Matilde Pérez U.

En los tres años pasados, el gobierno ha recortado anualmente al Programa Especial Concurrente para el Desarrollo Rural Sustentable (PEC) entre 18 a 20 mil millones de pesos, el cual incluye proyectos que “son muy sensibles” para los pequeños y medianos productores, como el fondo para el apoyo a proyectos productivos en núcleos agrarios (Fappa) y para la mujer en el sector.

El recorte anunciado recientemente profundizará la pobreza de casi medio millón de campesinos, señalaron José Dolores López Barrios, dirigente de la Central Independiente de Obreros Agrícolas y Campesinos, y Emilio López Gámez, investigador de la Universidad Autónoma Chapingo.

Distribución diferenciada

Explicaron que los montos aprobados por el Congreso de la Unión para el PEC son ajustados a lo largo del año o no se ejercen en su totalidad. Por ejemplo, en 2015, para el programa del café se designaron 730.6 millones de pesos, pero sólo se aplicaron 582.6 millones; en el Fappa, de los 760 millones quedaron 680 millones.

La reducción en un periodo de tres años, en el caso del rubro hidroagrícola y de caminos rurales ha sido de 27 por ciento en ambos casos; a su vez, los programas para los pueblos indígenas pasaron de 20 a 13. “Hemos señalado que este gobierno otorga mayor presupuesto a los agroindustriales que a los pequeños productores, aunque su discurso sea de apoyo a la actividad familiar. El recorte actual afecta a más de 400 mil unidades, la mayoría ubicadas en la región sur sureste del país, donde los campesinos reciben 15 veces menos recursos que los del norte”, apuntó López Barrios.

El programa de concurrencia para las entidades federativas –sustancial para que se apliquen diversos proyectos productivos– también ha sido sometido a severos ajustes. En los dos años pasados se le restaron mil 40 millones de pesos, y el presupuesto de 3 mil 271 millones para este año es el más bajo de esta administración, ya que en 2013 se le designaron 3 mil 755 millones, agregaron.

“La caída de la inversión pública en el medio rural ha traído como consecuencia una ralentización en el crecimiento del PIB sectorial y en consecuencia la agudización de fenómenos sociales como la violencia, la marginación, la pobreza, el hambre y la migración. El déficit de infraestructura en el sur sureste del país vuelve poco rentable la inversión privada en regiones atrasadas”, agregó López Gámez.

Los recortes de los presupuestos para los programas sociales para el campo han sido un fracaso; continuar con ellos es poner en riesgo la producción de alimentos y condenar a la pobreza a miles de mexicanos. Es momento de planear otras acciones y de perseguir la corrupción, la impunidad y detener el robo contra el pueblo, asentaron López Barrios y López Gámez.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/06/30/sociedad/035n1soc