Alma Muñoz

El gobierno panista-perredista de Quintana Roo, encabezado por Carlos Joaquín González, detectó que el ex mandatario Roberto Borge Angulo enajenó de manera irregular 9 mil 500 hectáreas (95 millones de metros cuadrados) de varios municipios de la entidad.

Además, que familiares y ex colaboradores del priísta involucrados en esa operación son propietarios de la empresa que se hizo de tres barcos, en cuatro años recientes, con valor superior a 7 millones de dólares.

En conferencia de prensa, el secretario de Gestión Pública de Quintana Roo, Rafael Antonio del Pozo, explicó ayer que aunque el quebranto provocado por Borge a la entidad “es enorme”, lo que se dio a conocer es lo que hasta ahora han comprobado, durante el periodo de entrega-recepción del gobierno, para integrar las denuncias correspondientes.

Hace casi tres semanas la nueva administración interpuso ante la Procuraduría General de la República (PGR) una querella por la enajenación de 850 hectáreas, y el lunes la presentaron ante la Fiscalía General de Quintana Roo.

La denuncia de hechos es contra Borge Angulo –quien presidía el comité inmobiliario estatal–, familiares y ex colaboradores, así como contra la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública Estatal Claudia Romanillos Villanueva.

En la representación de Quintana Roo en la Ciudad de México, Del Pozo agregó que la reserva territorial vendida representa 7 por ciento del municipio de Bacalar, 10 por ciento de Felipe Carrillo Puerto, 20 por ciento de Tulum, 23 por ciento de Cozumel, 36 por ciento de Benito Juárez, 52 por ciento de Solidaridad y más de 60 por ciento de Puerto Morelos.

El total de las 9 mil 500 hectáreas es “seis veces la superficie total de la zona hotelera de Cancún o 24 veces la de Isla Mujeres”, puntualizó el funcionario.

Del Pozo se negó a mencionar una cifra acerca del valor de esos terrenos, porque aún se realizan los avalúos correspondientes.

Explicó que no existen expedientes completos de la enajenación y que ésta se realizó sin respetar la norma estatal; no se siguieron los protocolos y los procedimientos de transferencia de recursos y, sobre todo, se fijaron precios de venta muy por debajo del valor real. “En algunos casos no llegaron a uno por ciento de ese valor”, subrayó.

Asimismo, indicó que algunos de los adquirientes son accionistas de una empresa naviera operadora de servicios de transporte público marítimo de Quintana Roo.

Dijo que las auditorías aún no concluyen, pero “el proceso arroja irregularidades en prácticamente la totalidad de las dependencias de la administración pública, que son más de 40”.

Por ese quebranto “Quintana Roo está en una situación financiera compleja; no ha habido una sola área donde no encontremos irregularidades importantes en el manejo de los recursos, en la integración de los expedientes”, resaltó.

Rafael del Pozo afirmó que es de vital importancia que las autoridades competentes investiguen y comprueben la procedencia de los recursos y su situación ante las autoridades hacendarias “para determinar si dichos accionistas tuvieron la capacidad económica para adquirir predios y barcos”.

Destacó que aún no es posible determinar el monto del posible daño patrimonial a las finanzas públicas del estado, pero señaló que la deuda es superior a 22 mil millones de pesos, hay adeudos de ejercicios fiscales anteriores por más de 2 mil 600 millones de pesos y montos “observados superiores a 3 mil millones de pesos de la Auditoría Superior y de la Secretaría de la Función Pública”.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/11/16/politica/010n1pol