José Antonio Román

En una carta dirigida a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) exhortó al gobierno mexicano a concretar lo antes posible la visita del relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos, Michael Forst.

Funcionarios del organismo nacional señalaron que han sido varias las misivas enviadas a la cancillería en torno a este tema, donde han planteado la conveniencia de que México esté abierto al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.

La visita ya había sido pospuesta en 2015 y el mismo relator especial solicitó desde octubre pasado que la invitación se concretara entre el 18 y 29 de abril de 2016. No obstante, el gobierno mexicano ha cancelado estas fechas sin fijar todavía alguna otra.

Michael Forst, de nacionalidad francesa y con reconocida experiencia en el tema, había adelantado que durante su viaje a México visitaría, entre otros, los estados de Chihuahua y Puebla, y abordaría asuntos como la desaparición de los 43 estudiantes en Iguala y la situación que viven los periodistas en México.

Hay que recordar que durante las fechas propuestas por el relator especial para concretar su visita a México, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) también tiene previsto presentar el informe final de su segundo mandato como coadyuvante en las investigaciones del caso Iguala. El periodo del GIEI concluye el 30 de abril.

Consultados sobre la visita pospuesta del relator Forst, funcionarios de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos señalaron que los organismos internacionales deben ser vistos como instancias complementarias, subsidiarias de las instituciones nacionales, nunca sustitutivas. Incluso, destacaron que una tarea prioritaria de la actual presidencia de la CNDH ha sido precisamente intensificar su relación y colaboración con dichos organismos.

Amnistía Internacional y una veintena de organismos de la sociedad civil y centros de derechos humanos realizan, desde las redes sociales, una amplia campaña para solicitar al Estado mexicano concretar la visita.

Para estas organizaciones es de trascendental importancia, debido al clima de violencia y criminalización que viven las y los defensores de derechos humanos en México, y que durante varios años han documentado incidentes de agresión y criminalización en contra de este grupo de personas.

En su recomendación general número 25, presentada hace unos días, la comisión ratificó su preocupación por el ‘‘alarmante aumento’’ en las agresiones cometidas contra defensores civiles en la pasada década, en la que tiene casi 400 expedientes abiertos en los últimos 10 años.

Reportó que del primero de enero de 2010 al 31 de diciembre de 2015 se han registrado 25 homicidios contra defensoras y defensores de derechos humanos, y tres desapariciones desde 2009 a la fecha. Chihuahua, Guerrero y Oaxaca son las entidades con mayor número de agravios cometidos en contra de activistas, incluyendo los homicidios.

El mandato sobre esta situación fue establecido en el año 2000 por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos –como un procedimiento especial– para apoyar la implementación de la Declaración sobre las personas dedicadas a la defensa de estos derechos.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/03/24/politica/007n1pol