Jesús Aranda

Ciudad de México. Cuando el general secretario, Salvador Cienfuegos Zepeda, reconoció el "desgaste" del Ejército mexicano, se quedó corto. Cada vez hay más manifestaciones de descontento, cansancio e indignación de militares que sienten que el alto mando no los apoya y que la sociedad no los entiende.

El reciente asesinato de dos militares en Acapulco -quienes, de acuerdo con la versión oficial, iban vestidos de civiles cuando fueron "levantados", y no realizaban ninguna acción en el Puerto porque estaban adscritos a una unidad en otro lugar y que habían asistido a un curso a la base militar de Pie de la Cuesta- generó una ola de indignidad entre militares y sus familias, quienes se manifestaron por medio de las redes sociales que utiliza esta comunidad. A diferencia del silencio sepulcral del alto mando.

De acuerdo con redes sociales, en las que participan soldados en activo, los militares -encontrados con huellas de tortura- eran fusileros paracaidistas y fueron reconocidos como tales por sus propios compañeros.

Llama la atención que pese al repudio que generó el asesinato en el medio militar, el general secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, no condenó el homicidio (al menos abiertamente), tampoco se hizo público si los soldados recibieron algún reconocimiento post mortem.

¿Será que la tropa se está quedando sola?

Por otra parte, los agravios a las fuerzas armadas no terminan ahí.

Hace unos días, senadores de la República filtraron la versión de que se reunirían el pasado lunes 31 de octubre con los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, con el propósito de revisar un proyecto de ley -que tendría el visto bueno del PRI, por lo menos-, para establecer por fin, un marco legal que regule la actividad de soldados y marinos en labores de seguridad pública.

Después de casi 10 años de que Felipe Calderón le declaró la guerra al narcotráfico -la cual, se sigue perdiendo hasta la fecha- y sacó a las fuerzas armadas a la calle para cumplir labores policiacas, parecía que los legisladores habían atendido el clamor de los militares de contar con un marco legal que les dé certidumbre jurídica, que contemple obligaciones y derechos y que les marque límites a sus labores fuera de los cuarteles. Sin embargo, por una extraña razón el encuentro agendado para realizarse en la Secretaría de la Defensa Nacional fue "aplazado", sin que ninguna de las partes explicará oficialmente qué sucedió.

La falta de seriedad de los legisladores permite pensar que se trató de una "bola de humo", con el afán de mostrar a los secretarios Cienfuegos y Vidal Francisco Soberón Sanz que les preocupa la cada vez más crítica situación al interior de las fuerzas armadas. Lo cierto es que no hay fecha aún para que los legisladores presenten su propuesta a los mandos militares; habrá que ver, si es que la presentan, si realmente atendieron las demandas de militares y marinos o será un parche legislativo que sólo servirá para elocuentes discursos de apoyo, pero nada más.

¿Cómo estará la cosa, que hay militares que dicen que “cuenta la leyenda que cuando estaban los comandantes (Felipe Calderón) y Guillermo Galván Galván no metían a la cárcel a los militares que cumplían con su deber”?

El derecho de réplica, ¿defensa de la libertad o la búsqueda del negocio perdido?

El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) iniciará el próximo lunes la discusión de la acción de inconstitucionalidad presentada por el PRD, Morena y la CNDH (por separado) en contra de diversos artículos de la Ley Reglamentaria del Artículo Sexto Constitucional que regulan el derecho de réplica. Llama la atención la desinformación que se ha generado alrededor de dicho asunto, con medias verdades y expectativas falsas.

Para empezar, alegan que el proyecto de dictamen, elaborado por Alberto Gelacio Pérez Dayán, pretende quitar los conceptos “falsedad o inexactitud” con el fin de que los políticos y sus partidos “puedan replicar cualquier información que les agravie, aún y cuando sea cierta”. Sin embargo, lo que plantea el ministro es invalidar esos conceptos, pero con el propósito de que el Congreso legisle y añada el requisito de “información agraviante”.

Es decir, no se pretende dejar manga ancha a quienes exijan a los medios el derecho de réplica, sino establecer un requisito adicional para evitar el abuso de ese derecho.

Tal parece que con las verdades a medias, lo que quieren los medios y sus personeros es que se reforme la ley para permitirle a los particulares comprar tiempo en radio y televisión en apoyo a los candidatos y partidos de agrado.

Para nadie es un secreto que la ley electoral vigente le quitó a los medios electrónicos millonarios ingresos al prohibir la compra de espacio para promover a partidos y candidatos. Entonces, ¿por qué tanto ruido con este asunto? ¿La crítica sin sentido al proyecto de dictamen -al menos en el punto referido- busca defender la libertad de expresión o pretende recuperar el jugoso negocio que permitía la ley anterior?

Por otra parte, existe la posibilidad de que los ministros ni siquiera debatan el proyecto de dictamen en su conjunto, porque el pleno tendrá que determinar primero si PRD y Morena están legitimados para impugnar la norma, porque según la Constitución, las dirigencias nacionales de los partidos sólo pueden presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales. Y tal parece que hay ministros que no están convencidos de que este asunto sea materia electoral.

Si el pleno rechaza que se trate de un asunto electoral, entonces quedaría sólo la demanda interpuesta por la CNDH, la cual se limita a cuestionar la constitucionalidad de las multas impuestas a los medios que no cumplan con el derecho de réplica; tema en el que por cierto, el proyecto no le da la razón y valida la norma. En caso de que el pleno entrara al fondo del asunto y analizara los argumentos de los partidos, se necesitarían ocho votos de once ministros para invalidar las normas cuestionadas, lo cual se ve muy complicado.

Entonces, pareciera que tanto ruido que han hecho algunos medios en contra del proyecto de dictamen está fuera de lugar, y que más bien, buscan que los medios electrónicos recuperen el jugoso pastel que representa la propaganda electoral.

Los comicios federales de 2018 ya están a la vuelta de la esquina.

Elección de magistrados electorales, lo que mal empieza mal acaba

Por cierto, hablando de temas electorales, la Cámara de Diputados avaló en fast track la ampliación del plazo a cuatro de siete magistrados electorales que integrarán la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Tepjf).

No podía esperarse otra cosa en el proceso de selección de los magistrados electorales, el cual empezó viciado en la SCJN -hasta la fecha no sabemos cuáles fueron sus argumentos para elegir a los integrantes de las siete ternas que enviaron al Senado-; se impuso de nueva cuenta la cuota partidaria y con ello, los compromisos de los nuevos magistrados con los partidos que los eligieron; y se consumó con una reforma legal totalmente desaseada e ilegal para ampliar el plazo de quienes calificarán los comicios presidenciales de 2018.

En el PRD hay quienes están convencidos en presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN para dejar sin efecto la ampliación del plazo. Razón no le faltaría para ganar el asunto, sin embargo, difícilmente se puede esperar un fallo justo de quienes fueron partícipes de este lodazal en el que se convirtió la elección de magistrados electorales.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/ultimas/2016/11/04/bola-de-humo-revision-de-labor-de-ejercito-y-marina