Ciudad de México.- La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condena los hechos violentos ocurridos en Nochixtlán y Hacienda Blanca, Oaxaca, el 19 de junio en los que, de acuerdo con la información disponible, al menos ocho personas fueron privadas de su vida y un número aún por determinar resultaron heridas, incluyendo policías. Asimismo, la ONU-DH repudia el asesinato del periodista Elpidio Ramos Zárate, en el crucero de Juchitán a Ixtepec, cuando estaría cubriendo otros hechos de violencia.

“Lamento la pérdida de vidas y la afectación a la integridad de las personas lesionadas. En estos difíciles momentos, expreso mis condolencias a los familiares que perdieron un ser querido”, señaló Jan Jarab, Representante en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. “Mi Oficina hace un llamado para que se evite la violencia y las partes involucradas privilegien el diálogo sobre la confrontación con el fin de prevenir la repetición de situaciones como las ocurridas”, agregó el Señor Jarab.

La ONU-DH llama a las autoridades a investigar de forma independiente, pronta, exhaustiva e imparcial los hechos suscitados, a deslindar las responsabilidades y atender y reparar adecuadamente a las víctimas. Asimismo, exhorta a las autoridades a garantizar el pleno acceso a la asistencia médica requerida por todas las personas heridas.

La ONU-DH recuerda que cuando en una acción de protesta se presentan situaciones de violencia que ameritan recurrir, como último recurso, al uso de la fuerza, las autoridades deben sujetarse a los principios de razonabilidad y proporcionalidad, evitando violaciones al derecho a la vida e integridad física. Asimismo, toda privación de la libertad debe respetar el derecho al debido proceso.

En este contexto, la ONU-DH reitera la recomendación formulada por varios mecanismos internacionales de derechos humanos sobre la pertinencia de aprobar una ley general sobre el uso de la fuerza que sea aplicable a todas las fuerzas de seguridad y garantizar una efectiva rendición de cuentas en su aplicación.

Esta Oficina dará puntual seguimiento a lo ocurrido en Oaxaca y sostendrá reuniones con las autoridades, tanto federales como estatales, las víctimas y otros actores relevantes, incluyendo la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con quien se ha estado en contacto sobre lo sucedido.