El gobierno mexicano se dijo optimista de que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) apruebe este viernes el mecanismo especial de seguimiento a las medidas cautelares relacionadas con la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero, en los términos propuestos de manera conjunta por la administración federal y familiares de las víctimas.

En conferencia de prensa en Washington, tras concluir la segunda audiencia en la CIDH, los subsecretarios de Gobernación, Roberto Campa Cifrián, y de Relaciones Exteriores, Miguel Ruiz Cabañas, así como el subprocurador de Derechos Humanos de la Procuraduría General de la República, Eber Betanzos –integrantes de la delegación mexicana–, explicaron los avances que sobre este acuerdo han tenido con los padres de los 43 desaparecidos y sus representantes.

Confiaron en que este viernes, en la última audiencia con el pleno de los comisionados, la CIDH apruebe el mecanismo mediante el cual el organismo regional dará seguimiento a la atención que se brinde a las víctimas, a la continuación de la investigación del caso Iguala y que prosiga la búsqueda de los 43 normalistas, desaparecidos desde el 26 y 27 de septiembre de 2014 en ese municipio.

Roberto Campa dijo que la propuesta consiste en que el relator para México –el comisionado estadunidense James Cavallaro– supervise el cumplimiento de las cuatro medidas cautelares con hasta cuatro visitas al país entre agosto próximo y marzo de 2017.

Además, que Cavallaro, quien preside la CIDH, u otro comisionado que él designe, podrá contar con el apoyo de asesores cuyas visitas a México no tendrán límite de duración y en las que se podrá tener acceso a información relacionada con el caso.

El subprocurador Betanzos, vía telefónica, señaló que durante las audiencias realizadas en días recientes en la CIDH se ha avanzado en los acuerdos con los padres de los normalistas y sus representantes, encaminadas a determinar el funcionamiento y financiamiento que tendrá el mecanismo de seguimiento al caso y al avance de las medidas cautelares ordenadas por la comisión.

“Estos trabajos han permitido precisar algunos puntos y aclarar las dudas que tenía la propia CIDH respecto de los alcances que se estaban planteando. Y ya hay acuerdos, pero la determinación del número de visitas que realizarán los representantes de la comisión será decidida por el organismo. Tanto los padres como los representantes del Estado mexicano queremos que el esquema empiece a operar lo antes posible”.

Por su parte, Miguel Ruiz Cabañas expresó la expectativa de que los asesores no sean los que formaron el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes. “Ellos cumplieron su labor y entregaron recomendaciones muy útiles. Estamos en otra etapa”, dijo.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/07/29/politica/008n1pol