Xalapa, Ver.- Más de dos años de impunidad han transcurrido desde la desaparición forzada de Gibrán Martiz Díaz, popular cantante del programa televisivo La Voz México. Él y dos jóvenes que lo acompañaban, uno de ellos menor de edad, fueron sustraídos por la policía estatal de Veracruz, el 7 de enero de 2014, en esta ciudad.

Ante el incumplimiento del gobierno de la entidad para atender en su totalidad las recomendaciones que la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) le hizo por peritajes deficientes, diligencias mal hechas y pistas sin investigar, el padre de Martiz Díaz llevara el caso a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH).

Doce días después de que fueron privados de la libertad, los restos de Martiz Díaz y de uno de sus acompañantes fueron encontrados en el kilómetro 98 de la carretera Huatusco-Conejos, en el centro del estado. El tercer joven continúa desaparecido.

En junio pasado, la CNDH emitió la recomendación 14/2015 al gobierno de Javier Duarte de Ochoa y en ella puso en evidencia la participación de la policía estatal en la desaparición de los muchachos, así como la negligencia de la fiscalía para investigar el caso. Señaló peritajes defectuosos, diligencias mal elaboradas y pistas sin indagar.

En ese entonces, Efraín Martiz Aguirre, padre de Gibrán, celebró la recomendación del organismo y la consideró un primer paso para alcanzar justicia. El gusto se diluyó pronto.

Ocho meses después de la emisión de la recomendación, a través de una solicitud de información, la CNDH respondió que la administración del priísta Duarte de Ochoa sólo ha cumplido de manera parcial con los planteamientos del organismo.

Efraín Martiz, quien tuvo que exiliarse de México tras las amenazas recibidas mientras investigaba por cuenta propia lo ocurrido con su hijo, lamentó que los mayores atrasos se encuentren en el ámbito jurídico de la indagatoria.

En la recomendación de la CNDH, lo principal era el tema legal, que se corrigiera el desvío de la investigación, pero a estas alturas no se ha hecho nada, dijo en una conversación a través de Skype.

De la recomendación 14/2015 se desprenden puntos como los siguientes: se exige a la Fiscalía General del Estado, a cargo de Luis Ángel Bravo Contreras, perseguir el delito de desaparición forzada; detener a los policías implicados en el caso e iniciar procedimientos contra los funcionarios de esa dependencia que actuaron de forma irregular en la integración del expediente.

El padre del concursante de La Voz México lamenta que estas especificaciones no se hayan cumplido. Los siete policías implicados en la desaparición de mi hijo fueron soltados. Pagaron fianzas de 5 mil pesos y quedaron libres. A esos agentes no los han detenido ni los han indiciado por desaparición forzada.

En otro apartado de la recomendación, la CNDH pidió a la fiscalía veracruzana seguir la pista de que tras la desaparición de Gibrán, su teléfono móvil fue localizado –a través de señal satelital– en las instalaciones de la academia de policía de El Lencero, en el municipio de Emiliano Zapata.

“La prueba de que el teléfono celular de mi hijo estuvo en la academia de policía –se hicieron dos llamadas, el 8 y 9 de enero desde la academia– la aporté yo, y no ha sido investigada”, sentenció Efraín Martiz.

En la recomendación, la CNDH pidió a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), a cargo de Arturo Bermúdez Zurita, sancionar a los policías involucrados en el caso y capacitar al personal de la institución para evitar que se repitiera lo ocurrido con Gibrán Martiz.

No lo han hecho. Él (Bermúdez Zurita) ha desatendido todas las especificaciones de la recomendación de la CNDH, acusó el padre de la víctima.

Cuando los tres jóvenes fueron desaparecidos, el fiscal general del estado era Amadeo Flores Espinoza, actual dirigente del Partido Revolucionario Institucional en el estado.

Ante la opinión pública, el gobierno de Veracruz ha aparentado el cumplimiento de la recomendación. El pasado 22 de enero, la Secretaría de Gobierno estatal emitió un comunicado en el que informó que daba cumplimiento a la recomendación 14/2015, al entregar una compensación económica a la familia de Gibrán Martiz.

Efraín Martiz aseguró que la reunión entre las autoridades del estado y los representantes de la familia fue desvirtuada. Es imposible que se tratara de una indemnización por la desaparición forzada de Gibrán, porque todavía no hay un dictamen judicial que diga que fue el Estado el que incurrió en la desaparición de mi hijo, y por tanto no hay un instrumento legal para llevar a cabo una indemnización, explicó.

Aclaró que la entrega del dinero referido en ese informe sólo fue el reintegro de los gastos de desplazamiento, abogados y pago de investigadores privados que hizo la familia para indagar por su cuenta el caso de Gibrán. El pago está previsto en la Ley de víctimas; se solicitó y fue lo que se cubrió, pero no es una indemnización por lo de Gibrán, puntualizó.

Para Efraín Martiz lo más grave en la desatención de la recomendación y la simulación de su cumplimiento es que continúan los casos de desaparición forzada en Veracruz, como el de cinco jóvenes de Tierra Blanca, el 11 de enero pasado.

“Si el titular de la SSP actúa con la arrogancia y la soberbia para no atender la recomendación de la CNDH, los policías ven así al jefe, y dicen ‘si mi jefe es así, yo también”’, expresó.

Si (los mandos) no corrigen a sus elementos, no se apegan al respeto a los derechos humanos, no se depura a los cuerpos policiacos, los casos de desaparición forzada seguirán sucediendo en Veracruz, agregó.

Efraín Martiz lamenta que ahora sean otros padres los que lloran a sus hijos como él lo ha hecho con Gibrán. Dice que para padres como él el único consuelo es que algún día se haga justicia.

“Esto es como una guerra, y en una guerra se ponen hijos, hermanos, tíos, padres; mueren muchas personas, pero si al final de esa guerra logramos vencer, valió la pena la muerte de ellos para que haya un cambio, un golpe de timón. No se trata de revanchismo ni de hacer una cacería de brujas. Necesitamos renovarnos, queremos justicia”.