El sector privado trabaja en implementar un programa de capacitación y certificación de prácticas de cumplimiento ético, para acreditar a las empresas que se apeguen a comportamientos internacionales anticorrupción.

De acuerdo con información de El Universal, en el contexto del rechazo a la Ley 3de3 para particulares, el sector empresarial se comprometió con el presidente Enrique Peña Nieto a impulsar que en todas las licitaciones y contrataciones con el gobierno se presenten certificados de buenas prácticas y ética comercial para las empresas, coordinados con la Secretaría de la Función Pública (SFP).

Los compromisos incluyen consecuencias como inhabilitación para las empresas que falseen información.

Aunque las mesas de diálogo con la SFP ya iniciaron, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Juan Pablo Castañón, confirmó que ese fue un compromiso con el Presidente en la reunión que sostuvieron el martes 21 de junio en Los Pinos.

Ese día acudieron para plantearle sus preocupaciones sobre el artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), conocido como 3de3 para la iniciativa privada.

El artículo, que los obliga a presentar sus declaraciones patrimonial, fiscal y de conflicto de interés, fue vetado de forma parcial por el Ejecutivo y hoy se encuentra en el Congreso.

Las propuestas del empresariado incluyen presentar una declaración de integridad que plantee penalidades.

El paquete se le presentó al presidente Peña Nieto, “lo que le pareció positivo”, y aunque “no está dentro de la ley, es simplemente una política empresarial que proponemos entre las empresas”, indicó Juan Pablo Castañón en entrevista.

El planteamiento del empresariado es que las compañías que pretendan participar en alguna licitación o concurso público presenten su certificación de buenas prácticas a la autoridad correspondiente, expuso.

Los funcionarios también deberán tomar cursos, porque “cuando hay una licitación o contratación, hay reglas de contacto que no deben romperse” para evitar prácticas de corrupción.

El Consejo Ejecutivo de Empresas Globales y la International Chamber of Commerce México (ICC México) será el encargado del programa de capacitación en prácticas éticas.

Castañón dijo que la propuesta se la presentaron a senadores y a los coordinadores de la Cámara de Diputados, con quienes discutieron su propuesta de derogar el 3de3 para la IP.

Reiteró que pedir al sector privado las tres declaraciones “es inoperable, no es factible y cualquier empresa internacional no podrá cumplirlo, tampoco las personas que reciben algún programa de apoyo”.

Confirmó que fue lo que se le expuso al presidente Peña Nieto en junio. Específicamente, los temas que se discuten son: reformas normativas en materia de contrataciones públicas; medidas preventivas mutuas de combate a la corrupción; trámites sensibles y de regulación, y mecanismos de denuncia empresarial y seguimiento de casos hasta su resolución.

De acuerdo con la SFP, el objetivo es acordar con la IP un esquema de trabajo sobre una agenda común en la que destaca el combate a la corrupción en varias dimensiones como la revisión y reforma de reglas de contrataciones públicas, a efecto de que se busquen esquemas para privilegiar las licitaciones sobre las invitaciones restringidas o asignaciones directas.

Por otro lado, el sector privado y la Secretaría de la Función Pública conformaron cuatro mesas de trabajo anticorrupción, en torno a normas, leyes, trámites y mecanismos de denuncia contra la corrupción, las cuales tendrán trabajos semanales, explicó.

Por su parte el senador  perredista Armando Ríos Piter consideró positivas las medidas, porque el sector privado es una parte muy importante del Sistema Nacional Anticorrupción.

“La corrupción es un tango de dos actores, los servidores públicos y la IP, los empresarios serán muy importantes para la implementación del SNA y para las nuevas leyes”, dijo.

El coordinador de los diputados federales del PAN, Marko Cortés, dijo que están dispuestos a analizar a fondo el esquema al que se someterán la iniciativa privada y la SFP.

Con información de El Universal

vsv