Casi todos los mexicanos desconfían de las autoridades judiciales a nivel municipal, estatal y federal, mientras que la mitad de los ciudadanos está convencida de que el crimen organizado penetró la estructura de gobierno de los municipios, y el 75% considera que debe haber un trabajo coordinado entre los tres niveles de gobierno, revela un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

Encabezados por su exdirector, Diego Valadés, investigadores del Instituto entregaron ayer al Senado el estudio Percepciones del Federalismo en México, elaborado con base en una encuesta nacional realizada por Julia Flores, y que permite a los especialistas detectar que es necesario abrir una discusión sobre el tipo de federalismo que desean los ciudadanos, porque no les gusta el modelo de que cada instancia de gobierno tenga funciones exclusivas; les gusta más la colaboración.

El análisis del Instituto muestra que únicamente el ocho por ciento de los mexicanos tiene confianza en las autoridades de justicia a nivel municipal y estatal; esto implica que el 92% no tiene confianza alguna en ellas.

Ocurre algo similar con las instituciones de justicia a nivel federal. Sólo el 9.7% de los ciudadanos tiene confianza en ellas, lo que implica que el 90.3% las considera no confiables.

“Cuando se pregunta qué nivel de preocupación existe en cuanto a la penetración de las organizaciones delictivas en el ejercicio del poder, encontramos que con relación a los municipios y a los estados, el porcentaje que teme que haya injerencia de organizaciones delincuenciales va del 40% al 51%, de suerte que nos está hablando de una enorme preocupación por lo que respecta a la penetración de este proceso altamente erosivo de la autoridad”, explicó Diego Valadés.

José María Serna añadió que el 58.1% considera que los problemas de inseguridad rebasan a los municipios; el 54.3% percibe que los problemas de salud rebasan al municipio y el 61.8% considera que los problemas de educación rebasan a su autoridad municipal; esa observación de carencia en la eficiencia de gobierno lleva a que 52% de los encuestados considere positivo que los alcaldes sean puestos por el gobernador, y no electos en las urnas.

Concentración de poder

“Esto es preocupante puesto que se está favoreciendo la concentración del poder; se está premiando la eficacia y se está haciendo ceder el principio democrático, la legitimidad de origen de la autoridad municipal”, dijo.

Diego Valadés explicó que el 75% de los ciudadanos considera que es mucho mejor que exista una coordinación de trabajo entre los tres niveles de gobierno; “esto es, la percepción de la sociedad no es una percepción de exclusividad ni de aislamiento, sino de cooperación”, lo cual lleva a la reflexión en torno al modelo de federalismo, que ya no debe ser dual, sino de integración o de colaboración, en lo cual coincidió Serna.

El exdirector del Instituto de Investigaciones jurídicas explicó que el 56% de los ciudadanos considera que los alcaldes deben resolver los problemas propios del municipio, lo cual lleva a la necesidad de su profesionalización; por eso, propuso la creación de un Servicio Nacional Civil Municipal para preparar a los diferentes funcionarios de ese nivel.

Cambio de IFE a INE, un acierto

A pesar de que los legisladores federales resultan los más criticados por la sociedad en diferentes encuestas, un estudio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM muestra que 58% de los mexicanos sí se siente correctamente representado por el Senado de la República.

Ayer, integrantes del Instituto entregaron al Senado el estudio Percepciones del Federalismo en México, en el cual también se observa que la transformación del IFE al INE, decidida hace dos años en el Senado, para acotar el poder de los gobernadores en los procesos electorales, es considerada positiva por 66% de los mexicanos.

Como parte de la información que el Senado recibe en el marco de los festejos por el centenario de la Constitución Política, los juristas de la UNAM entregaron el estudio Percepciones sobre el Federalismo en México, el cual muestra una valoración más positiva de los senadores, frente a los diputados federales, en algunos aspectos.

El análisis muestra la necesidad de que en algún momento tiene que fortalecerse al Senado como la instancia de representación de los intereses de los ciudadanos de los estados.

Piden a PGR informe sobre desapariciones

Con el respaldo de todas las fuerzas políticas, incluidas el PRI, la Comisión de Justicia del Senado solicitó a la PGR un informe detallado de las averiguaciones previas relacionadas con la desaparición forzadas de personas, desglosada por cuáles de ellas involucran a servidores público; cuáles ha atraído y las entidades donde se registraron.

Además, que le entregue un informe sobre la colaboración que ha brindado a las procuradurías de las entidades federativas y de la Ciudad de México, tanto en apoyo técnico como forense, en los casos de desaparición forzada del orden común.

Exhortan también al secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a que le envíe un informe sobre el avance en la integración del registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas, con información desagregada.

Angélica de la Peña, del PRD, y quien propuso el punto de acuerdo, señaló que la legislación sobre desaparición forzada y desaparición entre particulares son temas pendientes que los senadores tienen ante la sociedad mexicana y los familiares de personas desaparecidas.

Dijo que en la redacción de la ley sobre desaparición forzada se deberá distinguir la diferencia entre la búsqueda y la investigación; es decir, al momento de la denuncia de que alguien ha desaparecido, buscarlo vivo.

Cristina Díaz, del PRI, recordó que el Senado y la Presidencia de la República han realizado audiencias sobre desaparición forzada, como herramienta de apoyo para legislar en la materia; y planteó lo que adelantó en las páginas de Excélsior, que la Ley de Víctimas debe ser reformada.

Legisladores

La senadora Ivonne Álvarez, del PRI y secretaria de la Comisión de Justicia, destacó los foros en materia de desaparición forzada que se han realizado, con la convicción de los senadores de que la legislación general no se puede hacer con “ocurrencias”, ni de manera exprés.Fernando Yunes Márquez, presidente de la Comisión de Justicia, resaltó que escuchar directamente a las experiencias de los familiares de víctimas de desaparición forzada, ha sido enriquecedor.

http://www.excelsior.com.mx/nacional/2016/03/17/1081431