Fabiola Martínez

La mayor parte del país está afectada por el problema de las desapariciones a manos del crimen organizado, admitió el gobierno federal, el cual alerta acerca del ‘‘muy alto impacto’’ de ello, tanto en costos como en imagen para el Estado mexicano.

El flagelo se reproduce en casi todas las entidades como práctica, no de un grupo delictivo en particular, sino de la mayoría de ellos, dijo.

‘‘Esto representa una atomización agravada por la propia descomposición y recomposición de las bandas delictivas’’, reconoció la Procuraduría General de la República (PGR).

En un documento enviado a través de la Secretaría de Gobernación (SG) a todas las entidades federativas, afirma que esta problemática se deriva de la ola de violencia que ha padecido México de 2007 a la fecha, lapso en el que ‘‘las cifras de personas desaparecidas han aumentado en toda la República’’.

Alerta para entidades federativas

El apunte es una alerta para las entidades federativas donde se concentra el mayor número de denuncias. El llamado, por tanto, es a crear y/o fortalecer la operación de las unidades estatales de búsqueda de personas desaparecidas y mejorar las prácticas de prevención.

‘‘El fenómeno es hoy por hoy de muy alto impacto y está imponiendo costos muy altos a la imagen del Estado mexicano y cargas de carácter económico que exponencialmente pueden resultar incosteables’’, se precisa en el texto difundido en la página del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), dependiente de la SG.

Al corte más reciente, correspondiente al 31 de octubre de 2015, las procuradurías y fiscalías reportaron en conjunto 26 mil 670 casos de personas no localizadas, 752 más que el trimestre anterior y 3 mil 399 más que en octubre de 2014. Los datos forman parte de una estadística histórica, es decir, averiguaciones registradas durante el periodo 2007-2015 y anteriores.

A ello se añaden las del gobierno federal, a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), las cuales a noviembre de 2015 sumaban 968 expedientes. Adicionalmente se reportan 147 localizados y de éstos 103 están con vida y 44 muertos.

La PGR precisó que al 13 de enero pasado tenía 809 ‘‘expedientes de búsqueda’’ y 147 de ‘‘personas localizadas’’, aunque en otra lista se hace referencia a un total de mil 111 casos (de atención federal), incluidos mexicanos que se buscan en el extranjero o de quienes, en calidad de migrantes, no se sabe en qué entidad desaparecieron.

De este grupo de poco más de mil personas hay un expediente del año 1981, tres de 1994, uno de 1996, otro de 2003 y uno más de 2004. Igualmente, 14 de 2005, seis de 2006 y 13 de 2007.

En cuanto a los actores involucrados (de los casos del fuero federal) se adjudican, del total de mil 111, 77 al Ejército, 25 a Policía Federal, 24 a la municipal y 36 a la estatal, situaciones que, de probarse, serían presuntas desapariciones forzadas cometidas por servidores públicos. Por tanto, hoy día las autoridades federales y estatales tienen pendientes de resolución 27 mil 638 expedientes.

Si bien las causas de no localización son múltiples (acción del crimen, migración o presunta ausencia voluntaria), en el compendio estadístico del SNSP no se detalla el origen de la no localización.

Las propios integrantes del gabinete de seguridad apremian a las autoridades locales y federales a dar "una lucha frontal al problema", con capacidad de reacción y "verdadera eficiencia" para inhibir el fenómeno.

Para ello es necesario, apunta la PGR, homologar los mecanismos de búsqueda con el soporte necesario en capacitación, uso de tecnologías, esquemas de colaboración y comunicación que permitan una capacidad de respuesta ‘‘ante la innegable impunidad’’, se apunta en la página 5 del citado documento, incluido en la página secretariadoejecutivo.gob.mx

Enseguida, cita las acciones y avances recientes para combatir la problemática, tanto en el marco legal como en el operativo, específicamente en la integración del registro de personas extraviadas o desaparecidas.

El Programa Nacional de Seguridad Pública 2014-2018 establece como línea de acción para los tres niveles de gobierno protocolos de actuación y búsqueda de personas, con base en el cual la PGR ha intensificado labores para responder al reclamo nacional e internacional ante el creciente fenómeno.

Sin embargo, se añade en el texto, la tarea no es fácil; el tema nos lleva a la atención local, subraya.

Con información de La Jornada http://www.jornada.unam.mx/2016/01/22/politica/003n1pol