Ciudad de México. Tras la investigación del portal de noticias Animal Político, que dejó al descubierto una red de empresas fantasmas, presuntamente orquestada desde el gobierno estatal, para desviar más de 645 millones de pesos del erario público, los órganos superiores de fiscalización –estatal y federal- debe auditar todos los proyectos, concesiones y contratos en los que están involucradas esas empresas.

Así lo solicitarán ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión los diputados federales de Morena, Norma Rocío Nahle García y Virgilio Caballero Pedraza, quienes recordaron que el pasado 25 de mayo el INEGI dio a conocer los resultados de la tercera Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG), la cual revelaba la gran irritación social que persiste entre los mexicanos ante el fenómeno de la corrupción en las esferas de gobierno.

Dicha encuesta permitió conocer que durante 2015, la corrupción se ubicó en el segundo lugar de los problemas que preocupan más a los mexicanos con 50.9%, por detrás de inseguridad y delincuencia que alcanzó 66.4 por ciento.

Además, se estima que la tasa de prevalencia de corrupción fue de 12,590 víctimas por cada 100 mil habitantes; mientras que la incidencia fue de 30,097 actos de corrupción por cada 100 mil habitantes.

Un día antes de que el INEGI diera a conocer estas cifras, el portal Animal Político “evidenció cómo el Gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, había entregado más de 645 millones de pesos a empresas fantasma”, recordaron los legisladores de Morena.

“Un hecho más de corrupción salía a la luz pública en una entidad lacerada por la inseguridad, la delincuencia y el mal gobierno. La investigación (de Animal Político) dejó ver la forma que el gobierno de Veracruz, con la administración de Javier Duarte a la cabeza, le entregó a una red de empresas más de 645 millones de pesos para supuestamente comprar cobijas, útiles escolares y zapatos para damnificados por desastres naturales o personas en situación de pobreza”, recalcaron.

Dicha información periodística destaca que un pequeño grupo de amigos y funcionarios del gobierno de Javier Duarte –entre ellos los actuales diputados federales, Edgar Spinoso Carrera (PVEM) y Antonio Tarek Abdala Saad (PRI)-, orquestaron la creación de al menos 16 compañías fantasmas que se registran como proveedoras del gobierno, capaces de vender desde pañales hasta cemento.

Dichas empresas fantasma, constituidas como sociedades anónimas de capital variable son: Anzara, Rinoxa, Cymaned, CERENE, Matrusca, Grupo Balcano, Pefraco. Abastecedora Romcru, Marvercarr, Publicidad Akkira, Saervizios Oktagonales, Desarrolladores Mercalim, Merca Carrey, Carrirey, Bienart, Comersil y Mogarver. Todas ellas creadas entre 2011 y 2012.

Los legisladores de Morena recalcaron que la investigación de Animal Político desnuda una red de corrupción en el estado de Veracruz, que muy probablemente ha dañado al erario público.

“En este caso Javier Duarte de Ochoa, pudo haber participado o permitido deliberadamente la creación de esa red de corrupción en beneficio propio y de su partido político”, dijeron.

Por ello, los diputados Rocío Nahle y Virgilio Caballero presentarán ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo para solicitar:

Que se haga un llamado al Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz, a que informe de las acciones que se tomarán contra la probable red de empresas fantasma y de los funcionarios involucrados, en virtud de que están involucrados recursos federales y se presume un daño al erario público.

Que también se exhorte a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) para que informe sobre las acciones tomadas hasta la fecha respecto de la auditoría financiera con enfoque de desempeño: 12-A-30000- 14-0551 del informe de la Cuenta Pública 2012, que involucran 631 millones de pesos que el gobierno del estado de Veracruz no pudo comprobar y su probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal.

Y que la ASF realice las auditorias correspondientes a todos los proyectos, concesiones y contratos en los que hayan participado o estén participando de alguna forma dichas empresas.

Además de exhortar a las secretarias locales de Desarrollo Social, Educación, de Protección Civil y el DIF Estatal para que hagan públicas todas las concesiones, contratos y proyectos en los que hayan participado o estén participando de alguna forma las empresas las mencionadas empresas.