El Fiscal General del Estado, Luis Ángel Bravo Contreras, afirmó que un juez de control aprobó girar órdenes de aprehensión por el caso de asesinato de dos sacerdotes del municipio de Poza Rica.

Cuestionado por la prensa sobre que la iglesia católica no acepta la versión de la fiscalía general, Bravo Contreras enfatizó que sólo los jueces tendrán la capacidad para calificar o descalificar el trabajo del ministerio público.

“Aquí lo que pasó fue  derivado de notas amarillistas, descontextualizando declaraciones del fiscal general (...) el testigo presencial refirió que se suscitó una reunión en la que estaban párroco y vicario y otras personas más, mencioné que como parte de la reunión había copas, en ningún momento establecí que el móvil haya sido un pleito de borrachos como cruelmente se ha estado mencionando”, dijo.

Señaló que la investigación sobre el caso debe continuar, para determinar si los victimarios tienen alguna relación con la delincuencia organizada.

Sobre la presunta filtración de otro terreno con fosas clandestinas - similar al ubicado cerca de Colinas de Santa Fe – el fiscal indicó que se investigarán todos los puntos que sean señalados.

Afirmó que continuarán realizando las investigaciones a pesar de que estas puedan incluir a alguna autoridad.

Finalmente, Bravo Contreras informó que entregó a la menor, Lizbeth Campechano Yan - que había estado desaparecida durante cinco días - a sus padres.

“Por fortuna la prioridad más elevada es tener a la menor en condiciones óptimas, estamos entregando a la niña a su familia, ya concluimos esta fase”, expresó.

Afirmó que continúan con la investigación, a pesar de que la joven refirió que se fue por su propia voluntad.

“Se habla de ausencia voluntaria, contacto con consentimiento, recordemos que un consentimiento en menor de edad no existe”, dijo.