Con una plantilla de 41 mil 584 funcionarios y trabajadores, y recursos por más de 63 mil 600 millones de pesos, el Poder Judicial de la Federación registra este año una “carga de trabajo” de un millón 460 mil casos para atender, resuelve alrededor de 751 mil y deja rezagados más de 655 mil.

Uno de sus argumentos para solicitar un incremento del 18.6 por ciento en su presupuesto del 2017 es que “derivado de la creciente demanda en relación con los servicios que prestan los órganos jurisdiccionales federales, tanto en asuntos del orden constitucional y federal, como aquellos en los que concurre con la justicia local, la carga de trabajo se ha incrementado al pasar de 426 mil 012 asuntos en 1995, a un millón 406 mil 991 en 2016”.

La institución expone que “éste es el comportamiento histórico anual de los asuntos existentes no resueltos y los asuntos que ingresan, los cuales en su conjunto conforman la carga de trabajo”.

La estimación hacia 2017-2018 ubica un promedio de mil 11 Asuntos de Egreso por 100 mil habitantes, (aproximadamente un millón 213 mil 200 del millón 584 mil expedientes que tendrán en la mesa).

Para este 2016, el Consejo de la Judicatura cuenta con un gasto de 55 mil 872 millones de pesos, de los cuales 43 mil 900 millones de pesos son para salarios o “servicios personales”. Para el 2017 solicitó 66 mil 863 millones de pesos, de los que 47 mil 755 millones de pesos serán para sueldos.

En su capítulo “Presupuesto de Operación”, para el año próximo destina 3 mil 898 millones de pesos para viáticos, pasajes, alimentos, compra de papelería, materiales de oficina, consumibles de cómputo, productos de limpieza, pago de los servicios de energía eléctrica, agua potable, arrendamientos de inmuebles, vigilancia, fotocopiado, fomento cultural y el desarrollo de actividades educativas y deportivas.

Justifica que el fortalecimiento de las tareas del Poder Judicial “requiere de recursos presupuestales para que sus resoluciones, como expresión de la justicia constitucional, protejan amplia y progresivamente los derechos de las personas y los grupos sociales”.

Subraya que “el Presupuesto de Egresos busca cumplir cabalmente con las obligaciones constitucionales y legales expuestas, a la par de cubrir la creciente demanda de impartición de justicia federal, tener la infraestructura requerida para la atención de los nuevos requerimientos constitucionales, continuar con los proyectos estratégicos que fortalecen la capacidad institucional y procurar las condiciones que aseguran las garantías judiciales de autonomía e independencia”.

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