Apicultores mayas y organizaciones ambientalistas y defensoras de derechos humanos denunciaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, que la siembra de soya transgénica en Campeche y Yucatán está afectando la vida, integridad, salud y medio ambiente de las comunidades de esa etnia.

En un comunicado, la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda), Greenpeace México, Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos y Organización de Litigio Estratégico de Derechos Humanos informaron que el pasado 25 de julio apicultores mayas solicitaron a la CIDH medidas cautelares, ya que se violaron los derechos al territorio y a la propiedad comunal, a la vida e integridad personal, medio ambiente sano, trabajo y protección judicial, ya que pese a las denuncias de siembras ilegales de soya transgénica “no se han adoptado medidas efectivas para salvaguardar los derechos de los indígenas mayas”.

Francisco Xavier Martínez Esponda, representante legal de la Cemda, apuntó que la sentencia favorable de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó consultar a las comunidades mayas para evaluar si se procede o cancela la siembra de soya transgénica en diversos municipios de Campeche, “no resolvió todos los derechos humanos violados”.

Agregó que el proceso de consulta no está respetando las formas tradicionales de adopción de decisiones ni se está cumpliendo el estándar interamericano de derecho fundamental. “El Estado no pudo determinar todas las violaciones a los derechos de las comunidades mayas ni ordenar su reparación, por eso tomamos el camino de la CIDH”.

Leydy Pech, representante de las comunidades mayas, sostuvo que el proyecto de siembra de soya modificada en el territorio maya atenta contra los derechos y cultura de los indígenas; se lastima su identidad y los priva de la posibilidad de transmitir a sus hijos conocimientos ancestrales a fin de conservar la selva y el bienestar de las comunidades.

Destacó que el Estado no cumplió su obligación de aplicar el principio precautorio y tener en cuenta los riesgos para la salud que conlleva el uso del herbicida glifosato y la siembra de la citada semilla transgénica. Especificó que las comunidades afectadas habitan los municipios de Hopelchén, en Campeche, y de Tekax y Teabo, en Yucatán.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/08/08/sociedad/040n1soc