Ciudad de México. Aludiendo al compromiso de combate a la corrupción que el Presidente Enrique Peña Nieto hizo desde el inicio de su administración, legisladores federales del PAN y PRD piden a la Secretaría de Gobernación intervenir de manera urgente en el proceso de transición del gobierno estatal de Veracruz, “para impedir las últimas acciones que está llevando a cabo el gobernador en funciones, Javier Duarte de Ochoa”.

A través de un punto de acuerdo que presentarán hoy ante el Congreso de la Unión, diputados y senadores panistas y perredistas advierten que durante su administración el gobernador Javier Duarte “únicamente se ha encargado de endeudar y saquear al Estado dejando en completo abandono a todos los sectores que habitan la entidad”.

Prueba de ello, dicen, es que la Auditoría Superior de la Federación determinando que actualmente el Gobierno del Estado de Veracruz mantiene un adeudo de 50 mil millones de pesos. Sin contar que aún faltan por auditarse los últimos dos ejercicios fiscales de la administración de Javier Duarte y en donde se prevé un mayor desfalco.

Recordaron también que la Auditoría presentó seis denuncias en contra de más de 30 funcionarios y ex funcionarios de Veracruz, cuatro de los cuales hoy son diputados federales del PRI para protegerse con el fuero constitucional y no ser perseguidos.

“A todos estos funcionarios y secuaces del Gobernador se les acusa por el desvío y la no comprobación de recursos públicos federales por 4 mil 770 millones de pesos”.

Añaden que el desfalco de Javier Duarte a las finanzas públicas del estado de Veracruz deja a esta entidad con un saldo de: el 58 %  de la población en situación de pobreza, el 18% en pobreza extrema; más de 3 millones de personas que no tienen acceso a los servicios básicos; 30% de veracruzanos que carecen de acceso a la alimentación; primer lugar en homicidios contra periodistas, tercer lugar nacional en secuestro; y un adeudo de dos mil setenta y seis millones de pesos con la Universidad Veracruzana, entre muchos otros daños que dejará el actual gobierno en Veracruz.

Los legisladores del PAN y del PRD advierten que pese a la situación deplorable en que dejará al estado de Veracruz, el gobernador en funciones “continúa realizando acciones en beneficio propio con el único objeto de blindar su salida y la de sus empleados para encubrir la serie de actos corruptos que encabezó y lograr que estos queden en total impunidad”, proponiendo ante el Congreso estatal:

El nombramiento de un "Fiscal Anticorrupción" inamovible por cinco años. Nombrar a tres "Magistrados" de una Sala Especializada para combatir la corrupción, a partir de una sola terna propuesta por el propio Gobernador, inamovibles por 10 años. La permanencia del actual Contralor del Estado.

También la negativa a entregar la Cuenta Pública 2015, y reforma constitucional para adelantar la fecha de aprobación de la misma, de tal forma que sea la actual Legislatura la que la revise. Así como la negativa a proporcionar información al Gobernador Electo para iniciar la elaboración del plan Veracruzano de Desarrollo que debe aprobarse por la nueva legislatura en noviembre.

Además de dejar, en materia de finanzas públicas, acciones prácticamente imposibles de cumplir por el gobierno entrante, entre ellas la basificación de todos los trabajadores del estado a partir del Subdirector, lo que implicaría un incremento que no es posible cubrir en términos de sueldos y prestaciones manteniendo en nómina a decenas de miles de “aviadores”;

“Con estas accione es evidente que el Gobernador en funciones y un sinnúmero de servidores públicas de esa administración quieren mantenerse en la impunidad al momento de su salida sin importarles que Veracruz se haya quedado en bancarrota”, recalcan.

Ante tal situación, los legisladores están solicitando la intervención del Presidente de la República para que, a través de la Secretaría de Gobernación, “para evitar que se concreten las acciones iniciadas por el Gobernador tendientes a dejar en total impunidad los actos de corrupción llevados a cabo durante su administración”.

El llamado también es a los diputados locales del estado de Veracruz “a que no convaliden las modificaciones de diversos ordenamientos jurídicos, propuestas por un gobernador denunciado por el órgano encargado de la fiscalización del gasto público federal”, sobre todo si dichas medidas normativas tienen por objeto la protección de la impunidad; por ello se exhorta a que ningún diputado local sea participe en este fraude a la ley”.

El punto de acuerdo también propone hacer un llamado a la Titular de la Procuraduría General de la República a que, “de manera inmediata concluya las averiguaciones e investigaciones y sancione a los funcionarios implicados en las denuncias presentadas por la Auditoría Superior de la Federación durante los años 2014 y 2015 en contra de diversos funcionarios y ex funcionarios del Gobierno del Estado de Veracruz por su probable responsabilidad en el desvío de recursos públicos federales destinados a la educación, salud, seguridad pública, infraestructura y seguro popular.