José Antonio Román

La grave crisis financiera por la que atraviesa la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “es una muestra más de la falta de voluntad política de los estados de la región para cumplir con lo que ellos mismos se impusieron, que es monitorear el tema de los derechos humanos”, aseguró Perseo Quiroz, director ejecutivo de Amnistía Internacional México.

Además, dijo que esta crisis traerá enormes repercusiones en todo el continente, pues implicará “que se acumule el número de casos que son presentados ante esta instancia internacional en busca de justicia, más aún cuando hay problemas en Venezuela, en las naciones que integran el llamado triángulo norte de Centroamérica –El Salvador, Guatemala y Honduras– y en México”.

El director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, señaló que, desde su perspectiva, esta crisis financiera forma parte de estrategias indirectas de los estados para “ahogar”, “diluir” o “mermar” un sistema de protección de derechos humanos que ha ido construyendo a lo largo de los años importantes estándares de garantías individuales, pero que sin duda ha incomodado también a los países.

Entrevistados luego de participar en la conferencia de la indígena ñhañhú Jacinta Francisco Marcial, caso que sus respectivas organizaciones han acompañado en demanda de justicia, lamentaron la difícil situación que vive la CIDH, pero recordaron que esta instancia se mantiene de las aportaciones de los estados.

Por su parte, la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos Todos los Derechos para Todas y Todos llamó a la Organización de Estados Americanos (OEA) y a los países miembros a fortalecer la CIDH, no sólo para que salga de esta crisis, sino incluso para robustecerla.

“Resulta sumamente preocupante que en un contexto de corrupción, violencia y amenazas a la democracia en el continente, un organismo tan eficiente y necesario como la CIDH sea el que resulta amenazado y no los presupuestos militares de la región o los suntuosos gastos que ejercen gobiernos y corporativos diariamente”, afirmó la red en un pronunciamiento colectivo de sus 80 organizaciones que la integran.

Además, hizo un llamado a la OEA, así como a los estados parte, a ofrecer una solución de fondo a este problema y “abstenerse de matar de inanición a una instancia que resulta incómoda para los intereses que vulneran derechos en el continente”.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/05/25/politica/010n1pol