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Inseguridad costó 12 mil 288 millones de pesos a Veracruz

El equivalente a la suma de los costos de siete estados: Colima, Nayarit, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Tlaxcala y Durango.

Xalapa, Ver. Durante el 2015, la inseguridad le costó a los habitantes de Veracruz 12 mil 288 millones de pesos, lo que ubica al estado en la quinta posición a nivel nacional, detalla el Observatorio de las Finanzas Públicas (OFP) de la Universidad Veracruzana (UV).

Dicho valor equivale prácticamente a la suma de los costos de siete estados: Colima, Nayarit, Campeche, Zacatecas, Baja California Sur, Tlaxcala y Durango, donde los costos de la inseguridad oscilan entre mil 129 y 2 mil 490 millones de pesos.

El Observatorio lamenta que no solo el estado presente uno de los costos más altos del país, sino que dicho costo se ha elevado de manera considerable en los últimos años, pasando de 7 mil 213 millones de pesos en 2012 a 11 mil 874 millones de pesos en 2014, lo que implica un incremento de 4 mil 661.2 millones en tan solo dos años.

El estudio “Veracruz. El incremento en los costos del delito”, refiere que asimismo, cuando se analiza la carga que implica el costo de la inseguridad para las distintas entidades, respecto a su Producto Interno Bruto Estatal (PIBE), se tiene que en Veracruz dicho valor es igual a 1.5 por ciento, lo que coloca a la entidad en la novena posición, muy por arriba de los valores registrados por Campeche con 0.2 por ciento, Nuevo León 0.7 por ciento, Tabasco 0.8 por ciento y Ciudad de México 0.9 por ciento.

Aunado a lo anterior se tiene que esta carga del costo sobre los ingresos del estado, presentó un crecimiento del 67 por ciento  respecto al valor registrado en 2012, cuando dicha carga no superaba el 1 por ciento.

“Lo anterior indica que claramente la inseguridad que se vive en el estado día a día genera costos más grandes para la población, lo cual ocasiona que dichos recursos no se aprovechen en otras acciones de manera productiva”, señala.

Desglose del gasto

Al analizar la composición del costo de la inseguridad en el estado, la UV observa que el 66 por ciento del total, es decir, 8 mil 149 millones, son pérdidas a consecuencia del delito, lo que engloba el valor de las cosas robadas, el monto de las extorsiones o de los fraudes realizados.

Por su parte, 3 mil 868 millones de pesos, el 32 por ciento, se refieren a gastos en medidas de protección contra la delincuencia lo que incluye cambiar o colocar cerraduras y/o candados, colocar rejas o bardas, cambiar puertas o ventanas, realizar acciones conjuntas con los vecinos o comprar un perro guardián.

Mientras que el dos por ciento  -271 millones de pesos, se refieren a gastos a consecuencia de daños en la salud.

Por lo que se refiere al número de personas que tuvieron afectaciones a consecuencia de la inseguridad, es decir, aquellas personas de 18 años o más en cuyo hogar se gastó en alguna medida de protección y/o fueron víctimas del delito, se tiene que tan solo en un año, dicha población se incrementó en 153 mil 524 personas, pasando de 1 millón 984 mil en 2014 a 2 millones 137 mil en 2015. Asimismo, dicho valor registrado en este último año es también mayor al que se registró en 2012 igual a 2 millones 77 mil personas.

Finalmente, por lo que se refiere al costo promedio del delito se tiene que para 2015, esta variable tuvo un valor de 5 mil 749 pesos, lo cual es 2 mil 277 pesos mayor al costo que se registraba en 2012, cuando dicho valor se ubicó en 3 mil 472 pesos.

Asimismo, es 398 pesos mayor al costo de 2013 de 5 mil 351 pesos.

El OFP llama a la urgente necesidad de modificar las políticas en materia de seguridad que permita prevenir la comisión de delitos, pues a pesar de las acciones que realiza el gobierno veracruzano y el federal, se están consumiendo importantes montos de recursos de las familias veracruzanas.

“Gastan para protegerse de la delincuencia, las cuales no solo pierden cuando son víctimas de alguna clase de robo, o de un tipo de fraude o extorsión, sino que además deben gastar sus ingresos en tratar de prevenir los delitos, lo cual no permite que los recursos sean usados de manera productiva”.