CIUDAD DE MEXICO – Al concluir su visita oficial de diez días al país, el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre empresas y derechos humanos exhortó a las autoridades mexicanas y al sector empresarial a aprender de los errores del pasado y garantizar la consulta adecuada con las personas y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y operaciones empresariales.

 “En un país multicultural como México, este diálogo debe incluir, en particular, a los pueblos indígenas”, dijo Pavel Sulyandziga, quien actualmente preside el Grupo de Trabajo. “Estas consultas deberían producirse desde las primeras fases de cualquier proyecto de desarrollo y deben ser previas, libres e informadas, y cumplir con los estándares internacionales”, mencionó, enfatizando que el principio de debida diligencia constituye el núcleo de los Principios Rectores de empresas y derechos humanos.

 “Evitar daños o impactos negativos a las personas, especialmente a aquellas en situación de mayor vulnerabilidad, no debería considerarse una carga sino una oportunidad para fortalecer la competitividad y el desarrollo sostenible. No se trata de ser generosos, sino de respetar derechos”, dijo Dante Pesce, el otro miembro de la delegación del Grupo de Trabajo.

Los expertos también subrayaron que periodistas y defensores de derechos humanos deben ser mejor protegidos.“Frente a ataques e intimidación contra personas que defienden sus derechos o los derechos de los demás, funcionarios de alto nivel del gobierno y las y los CEO tienen que dejar claro que los ataques contra defensores de derechos humanos no son aceptables y no serán tolerados”, dijo el Señor Sulyandziga.

Los expertos también señalaron que el proceso en curso para desarrollar un Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos ofrece una oportunidad para traducir los compromisos políticos en acciones, permitiendo al Gobierno ejercer liderazgo.

“Nos alienta el compromiso del Gobierno para mover la agenda de empresas y derechos humanos hacia adelante”, dijo el SeñorPesce. “Se requerirán mayores esfuerzos para cambiar prácticas y mentalidades y afianzar de manera más profunda una cultura de transparencia, integridad y valores democráticos. El Gobierno debe dar ejemplo.”

El Grupo de Trabajo tuvo conversaciones sustantivas con más de 100 representantes de las autoridades del gobierno, visitó cuatro Estados y escuchó testimonios de unos 200 representantes de organizaciones de la sociedad civil, comunidades afectadas, pueblos indígenas, así como representantes de empresas, tanto privadas como estatales.

El informe final del Grupo de Trabajo que incluirá conclusiones y recomendaciones, se presentará al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en junio de 2017.