Hace meses que el Partido Acción Nacional ha insistido en que el desorden financiero en que ha incurrido el Gobierno de Javier Duarte está llevando a Veracruz a la quiebra.

Hace meses que hemos señalado en Acción Nacional que la deuda del Estado estaba colocando en situación de vulnerabilidad a los veracruzanos.

Ya hemos dicho que el saqueo de las arcas públicas, la mala administración y la omisión estaban causando daños en materia de seguridad, educación, infraestructura, salud, campo y creaba pobreza.

Ahora, la información de la Auditoría Superior de la Federación nos confirma que los recursos públicos han sido utilizados con discrecionalidad en perjuicio de Veracruz.

Ahora sabemos que el Gobierno de Javier Duarte debe solventar 35 mil millones de pesos; que debe responder por 4 mil 700 mil millones de pesos que simuló devolver y han derivado en denuncias que implican a 15 funcionarios y a quienes ahora gozan de fuero como diputados federales y se atreven, cínicamente, a emitir un extrañamiento en contra del Auditor Juan Manuel Portal.

Tienen miedo, saben que la Justicia les alcanzará.

En el PAN hemos dicho que  Javier Duarte y todo su equipo deben responder legalmente por el daño ocasionado a Veracruz y a los 8 millones de veracruzanos que representa.

La deuda a proveedores ha llevado al punto de quiebre a empresas grandes y pequeñas; la retención de sueldos sin el traslado a acreedores ha llevado a  cientos de empleados al Buró de Crédito; se ha perjudicado a estudiantes y deportistas, se ha retrasado el pago a pensionados, hay desabasto de medicamentos, no se apoya a la Cruz Roja, se retrasan las aportaciones al OPLE, no se han trasladado los recursos federales a la Universidad Veracruzana ni se le han pagado de manera puntual los subsidios a que tiene derecho, poniendo en riesgo la viabilidad de esta casa de estudios.

Esa pésima administración  y la corrupción imperante y cínica del PRI-Gobierno ha disminuido la reserva técnica del Instituto de Pensiones y ahora  pretende pagar lo que ha tomado indebidamente con bienes inmuebles que son patrimonio del Estado.

Además, ante la inconformidad de los burócratas y maestros por el retraso en el pago de sus pensiones, de la demanda de la Universidad Veracruzana para cobrar los recursos que le pertenecen por ley, Javier Duarte ha decidido modificar la ley del IPE para intentar deslindarse de su obligación como Estado.

A Javier  Duarte le decimos  NO a su iniciativa. NO a su intento de perjudicar a la institución educativa. No a su decisión irresponsable.

Los diputados del PAN y este Comité estamos en contra de la reforma a la Ley del IPE y a favor de crear las condiciones para que el patrimonio de la institución sea restituido con los capitales acumulados de manera personal por este grupo de saqueadores de las arcas públicas.

Ya falta menos para que el PRI salga de Palacio de Gobierno, para lograr la alternancia, para Rescatar a Veracruz.

Ya falta menos.