El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reportó que en México hay 2.5 millones de menores de edad trabajando, a pesar de las disposiciones jurídicas en contra del trabajo infantil.

La vicecoordinadora de los diputados federales de Movimiento Ciudadano, María Elena Orantes, hizo referencia a un estudio de ese Instituto en su poder, y destacó la necesidad de “combatir la corrupción de raíz”, mediante reformas a la Ley General de Educación.

Aseguró que el problema del trabajo infantil en México es sumamente serio, por lo que resulta indispensable atacarlo no sólo con políticas públicas, sino con leyes que permitan que los niños y adolescentes del país estudien y no que tengan que trabajar.

La legisladora chiapaneca subrayó que para ofrecer un tratamiento integral a este fenómeno, es necesario sensibilizar a la sociedad en general y a los empleadores en particular para no propiciar estos atropellos contra los niños y las niñas.

Del mismo modo y mediante una iniciativa para reformar la Ley General de Educación para incluir temas de anticorrupción y de prospectiva, la legisladora agregó que, a través de incorporar en los contenidos de la educación, conceptos orientados a rechazar la corrupción y fortalecer el sentido de planeación en los estudiantes, esteremos combatiendo este mal desde la raíz.

Por otra parte, en el marco del vigésimo aniversario de los Acuerdos de San Andrés Larráinzar, la diputada Orantes señaló que es tarea del Legislativo impulsar nuevas modificaciones que permitan la libertad de organizarse de las comunidades indígenas; que se reconozca el derecho a contar con mecanismos políticos diseñados por las comunidades y apegados a sus tradiciones.

Destaco que a pesar de los intentos por la lucha de los Derechos de los Indígenas, vemos más violencia hacia ellos, en distintos rincones del país, tal es el caso de la violencia que viven sobre sus tierras.