Xalapa, Ver.- Colectivos de familias de desaparecidos exigieron a la Fiscalía General del Estado (FGE), abrir públicamente el registro de los cuerpos que ha depositado en fosas comunes , ante la duda del cumplimiento en los protocolos de inhumación.

Luego de que la inhumación del cuerpo de la joven Gemma Mavil, desaparecida en 2011, revelara que en el Panteón Palo Verde hay al menos 192 cuerpos no identificados, los colectivos exigieron al fiscal, Luis Ángel Bravo un registro puntual de quienes están enterrados ahí, pues se puede tratar de personas desaparecidas que aún son buscados por sus familiares.

Lucía Díaz del colectivo Solecito afirmó que con observadores de la sociedad civil e independientes quienes deben hacer un trabajo de inventario e identificación de cuerpos ahí inhumados por la Fiscalía, para cruzar información con los desaparecidos.

A su consideración el panteón debe ser cerrado para hacer un trabajo de identificación responsable: “Las autoridades no harán un trabajo ni medianamente responsable, que cierre el lugar con un cerco para evitar que saquen algo, para proteger el contenido de los panteones, hay que hacer un Tetelcingo en Morelos, es exactamente lo que hay que replicar en Palo Verde”, dijo la activista.

Las madres del colectivo aseguraron que en las mesas de trabajo han pedido en varias ocasiones al fiscal que ponga orden en el Servicio de Periciales, pero no ha sido escuchadas.

Afirmó que igual que sucede en Palo Verde, la fiscalía tiene cementerios con fosas comunes en otros lugares, como Veracruz, Coatzacoalcos, y se debe poner orden en los cuerpos depositados en diversos panteones.

El libro de periciales 2011 extraviado

La integrante del colectivo que ha descubierto más de 75 fosas al norte del Puerto de Veracruz, aseguró que el desorden del Servicio de Periciales llega a tal grado que el libro de periciales del 2011 donde se encontraba el registro de personas enviadas a las fosas comunes está desaparecidos.

Aseguró que esta situación es del conocimiento del fiscal general del estado, Luís Ángel Bravo “Debemos pensar porque razón extraviaron el libro, evidentemente alguien tenía interés, no creo que esa información solo este asentada en un libro, debe haber copias, pero no hay nada, no existen, y muchos desaparecidos son justo de ese año”.

Esto coincide con lo informado por Abiram Hernández, abogado acompañante del colectivo por la Paz Xalapa, quien dijo para AVC Noticias, que apenas a finales de julio, integrantes del colectivo solicitaron el permiso para acceder a los registros periciales, y se corroboró lo que temían: Que no hay orden ni registros recientes en los libros sobre los cuerpos sin identificar que llegan.

“Ahí deberían estar el 100 por ciento de los cuerpos, sea por muerte violenta, la ley marca hacer la necropsia, deberían tener un registro cuando son personas identificadas, igual sucede con los no identificados, pero nada de esto existen”.

Afirmó que en los libros el último registro es de julio del 2016, antes no hay nada. Y menos especifica si fueron identificados.

Las negligencias del Servicio de Periciales

Los colectivos han hecho énfasis en la necesidad de abrir los registro de las fosas, pues es a partir del 2014, cuando la FGE cuenta un software de identificación, pero anteriormente se desconoce si se hizo el cruce de datos entre los cuerpos no identificados y la base de datos de los familiares de desaparecidos.

Hay varios casos donde aun cuando los familiares habían interpuesto una denuncia por desaparición, los cuerpos fueron enviados a la fosa común.

Como ejemplo de esto se encuentran: el caso de Alicia Rodríguez quien reportó la desaparición de su hijo Carlos en diciembre del 2015. En enero la FGE halló el cadáver y lo envió a la fosa común a pesar de tener reporte por desaparición. En dos ocasiones, Verónica Portilla Suazo, juez de control del décimo distrito de Veracruz, le ha negado la exhumación del cuerpo, solo porque Alicia solicita la intervención de un perito independiente para la identificación, ante la desconfianza en la autoridad.

Otro caso es el de Gemma Mávil, secuestrada el 3 de mayo del 2011, y cuyo cuerpo lleva más de cinco años extraviado entre servicios periciales y fosas comunes.

Solo unos meses después de su desaparición, su cuerpo fue hallado junto a otros ejecutados, pero apenas este año le notificaron a su padre, Pedro Mávil, que habían identificado a su hija a través de las huellas dactilares.

Otro caso es el de Anayeli Jiménez Hernández quien desapareció el 25 de febrero de 2012, sus restos fueron localizados dos días después en Barranca Grande, municipio de Cosautlán.

La Fiscalía no reportó el hallazgo del cuerpo a los familiares a pesar de tener iniciada una carpeta de investigación por desaparición. Entregó el cuerpo el 15 de septiembre del 2015, es decir, tres años y 8 meses después del hallazgo.

Flavia Morales/Avc