Fabiola Martínez y corresponsales

En México quien “pierde” a un familiar vive el infierno de la impunidad y la inacción de las autoridades, en especial cuando la desaparición entra en la clasificación de “forzada”, es decir, cometida por policías, militares o algún otro servidor público. Este es el peor de los escenarios, porque quien está obligado a esclarecer el destino de las víctimas puede ser el propio autor de la agresión o cómplice de ésta.

Salvo el caso Ayotzinapa (desaparición de 43 estudiantes, ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero), de impacto nacional e internacional, la mayoría de los episodios no llegan siquiera a ser reconocidos como tales por las fiscalías, según testimonios de familiares de víctimas y la revisión de las instancias de investigación y procuración de justicia.

En nuestro país tampoco hay una cifra oficial de desaparecidos en actos cometidos por servidores públicos. Al contrario, el eje común es la falta de información al respecto y la resistencia de los jefes a aceptar que su personal está implicado.

Este delito es también la cara del fracaso en la depuración de las corporaciones policiales –e incluso en las fuerzas armadas–, en especial las de municipios y entidades constantemente amenazados o infiltrados por el crimen organizado, advierten organismos nacionales e internacionales de defensa de derechos humanos, así como grupos en busca de familiares.

El más reciente informe de evaluación de policías en México, de junio pasado, mostró que de 329 mil 823 elementos examinados, 9 por ciento no aprobaron los controles de confianza; está pendiente conocer el resultado de 2 por ciento de las pruebas, mientras a uno por ciento de los elementos no se les han aplicado.

Las autoridades federales no han detallado, sin embargo, qué ocurrió con los reprobados de 2014 (12 por ciento del total) y tampoco se ha dicho qué ocurrirá con quienes no aprobaron este año (31 mil 565 elementos). ¿Fueron despedidos? ¿Enviados a otras áreas? No se sabe.

En los episodios documentados de desaparición forzada es común que los agentes trabajaran para los delincuentes o fueran los propios ejecutores de los delitos.

Salvo excepciones, las fiscalías no cuentan con una estructura para la integración eficiente de bases de datos, sobre todo genéticos (ADN); tampoco tienen personal suficiente ni los recursos materiales necesarios para atar cabos. En el mejor de los casos, cientos de expedientes son revisados a nivel de trabajo de escritorio.

Las entidades del país carecen además de criterios y protocolos unificados para la búsqueda de personas y, en especial, para reaccionar en las primeras horas posteriores a la denuncias de los casos.

En seis estados, las autoridades de justicia confirmaron la existencia de unidades especializadas, mientras en otros se reportan áreas, mesas, grupos especiales o fiscalías, y en algunos de plano niegan información acerca de las herramientas técnicas, científicas y de organización de personal ante el agravamiento de estas agresiones cometidas por particulares e incluso por servidores públicos.

Mientras en Aguascalientes, Baja California, Michoacán, Puebla, Querétaro y Sinaloa se destaca la existencia de unidades especializadas (base para la coordinación entre los tres niveles de gobierno), en otras entidades no hay datos precisos al respecto y, por tanto, se desconoce el tamaño de la estructural material y de recursos humanos para hacer frente a la problemática.

Por ejemplo, en Chihuahua, con mil 77 expedientes por resolver respecto del paradero de personas, su fiscalía general sólo tiene una unidad especializada para la búsqueda de mujeres. Los asuntos de varones son enviados a la unidad de atención a víctimas del delito.

Igualmente en Coahuila, si bien se han generado instancias oficiales de peritaje, son las organizaciones civiles, como Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos y Víctimas por sus Derechos, las que se dedican permanentemente a indagar el paradero de sus seres queridos: solicitan información, hacen gestiones e incluso realizan sus propios rastreos y excavaciones donde se presume haya fosas clandestinas. También llevan las historias de las víctimas a las más altas esferas, aunque lamentan enfrentarse a falta de pericia, profesionalismo y voluntad para hilar los hallazgos.

En el estado de México, con 2 mil 830 carpetas pendientes (es la segunda entidad del país en cuanto a volumen y rezago, sólo después de Tamaulipas), fue creada una fiscalía de investigación de personas desaparecidas, pero su enfoque se ha concentrado en las agresiones a mujeres, luego de que en 2015 fue emitida ahí una alerta de género por el alto nivel de violencia contra este sector de la población.

Lo mismo ocurre en Guerrero y Sinaloa, donde los grupos no gubernamentales han tomado la batuta en cuanto a rastreo de fosas clandestinas y para buscar pistas del paradero de las víctimas. Enfrentan opacidad e inacción de las autoridades en territorio en disputa por los cárteles de la droga.

En Guerrero hay 963 personas no localizadas, cuya investigación es responsabilidad estatal. Otros casos ya fueron atraídos por la Procuraduría General de la República, como la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa.

En esta entidad se mezclan los saldos de la violencia y de la expansión de la delincuencia organizada, pero también la historia de desapariciones forzadas, desde las décadas de los años sesenta y setenta, en la denominada guerra sucia.

Para Morelos y Nuevo León son igualmente los grupos civiles los que han tomado la vanguardia en las acciones.

Mientras, en Tamaulipas, la entidad con el mayor número de personas no localizadas (poco más de 5 mil 500 casos pendientes), la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo afirma que hay 22 personas víctimas de desaparición forzada, pero la Comisión Estatal de Derechos Humanos niega esta situación.

Las autoridades de procuración de justicia no proporcionaron, como ocurrió en otras entidades, información al respecto.

Veracruz es también territorio emblemático en cuanto a casos por clarificar. Allí hay medio millar de asuntos en esta situación; los familiares encuentran una pasmosa actuación de la procuraduría de justicia local, que significa apatía y actuaciones de presuntas colusiones de las autoridades con el crimen organizado.

El capítulo más reciente de desaparición forzada ocurrió en enero pasado, en Tierra Blanca, cuando policías estatales levantaron a cinco jóvenes. Esta y otras historias similares han sido atraídas por autoridades federales, ya sea por el escándalo nacional e internacional provocado o por la presión de familiares que no encuentran respuestas satisfactorias en lo local e incluso prefieren colaborar con la PGR antes de volver a Veracruz a ponerse “en manos de la policía, que en muchos casos son los propios criminales”, acusan.

Con información de La Jornada  http://www.jornada.unam.mx/2016/08/30/politica/006n1pol