Cd. de México.- (Reforma) La PGR investiga a funcionarios del Catastro de Veracruz que falsearon información y buscaron borrar rastros de propiedades y empresas ligadas a la red de presuntos prestanombres del Gobernador Javier Duarte, quien es investigado por el desvío de recursos públicos.

Domingo Yorio Saqui, Director de Catastro del Gobierno estatal, es investigado por la Procuraduría por presuntamente haber falseado información requerida por el Ministerio Público Federal.



La indagatoria contra el funcionario está radicada en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales y se suma a las pesquisas que en la PGR integran en contra del Mandatario veracruzano, confirmaron fuentes federales.



Yorio Saqui le mintió a la PGR al informar que no contaba con registro de propiedades de varios servidores públicos estatales vinculados con la red tejida en torno al Mandatario para el desvío de recursos, cuando en realidad ya se demostró que sí existen datos al respecto.



El 29 de julio, REFORMA publicó que Yorio Saqui ocultó datos catastrales de la cuñada de Duarte, Mónica Ghihan Macías, y de su concuño, José Armando Rodríguez, señalados en una denuncia penal como prestanombres del mandatario priista.



Tampoco aportó datos de la empresa Azura Sociedades Unidas, ni del apoderado, David Alejandro Osorio, también indagado.



Las presiones para borrar rastros hicieron que Rafael Valverde, director del Registro Civil de Veracruz, renunciara a su cargo el 15 de agosto, luego de que se le pidiera manipular actas de defunción de personas involucradas con empresas fantasmas a través de las cuales se desviaron recursos públicos.



También le solicitaron que modificara nombres y regímenes de sociedad conyugal de socios de empresas.



Y pide amparo ex colaborador

En ese contexto, el ex subsecretario de Finanzas de Duarte, Carlos Aguirre Morales, solicitó a la justicia federal congelar cualquier orden de aprehensión que exista en su contra.

Aguirre renunció el 24 de junio de 2015 y, poco después, la Contraloría del Estado dio a conocer que había sido inhabilitado por tres años para desempeñar cargos públicos por supuestas omisiones e irregularidades en el ejercicio de los recursos públicos.

Con su demanda de garantías ya son cinco los ex funcionarios y servidores públicos de la Administración de Duarte que recurren al amparo.