Xalapa, Ver. El secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Tomás Ruiz González, recicló obras anunciadas desde el 2015 para dar su informe ante diputados locales.

Así, el servidor público volvió a presentar como proyectos tres obras en la modalidad de Asociaciones Público-Privada (APP): el puente escénico Boca del Río-Alvarado, el puente Chintón en Pánuco y la reparación de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán, mismas que presentó en su comparecencia pasada, el 30 de noviembre de 2015.

Al rendir cuentas ante los legisladores, como parte de la glosa del Sexto Informe de Gobierno, Ruiz González citó  que esas obras, que beneficiarán a casi dos millones de veracruzanos, "son muestra de los avances en esquemas de inversión conjunta que serán detonantes para el desarrollo de Veracruz".

Ruiz González detalló, en cuanto al Puente Alvarado-Boca del Río, que el 15 de diciembre del 2015 fue aprobado el decreto por el que se autoriza la realización del proyecto que consiste en resolver el problema de movilidad que afecta la comunicación entre los municipios de Alvarado y Boca del Río, y mejorar la calidad de vida de sus habitantes, a través de  la construcción de un nuevo puente sobre el trazo del actual, con sentido Boca del Río-Alvarado.

Es decir, convirtiéndolo en uno de dos niveles y tres carriles por sentido, que beneficiará a más de un millón de habitantes.

La inversión privada en esta obra ascenderá a 2 mil 404 millones de pesos.

En cuanto a la modernización de la carretera Coatzacoalcos-Minatitlán desde el entronque Nuevo Teapa-Cosoleacaque, con terminación en el Puente Calzadas, que comprende dos cuerpos (uno por sentido) de diez metros cada uno, con dos carriles de circulación de 3.5 metros más acotamiento, el funcionario apuntó que en esta obra habrá una inversión privada del orden de los 550 millones de pesos e incluirá la conservación y mantenimiento de la vía a cargo del concesionario.

El titular de la Siop destacó también la construcción del puente Chintón, en Pánuco, de 305 metros de longitud, obra que se realizará como contraprestación a favor del Gobierno de Veracruz, que favorecerá a más de 100 mil habitantes que actualmente cruzan el río Pánuco por medio de chalanes, vía por la que circulan más de 55 mil camiones cañeros al año y se transportan 650 mil toneladas de productos agrícolas, por lo que esta obra contribuirá a impulsar la productividad de este importante sector en la economía de Veracruz.

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Túnel sumergido eleva su costo 65 por ciento

El titular de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Tomás Ruiz González, reconoció que el Túnel Sumergido d Coatzacoalcos tendrá un incremento de 65 por ciento en su presupuesto original, generando una suma final de inversión de 5 mil 398 millones de pesos.

Aún con todo ello, dijo, dicho proyecto no puede considerarse como un monumento a la corrupción del sexenio de Javier Duarte, pues se remonta a otras dos administraciones.

En su comparecencia ante diputados locales, expresó  que las irregularidades se registraron desde el alemanismo, fidelato y duartismo, por lo que ya se presentó una denuncia penal contra el anterior gerente de proyecto de Grupo Básico Mexicano.

Esto por el daño patrimonial que detectó el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) de los años 2013 y 2014, por 225 y 251 millones de pesos y apuntó que tras el incremento del 65 por ciento, equivalente a 2 mil 300 millones, solo el 44 por ciento lo pagó el gobierno y el resto la actual empresa concesionaria.

Ruiz González justificó también el retraso de seis meses más en la conclusión de la obra al hecho de que no se había liberado los derechos de vía en la zona de Villa Allende por parte de Petróleos Mexicanos (PEMEX).

Igualmente, justificó la ampliación de 15 años más la concesión, al asegurar que la obra llevaba dos años estancada y se había iniciado un juicio contencioso que no llegó a nada, por ello el nuevo concesionario tenía que beneficiarse en ese sentido.

Recordó que se habían invertido 4 mil millones de pesos y se corría el riesgo de perderse el proyecto, o que se afectará la infraestructura de manera permanente.

Por lo que recomendó al gobernador iniciar una negociación con el concesionario, pues los sobrecostos de la obra y la falta de recursos del estado para poder financiarlo, podrían derivar en una inversión fallida.

En ese sentido, como parte de la negociación se determinó que los inversionistas asumirían los costos para concluir la obra, se logró bajar la tasa de retorno del 26 al 12 por ciento y cualquier excedente en los ingresos deberán dividirse en partes iguales con el Estado.

El servidor público mencionó que la obra se calculó en un costo de mil 700 millones, que a la fecha equivaldría a 3 mil 187 millones, aunque el costo final de túnel será de más de 5 mil 398 millones de pesos, es decir un incremento de más de 2 mil millones de pesos.

Insistió que el incremento de los costos se debe a una mala planeación que resulta común en obras de gran envergadura, pues las condiciones del terreno pueden incidir en un mayor gasto.

Recordó que el estado aportó 2 mil 300 millones, el resto de los recursos llegaron de la federación así como dinero de la concesionaria.

"La fecha para la conclusión de la vialidad de Villa Allende es el 21 de abril del 2017; sin embargo, es un plazo máximo, pero a más tardar de dos a tres meses quedaría concluido.

"Este retraso es para abril 2017, cualquier costo extra, será pagado por el concesionario y va contra la rentabilidad del propio concesionario”, refrendó tras ser cuestionado por el diputado local del PAN, Juan Manuel de Unanue Abascal.

Posteriormente, el diputado por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Amado Cruz Malpica, lo cuestionó sobre la seguridad de la obra tomando en cuenta que lleva doce años construyéndose, además del aumento desmedido de los recursos que se han destinado al proyecto.

Al respecto, negó que el túnel sea inseguro, subrayando que se han contratado diversas empresas especializadas en seguridad y sus análisis han concluido que el paso subterráneo no tendría peligro alguno para sus usuarios, una vez esté operando.

Tomás Ruiz se mostró en contra de la aseveración del legislador, quien tildó la obra como un símbolo de corrupción y opacidad del “duartismo”, adicionando que lo que ha ocurrido allí también implica los sexenios del “alemanismo” y “fidelísimo”.

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Renunció a Sefiplan por desorden financiero inminente, dice

El titular de la SIOP, Tomas Ruiz González, y ex secretario de Finanzas, reveló que renunció a la dependencia ante un desorden financiero inminente en la entidad.

"Si no se hacía un esfuerzo por reducir el gasto y ampliar los ingresos íbamos a entrar en una crisis terrible de pagos como la que hoy tenemos”, dijo.

Aseguró que desde que estaba en ese cargo, planteó la necesidad de reducir el gasto de operación de las dependencias, sin embargo cuando se dio cuenta que no tenía la capacidad de influir, tomó la decisión de renunciar.

Descartó ser el responsable de poner en operación la llamada “licuadora” que concentraba todos los fondos del gobierno y los dispersaba en base a sus necesidades.

Al ser el primer titular del área de la administración de Javier Duarte, aseguró que su renuncia se dio ante un inminente desorden financiero, que hoy se padece, y porque se dio cuenta que no se iban a lograr con las metas y objetivos de la administración estatal.

Sefiplan debe mil 700 mdp a SIOP

La Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan), adeuda mil 700 millones de pesos a la Secretaria de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP),  que fueron contratados para obras públicas.

Tomas Ruiz aseguró que se firmaron los contratos pero las obras están detenidas pues nunca fluyó el dinero.

Explicó que si bien esto se podría considerar un subejercicio,  el asunto  es que el dinero nunca llegó a las constructoras.

Dijo que el problema de Veracruz se resume en que no hay los fondos suficientes para poder invertir y mejorar la infraestructura, pues se requieren 2 mil 500 millones de pesos anual para mantener la red carretera.

“Además el tema se agrava cuando tomamos en cuenta los adeudos a contratistas por la situación y falta de liquidez del gobierno”.

Acusó que la Sefiplan retiene los fondos y las obras en marcha se suspende “o ni siquiera inician por la falta de pagos de anticipos”.

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No prosperan en PGR y FGE denuncias por obras fantasma

La Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas presentó un total de 38 denuncias contra 18 constructoras que recibieron 170 millones de pesos por obras inconclusas o inexistentes, que fueron desestimadas por la Procuraduría General de la República (PGR), así como por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Al comparecer ante diputados locales y ser cuestionado por el legislador del Partido Verde, Manuel Francisco Martínez Martínez, el titular de la SIOP dijo que las instancias judiciales se lavaron las manos al argumentar que dichas querellas, deben dirimirse por la vía civil.

En la primera sesión de preguntas y respuestas, el diputado enumeró un total de 18 obras en todo el estado que no fueron concluidas.

La construcción del camino Independencia-Pompeya-Arroyo del Fierro, que es obra de FONDEN  2010 por un monto de 12 millones de pesos, de los cuales se dio el 80 por ciento del recurso y no se hizo la obra.

Restauración de puente en el tramo el Jobo-Zapupe en Tantoyca, también del FONDEN  por un importe de 8.8 millones con anticipo de 30 por ciento equivalente a 2 millones 600 mil pesos, que tampoco se realizó.

Refinamiento y restauración del camino a Nuevo Morelos en Minatitlán por un millón 164 mil pesos de los que se pagó el 30 por ciento, y los responsables de la obra no se volvieron a presentar.

Además, la reconstrucción del camino Boquiapan-casas viejas en Jáltipan con importe de 7 millones 470 mil pesos donde se entregó un anticipo del 50 por ciento y tampoco se concretó.

También la reconstrucción del camino Lomas-Achotal-Potrerillo-Limonta y Monte Alto en Cosoleacaque por un monto de  9.5 millones de pesos, también con el 50 por ciento de anticipo y que no existe en los hechos.

Reconstrucción del puente en el camino Zochitlan-Palmilla-José María Pino Suárez en Texistepec por un monto de 7 millones 740 mil pesos.

Reconstrucción del camino La Ciénega-Boquiapan en Jáltipan por un monto de 8 millones 124 mil pesos, pagando el 50 por ciento sin que se hiciera la obra.

Reconstrucción y afinamiento  del camino Saltabarranca-Hacienda Nueva en Tlacotalpan por un monto de un millón 248 mil pesos, con anticipo del 30 por ciento.

Afinamiento y restauración del camino Panga de Guadalupe en Amatitlán por un millón 397 mil pesos.

En Jesús Carranza, la reconstrucción camino Suchilapan-Casa Blanca por un millón 749 mil pesos, sin indicios de haberse realizado.

En Emiliano Zapata, reconstrucción  del camino El palmar-Tlacotalpan por 100 mil pesos, del que se dio el 30 por ciento.

En Cuitláhuac reconstrucción del puente en el camino  Cuitláhuac-Puente Chico por 7 millones de pesos, con anticipo del 30 por ciento; en Ixcatepec reconstrucción camino Ixcatepec-San Sebastián por 13 millones 700 mil pesos.

En el municipio sureño de Agua Dulce, la reconstrucción del camino antiguo a la panga por 28 millones de pesos y en para el que se dio el 30 por ciento sin obra realizada.

En el norte, en el municipio de Nautla, el camino Nautla-El Josco, valuada en  23 millones, con un anticipo del 30 por ciento, donde solo hubo trabajos por un millón de pesos.

También en el norte, en Martínez de la Torre, la reconstrucción del camino Huiltepec-Mesa Grande por 29 millones de pesos, de los que se habrían pagado 23 millones de pesos.

Ante esto, el secretario dijo que el "desorden" en obras, no solo tiene que ver con obras que el gobierno estatal no paga anticipos o estimaciones, sino también con contratistas "que sacan ventajas de alguna relación" o que se les paga el anticipo y no realizan las obras.

Expresó que aunque se interpusieron las denuncias, se han encontrado con la que las autoridades expresan que no hay hechos constitutivos de delitos, sobre todo porque los denunciados son los contratistas y no los servidores públicos.

Tras citar algunos criterios judiciales de la Fiscalía General del Estado, enfatizó que un proceso civil no puede trasladarse a uno de materia penal, lo que fue notificado tanto por la FGE como por la PGR, donde se llegó al no ejercicio de la acción penal en la mayoría de los casos.

Flavino no le aviso del helicóptero facilitado a Duarte

El Secretario de Infraestructura y Obras Públicas, Tomás Ruiz González afirmó que si bien la operación de las aeronaves del Gobierno del Estado corresponde a la SIOP, fue Flavino Ríos Alvarado quien autorizó que el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa usará un helicóptero sin consultarlo con Ruiz González.

El servidor público respondió a los cuestionamientos de la diputada Eva Cadena Sandoval, de Morena, aunque esta solo preguntó si era verdad que la Secretaría manejaba el parque de los helicópteros.

Al respecto, el servidor público confirmó que efectivamente es la SIOP la que tiene a cargo esa área, aunque la operación como tal corresponde, de acuerdo a la normatividad aplicable, a la Dirección de Aeronáutica.

"En el caso concreto si se refiere usted a los helicópteros y si de alguna manera hace alusión al tema que se ha comentado respecto a la utilización que pudo haber hecho el ex gobernador Javier Duarte de Ochoa de un helicóptero del gobierno del Estado le quiero decir de manera muy clara y categórica que yo no tuve conocimiento", dijo.

Expresó que como ya lo ha reconocido Ríos Alvarado, fue precisamente él quien autorizó darle una nave a Duarte de Ochoa para que viajara a Coatzacoalcos.

Dijo que esto no quiere decir que el gobernador interino haya incurrido en alguna falta, pues tiene plena facultad directa para el manejo de los mismos.

Contralor Iván Lopez sí certificó obras fantasma

Fue la Contraloría General del Estado, a cargo de Iván López Fernández, en 2012, la que certificó obras que no se realizaron con cargo al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras), por un monto de mil 74 millones de pesos, reveló en su comparecencia Tomás Ruiz González.

Cuestionado al respecto por el diputado del distrito de Acayucan, Fernando Kuri Kuri, diputado por el distrito de Acayucan por el extinto Partido Alternativa Veracruzana (AVE), respondió que dicho monto corresponde al programa PROFISE.

El servidor público informó que existió a finales del 2012 un recurso etiquetado del Esquema de Financiamiento  para Infraestructura y Seguridad en Entidades Federativas (PROFISE).

Sin embargo, dijo, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, entonces Secom, informó que  “nunca recibió la totalidad del monto, hubo necesidad de meter fondos adicionales”.

Explicó que la certificación a la que se ha aludido, tiene que ver con Banobras, no tenemos a la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas.

"La Contraloría certificó ante Banobras, obras que no se realizaron. Fueron acciones que certificaron los contralores ante Banobras, lo que derivó en una denuncia de hechos, misma que interpuso el actual auditor”, expresó.