Xalapa, Ver.- La intención del gobernador Javier Duarte de donar o enajenar bienes estatales en favor de instituciones y organismos autónomos podría ser impugnada por la sociedad civil ya que constituye un despojo al pueblo veracruzano, aseguraron abogados veracruzanos que integran organizaciones.

Consideraron que el mandatario estatal actúa de forma revanchista sin tomar en cuenta que sólo es administrador y no poseedor de los bienes que pretende entregar bajo el amparo de un Congreso que es de mayoría priista.

En un primer paquete, Javier Duarte puso a consideración de los diputados la enajenación a título gratuito de 11 bienes inmuebles, entre los que destacan el World Trade Center, el Velódromo de Xalapa, el Parque Doña Falla, el Museo Interactivo de Xalapa y el Jardín de las Esculturas.

Algunos de estos bienes son rentables y producen una derrama económica más allá de su explotación, ya que tan solo el World Trade Center de Boca del Río, permite que los empresarios turísticos de la zona conurbada tengan ingresos durante los eventos masivos que ahí se llevan a cabo.

Lo más reciente es que pretende dividir el inmueble de la Casa de Gobierno o Casa Veracruz, para entregarlo en donación a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, a la Comisión Estatal para la Protección y Atención a Periodistas y al Centro de Atención Integral a Víctimas del Delito. Dicha donación incluye los bienes que en la propiedad se encuentran.

Aunado a ello, ha dispuesto la donación de aeronaves a la Fiscalía General del Estado.

En este sentido, el presidente de la Barra de Abogados de Xalapa, Octavio Ruiz Martínez indicó que la actitud del gobernador es visceral.

“En un estado endeudado donde está ausente el desarrollo económico y hay un quebranto patrimonial para el estado y aunado a eso en una actitud visceral pretende donar esos bienes a instituciones para poder, por el cambio que viene al final de su sexenio, evitar que el gobierno entrante pueda obtener recursos a través de estos bienes por usufructo”, dijo.

Por eso dijo que si bien Duarte cuenta con la investidura y tiene ciertas facultades, los bienes pertenecen al pueblo veracruzano y tal acción afecta al patrimonio del estado de Veracruz, por lo que se pueden implementar acciones civiles, administrativas y de ser procedente acciones penales contra esta disposición del gobernador.

“Pueden ir ante los propios juzgados civiles, ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ante la Fiscalía General del Estado, acudir y presentar este tipo de denuncias porque más que cometer un acto de gobierno, lo que comete es un atropello”.

En este sentido, Antonio Barack, Presidente de la Federación de Barras, Colegios y Asociaciones de Abogados, agregó que existe un procedimiento que se lleva ante la Sala Constitucional y ante los Juzgados Civiles ya que la ley así lo prevé en caso de abuso del gobernante.