México. D.F. Que la Procuraduría General de la República atraiga el caso del asesinato del periodista veracruzano Moisés Sánchez Cerezo, y que el Congreso federal exhorte a las autoridades de Veracruz involucradas, a solucionar y atender el asunto, piden ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión diputados del PRD.

A través de un punto de acuerdo, los legisladores Omar Ortega Álvarez y Felipe Reyes Álvarez, recordaron que José Moisés Sánchez Cerezo, editor del periódico La Unión, de Veracruz, fue privado de la libertad el 2 de enero de 2015 en su propio hogar ubicado en el municipio de Medellín de Bravo, y 22 días después su cuerpo sin vida fue encontrado en el municipio veracruzano de Manlio Fabio Altamirano.

Por ese crimen, Clemente Noé Rodríguez Martínez –ex policía intermunicipal-  fue detenido y confesó haber asesinado a Moisés por encargo de Martín López Meneses, quien fuese escolta y subdirector de la Policía Municipal, y del presidente municipal de Medellín, Omar Cruz Reyes, quien habría amenazado a Sánchez Cerezo tres días antes de los hechos, según lo denunciado por organizaciones defensoras de la libertad de expresión.

A un año de cometido ese crimen que sacudió al gremio periodístico, el presunto autor intelectual -Omar Cruz Reyes- según la propia Fiscalía General del Estado de Veracruz, sigue libre, prófugo y amparado. Mientras que Martín López Meneses, otro de los involucrados, también obtuvo un amparo con el que recobró su libertad. Y otros cinco presuntos autores materiales de ese crimen siguen en libertad.

Los diputados perredistas destacaron que la organización Artículo 19 ha documentado graves deficiencias en el proceso de investigación. En tanto que la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle) de la PGR, abrió su propia indagatoria sobre el caso, pero se ha negado a ejercer su facultad de atracción.

“La duplicidad de actuaciones en ambas fiscalías “ha prolongado y obstaculizado una investigación que debe ser objetiva, imparcial, independiente, eficaz y exhaustiva, para conocer la verdad de los hechos y someter a procesos penales a todos los actores involucrados en la desaparición y homicidio del periodista Moisés Sánchez”, recalcaron los legisladores.

Añadieron que, de acuerdo a las organizaciones que acompañan el caso, tanto la Comisión Nacional como la Comisión Estatal de Derechos Humanos han tenido un papel pasivo en la integración y determinación de las violaciones a derechos humanos de Moisés y su familia, puesto que para ellas no existen elementos suficientes para señalar las deficiencias en los procesos iniciados.

Los diputados Omar Ortega y Felipe Reyes, indicaron que según datos periodísticos, 15 periodistas han sido asesinados durante el gobierno de Javier Duarte en Veracruz.

Incluso, dijeron, Reporteros sin Fronteras, coloca a la entidad veracruzana como uno de los 10 lugares más peligrosos para ejercer la profesión periodística.

En ese contexto, los mencionados diputados del PRD entregaron a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un punto de acuerdo mediante el cual piden que se exhorte a la PGR que, a través de la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión, atraiga el caso del asesinato del ciudadano y periodista José Moisés Sánchez Cerezo.

Y que también se exhorte a la Fiscalía General del Estado de Veracruz a concluir la investigación sobre la presunta participación del expresidente municipal de Medellín de Bravo, Veracruz, Omar Cruz Reyes, en la desaparición y posterior homicidio de José Moisés Sánchez Cerezo.

Además de que se haga un llamado a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que investigue las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante este asesinado.

El documento también plantea que el Congreso de la Unión exhorte al gobernador de  Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, a garantizar la vida e integridad de las personas que ejercen el periodismo. Y ejecute las acciones necesarias para prevenir y sancionar cualquier acto que violente la libertad personal, la libertad de expresión y el libre ejercicio periodístico.