Xalapa, Ver.- A 25 años de la explosión de la fábrica de fertilizantes y pesticidas Agricultura Nacional de Veracruz, S.A. (Anaversa) en Córdoba, cuyo saldo ha sido cientos de muertos por cáncer debido a la exposición de dioxinas contaminantes, no hay sanción a los responsables ni indemnización para los afectados, advirtió Beatriz Torres Beristaín, investigadora de la Universidad Veracruzana e integrante de la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida).

Este 3 de mayo, en un aniversario más de la explosión, considerada por expertos como el tercer desastre ambiental más grave por plaguicidas a nivel mundial, aun no existe un control ni estudios epidemiológicos que revelen el daño que ha causado en la zona.

La activista, reveló que incluso el sitio que está altamente contaminado está a la venta, hace dos años quisieron instalar un mercado municipal, y hace unos meses derrumbaron un edificio dentro del predio, y sacaron una fuente de generación, sin cumplir con la normatividad ambiental.

El accidente ocurrió en 1991, y aunque en su momento no hubo muertes, solo familias evacuadas y alrededor de 296 personas hospitalizadas, el daño fue causado después, pues tanto trabajadores, como vecinos, así como bomberos y elementos del Ejército que estuvieron presentes el día de la explosión fueron expuestos a una nube tóxica de sustancias como organoclorados y organofosforados.

La empresa manejaba agroquímicos organofosforados y organoclorados. Estos últimos tienen efectos altamente tóxicos en caso de explosión, ya que generan una sustancia llamada dioxina (tetraclorodibenzeno-p-dioxina).

Esta planta oficialmente formulaba cinco plaguicidas: pentaclorofenol, 2,4-D, paratión metílico, malatión y paraquat; sin embargo, en las paredes del local se anunciaban más de 20 productos, los cuales, si no se formulaban ahí, al menos se almacenaban y vendían.

La investigadora, señaló que la Asociación de Afectados por Anaversa estima que más de 1 mil 500 personas han fallecido a consecuencia del accidente por enfermedades como cáncer; sin embargo, oficialmente no se reconoció ningún afectado, salvo los casos de intoxicación aguda que se dieron al momento de la explosión y que fueron dados de alta a los pocos días sin ningún seguimiento.

Advirtió que por estos hechos no hubo sanciones ambientales, y ni el municipio, ni el estado ni la federación se hicieron responsables del daño causado y lamentó que a la fecha no haya ningún muerto oficial por estos hechos, aunque la asociación de afectados tiene documentados con actas de defunción cientos de casos.

“Conocemos niños que en esa edad eran bebes, y terminaron con cáncer en los testículos por ejemplo, o los bomberos que estuvieron ahí el día de la explosión ha ido muriendo de cáncer por la exposición a las dioxinas”, comentó.

Beatriz señaló que la primera omisión es que la planta nunca debió haberse instalado en el lugar, pues estaba rodeada de escuelas, de casas y de vida urbana, pero a pesar de ello se le dio una licencia ambiental de operación.

Aunque después de la explosión la planta cerró, el predio fue vendido a otro dueño, y este ahora pone a la venta más de 3 mil metros de terreno, a pesar de que es un sitio altamente contaminado y que debió haber sido completamente clausurado.

“Ya pasaron 25 años, ya no fueron a la cárcel, le quieren sacar provecho al predio, hay pocos estudios reales de la contaminación en el lugar, solo están los testimonios a la gente y actas de defunción de vecinos, pero nadie les hace caso”, dijo.

Por estos hechos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la recomendación 99/1991 al entonces Secretario de Desarrollo Urbano y Ecología, Patricio Chirinos Calero, quien después sería gobernador en el periodo ( 1992-1998), que entre otras cosas ordenaba: Investigar los motivos por los cuales fueron otorgadas las licencias sanitarias, que Secretaría de Salud realizará un censo integral de la población ex-puesta a la contaminación y realizará estudios epidemiológicos y de colinesterasa, se analizará la posibilidad de demoler el inmueble de la formuladora e informar a la población sobre los estudios, investigaciones y acciones realizadas, así́ como difundir el Plan Nacional de Contingencia para Emergencias Ambientales.

A decir de la investigadora ninguna de estas recomendaciones fueron acatadas al 100 %, y los estudios fueron manipulados y parciales, por lo que no permitieron el daño tóxico a la población.

Torres Beristaín, señaló que la petición a las autoridades es realizar una análisis serio de los contaminantes y no permitir que le predio se venda o se intente construir algo ahí.

Gobierno ocultó estudios y documentos de la noche del accidente: Rosalinda Huerta

Rosalinda Huerta, en aquel entonces (1991) era diputada local y presidenta de la Comisión Permanente de Ecología de la LV Legislatura de Veracruz, y quien actualmente es Presidenta, Asociación de Asistencia a los Afectados por Anaversa, A.C., advirtió que Anaversa es crónica de un desastre anunciado.

En el número 51 del Jarocho Cuántico, suplemento de La Jornada, advirtió que la empresa operaba sin licencias sanitarias, y varios vecina ya había pedido su reubicación.

A lo largo de 25 años de lucha, la activista denunció que hay una abierta complicidad de todas las autoridades en torno al caso, desde la instalación de la empresa en 1961, provocando, desde entonces, la exposición crónica a las sustancias tóxicas ahí almacenadas y elaboradas; sumado a la actuación de los funcionarios de gobierno antes, durante y después del incendio.

También dijo que en el caso hay desaparición oficial de documentos probatorios la noche del accidente y de los resultados obtenidos de la medición de suelos que diera a conocer el Procurador Ambiental, Santiago Oñate Laborde, a la Cámara de Diputados, y la negativa oficial a reconocer un solo caso de afectación a la salud de los habitantes de la zona afectada como consecuencia de la exposición a las sustancias que ahí se generaron.

La activista, señaló que “A lo largo de estos años hemos visto morir a centenares de personas. La directiva de la Asociación en Defensa de los Afectados ha tenido que sustituirse casi por completo en tres ocasiones, pues prácticamente todos los miembros fun- dadores han fallecido, lo cual también ha ocurrido con los bomberos que atendieron el incendio y que, con entrega absoluta, arriesgaron sus vidas y, sin saberlo, se enfrentaron a un enemigo silencioso que los afectó radicalmente”.

Avc