Xalapa, Ver. Pensionados de todo el estado entregaron al menos mil quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa, el secretario de Finanzas Antonio Gómez Pelegrín y el director del IPE, Octavio Gil García, por los retrasos en los pagos.

A esta queja se suma la que ya fue ratificada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos por las agresiones de diciembre.

En entrevista, Adriana Chávez Tejeda, presidenta de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz (Copipev) recriminó al gobernador Duarte de Ochoa que considere el pago de las pensiones como dádivas, cuando es obligación pagarlas.

“Nosotros pusimos, además de dinero, el esfuerzo de toda nuestra vida construyendo instituciones en Veracruz, pusimos todo durante 45 años para tener una pensión y la Constitución nos da ese derecho”, enfatizó.

Chávez Tejeda dijo que retrasarles la pensión, desde un día, los mete en graves problemas.

Ante ello, advirtió que después de estas quejas, las acciones continuarán en la Comisión Nacional de Derechos Humanos e incluso ante el Alto Comisionado de las Naciones Unidas.

“Si aquí no hacen nada vamos a movernos por otro lado porque retrasar la pensión es una violación a un derecho humano. Que lo entiendan”.

En relación al presunto intercambio de bienes entre el gobierno del estado y el Instituto a cambio de la reserva técnica, la maestra jubilada señaló que pidieron informes y audiencias al director del IPE, sin embargo no ha respondido.

“Le estamos pidiendo el acta de ese consejo directivo en el que aprobaron entregar 750 millones para ver quienes firmaron porque es una traición a los trabajadores”, indicó.

Señaló que en el Consejo del Instituto de Pensiones del Estado hay una "monarquía" por los consejeros que prácticamente son inamovibles desde hace incluso 40 años y no trabajan para el bien de los pensionados.

Agregó que en el caso de la iniciativa de reforma al artículo 98 de la Ley de Pensiones del Estado, que busca derogar la obligación del estado a pagar las pensiones, sino que sean las instituciones para las que trabajaron, no están conformes, dado que los trabajadores cotizan para el IPE no para los sitios donde trabajan.