Xalapa, Ver.- La violencia en contra de las mujeres en el estado de Veracruz es como una “papa caliente” porque por un lado la Fiscalía General del Estado responsabiliza a los jueces de no tipificar los asesinatos como feminicidios y por el otro, el propio Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM) se negó a solicitar una alerta de violencia de género ante la secretaría de Gobierno, señaló la diputada local del Partido Acción Nacional (PAN) Ana Cristina Ledezma López.

La Fiscalía General del Estado (FGE) tiene la obligación de capacitar a los agentes de los ministerios públicos para que al momento de investigar el asesinato de una mujer se integre en la carpeta los elementos probables de que fue un feminicidio, afirmó.

Debido a que el titular de la FGE, Luis Ángel Bravo Contreras declaró que es responsabilidad de los jueces del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) determinar si el asesinato de una mujer es tipificado como feminicidio o no, la diputada afirmó que en junio del año pasado se aprobó una ley que obliga a los ministerios públicos a reunir a los requisitos y tipificar los feminicidios.

“Hay una falta de responsabilidad en cuanto al actuar de algunas responsabilidades. Una servidora presentó una iniciativa hace dos años, en la que obligábamos en aquel momento a la Procuraduría General del Estado para que capacitara a los ministerios públicos para que tipifiquen el feminicidio como tal”, explicó.

Esta iniciativa fue aprobada en junio del 2014, por lo que es responsabilidad de la Fiscalía que sus ministerios públicos lleven a cabo investigaciones en las que se tipifique el feminicidio, subrayó.

Se trata de leyes que buscan contribuir a la erradicación y sanción de la violencia de género.

Recordó que la primera de sus propuestas, hecha en enero de 2014, tiene como objetivo que se incrementen las sanciones para los Ministerios Públicos que no integren adecuadamente un caso de feminicidio.

“Esto es como la papa caliente”, puntualizó la diputada local, porque hay una solicitud de alerta de género que el Instituto Veracruzano de las Mujeres se negó a sacar y que tuvieron que recurrir las organizaciones civiles y los grupos colectivos de defensa de las mujeres ante la secretaría de Gobernación, a la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres. 

Avc