Fernando Elías Calles, presidente de la Comisión Nacional de Justicia Partidaria del PRI, aseguró que si eran militantes del partido José Antonio Chara Manzur Beltrán y Juan Carlos Rodríguez García, cuando se les suspendió sus derechos de militancia.

Precisó que la Comisión de Justicia Partidaria, "lo primero que hizo valorar cada uno de estos elementos que se aportaban por parte del denunciante"; después se verificó la militancia de las personas incluidas en el caso.

Elías Calles sostuvo en entrevista radiofónica que José Antonio Chara Manzur y Juan Carlos Rodríguez "tenían activa la militancia en el partido, en el momento en que se tomó la decisión por parte de la comisión".

Sobre el curso del proceso partidista iniciado, dijo que saldrán las notificaciones de la suspensión de los derechos partidistas. Una vez en poder de los imputados, tendrán 15 días para presentar sus alegatos. Posteriormente se fija la fecha del derecho de audiencia.

Por último, detalló que tanto Chara Manzur como Rodríguez estaban dados de alta en el PRI de Veracruz desde que la Ley de Partidos Políticos Nacionales "fijo la obligación a todos los partidos políticos de que elaboraran sus padrones electorales".

El lunes, la comisión nacional de Justicia Partidaria del PRI suspendió los derechos políticos del gobernador Javier Duarte, cuatro de sus colabores:

1.-El ex secretario del Trabajo, Gabriel Deantes Ramos, a quien se le atribuye el desvío de recursos públicos desde que fue subsecretario de la Secretaría de Finanzas y Planeación y señalado de enriquecimiento inexplicable.

2.-José Antonio Chara Manzur Beltrán, ex secretario de Finanzas y ex delegado de la Secretaría de Economía en el estado, quien posee 16 propiedades en Texas.

3.-El ex secretario de Seguridad Pública Arturo Bermúdez Zurita, acusado de la persecución y represión contra movimientos sociales, y que renunció para permitir que se aclare el origen de su riqueza.

4.- Juan Carlos Rodríguez García, ex director jurídico de las secretarías estatales de Desarrollo Social y Salud.

Y dos notarios: Israel Ramos Mange y Daniel Cordero Gálvez, quienes registraron las empresas fantasma beneficiadas por el gobierno de Duarte.

Esto, luego de concluir que existen pruebas de situaciones graves y relevantes cometidas por ellos durante la administración estatal, y de que la gravedad de las acusaciones, derivaron en un daño a la imagen del PRI.