Cristina Gómez y Alfredo Méndez

Agentes ministeriales de la fiscalía anticorrupción del estado efectuaron la mañana de ayer un peritaje agronómico en el rancho Pozo Nuevo, en Bacanuchi, Sonora, del cual es propietario el ex gobernador panista Guillermo Padrés Elías (2009-2015).

Elementos de la Policía Estatal Investigadora que llegaron en decenas de patrullas ayudaron a los de la fiscalía a catear la propiedad, como parte de las averiguaciones previas FEIHC-I-055/2015, FAS-II-AP 0062/2015 y FAS-IIII-AP-0076/2015, por enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Más de 400 hectáreas sembradas de nogal fueron inspeccionados por peritos de la fiscalía para calcular la inversión realizada en la propiedad, presuntamente con recursos públicos.

El vocero de la Fiscalía Anticorrupción, Salvador Ávila Cortés, detalló que el cateo se inició alrededor de las 8 horas y advirtió: “No hay amparo que dure 100 años. No hay intocables”.

Agregó que el juez consideró que existen elementos suficientes para que el Ministerio Público catee, valúe y confisque bienes para determinar si lo invertido en ellos coincide con los ingresos de Padrés Elías y su familia.

El rancho, ubicado a cinco kilómetros de Bacanuchi, mide 3 mil 670 hectáreas (400 sembradas de nogales); cuenta con 12 pozos potabilizadores, una presa y un acueducto. Según investigaciones, estuvo abandonado más de cuatro décadas, pero resurgió en la gubernatura de Padrés.

En septiembre de 2014 autoridades federales detectaron ahí una presa que acaparaba el agua de uno de los afluentes del río Sonora, lo que dejaba sin líquido para consumo humano y actividades productivas a habitantes del ejido Bacanuchi; días después el ex mandatario panista ordenó su demolición.

Mientras, Héctor Ortiz Ciscomani, ex secretario de Agricultura estatal, compareció ayer en una audiencia preparatoria en el juzgado segundo de distrito de procesos penales con sede en Veracruz, acusado de ejercicio abusivo de funciones por desviar en beneficio propio y de allegados subsidios para desarrollo rural.

El ex funcionario rechazó responder a los fiscales de la Procuraduría General de la República y pidió a las autoridades seis días para aportar pruebas en su favor.

El pasado martes fue detenido por elementos de la Agencia de Investigación Criminal en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. A más tardar el próximo martes el juzgado deberá resolver su situación jurídica.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/09/01/estados/030n2est