos terceras partes de sus integrantes, el número de Ediles con base en el Censo General de Población y Vivienda de los Estados Unidos Mexicanos y “antes de la elección que corresponda”.

Recordó que el código local establece, en su Artículo 169, que el proceso electoral ordinario comprende la preparación de la elección, la jornada electoral,  los actos posteriores a la elección y los resultados electorales.

Por lo anterior, explicó: “si la ley establece que la modificación se debe hacer antes de la elección, debe entenderse como: antes de que inicie el proceso electoral que corresponda (…)  no puede entenderse exclusivamente como la jornada electoral”.

De tal manera, aclaró,  no se podría afirmar que el número de ediles de los Ayuntamientos puede alterarse en cualquier momento, pues ello implicaría la alteración a una norma fundamental respecto del proceso electoral.

Recordó que en el criterio contenido en la tesis P/J98/200 de la SCJN, establece que una modificación a una ley electoral, sin importar su jerarquía normativa, será de carácter fundamental, cuando tenga por objeto, efecto o consecuencia, producir en las bases, reglas o algún otro elemento rector del proceso electoral, una alteración al marco jurídico aplicable a dicho proceso, a través del cual se otorgue, modifique o elimine algún derecho u obligación de hacer, de no hacer o de dar, para cualquiera de los actores políticos, desde luego, incluyendo, en su sentido amplio, a las autoridades electorales.

La Tesis Jurisprudencial P./J. 25/99, señala que las normas electorales “…no sólo son las que establecen el régimen normativo de los procesos electorales propiamente dichos, sino también las que, aunque contenidas en ordenamientos distintos a una ley o código electoral sustantivo, regulan aspectos vinculados directa o indirectamente con dichos procesos o que deban influir en ellos de una manera o de otra, como por ejemplo, distritación o redistritación, creación de órganos administrativos para fines electorales, organización de las elecciones, financiamiento público, comunicación social de los partidos, límites de las erogaciones y montos máximos de aportaciones, delitos y faltas administrativas y sus sanciones”.

En ese entendido, explicó, al plantearse la modificación al número de integrantes de Ediles de los Ayuntamientos impactaría de manera directa en la reglamentación emitida por este Organismo.

A la fecha se han emitido el acuerdo  relacionado a las candidaturas independientes y los relativos a garantizar el principio de paridad de género, incluso, impactaría en la estrategia de trabajo que el OPLEV consideró para el funcionamiento de sus órganos desconcentrados.

En este momento, recordó,  se encuentra en proceso el registro de los Aspirantes a Candidatos Independientes, los cuales deben registrar sus planillas de conformidad con el número de Ediles del Ayuntamiento por el cual pretendan postularse.

“Por lo que no sólo es la modificación al marco jurídico, sino que de manera directa incidirá en una norma que en este momento se encuentra en aplicación directa”.

De igual manera dicha modificación influye de manera directa en el proceso electoral, pues la variación a la integración de los Ayuntamientos, equivale a la distritación o redistritación que realiza el Instituto Nacional Electoral, pues modifica de manera directa aquellos cargos de elección popular por los que contenderán los Partidos Políticos en el proceso electoral.

Por lo anterior, insistió, al tratarse de una modificación a una norma fundamental que incide directamente en el proceso electoral, no sería procedente la modificación al número de Ediles integrantes de los Ayuntamientos del Estado de Veracruz, a no ser que ésta resulte aplicable para el proceso electoral 2020-2021.

Avc