Paris Martínez

A través de su recomendación 17/2015, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) avaló la infiltración de agentes gubernamentales “vestidos de civil” en protestas ciudadanas, aún cuando no sea posible “precisar las actividades que (dichos elementos) deben desarrollar durante las marchas”, y a pesar de que existen pruebas de que estos servidores públicos –la mayoría expolicías– han protagonizado actos violentos que son usados, por la misma autoridad, como pretexto para reprimir manifestaciones pacíficas.

Emitida por Perla Gómez Gallardo, titular de la CDHDF, el pasado 17 de diciembre de 2015, dicha recomendación analiza la actuación de las tres áreas del Gobierno de la Ciudad de México que intervinieron en el operativo policiaco desarrollado el 1 de diciembre de 2014, mediante el cual fue reprimida la manifestación denominada “Ayotzinapa + 11”, que consistió en una marcha del Zócalo al Ángel de la Independencia, con un mitin nocturno en dicha glorieta del Paseo de la Reforma.

Al concluir esta protesta, un grupo minoritario de manifestantes atacó diversos negocios de la zona, acciones que fueron monitoreadas por la policía a través de sus cámaras de vigilancia –tal como muestran las bitácoras del Centro de Control y Comando C4–, pero sin que ninguna autoridad interviniera.

Tal como muestran las mismas bitácoras del C4, una vez que estos manifestantes agresivos se dispersaron, la policía inició su intervención, pero en contra de los manifestantes pacíficos que se retiraban en calma de la zona.

Tal como confirmó la CDHDF, en este operativo se incurrió en distintas irregularidades, entre las que destacan detenciones arbitrarias realizadas por granaderos de la Secretaría de Seguridad Pública; tratos crueles e inhumanos perpetrados por agentes de la Procuraduría General de Justicia del DF (PGJDF), así como la participación de “servidores públicos de la Dirección General de Concertación Política de la Secretaría de Gobierno” capitalina, que se infiltraron en la manifestación vestidos de civil, sin portar identificación oficial a la vista o uniforme.

Tal como quedó registrado en distintos videos captados durante dicho operativo, estos agentes vestidos de civil realizaron detenciones arbitrarias y perpetraron distintas agresiones contra manifestantes pacíficos, siempre en coordinación con los granaderos de la SSP.

Uno de estos videos, captado por Animal Político, muestra de hecho el momento en que uno de estos agentes infiltrados arroja un tubo metálico contra un grupo de manifestantes pacíficos, tras ser encapsulados por granaderos. Luego, al ser confundido con un civil beligerante, dos granaderos reducen a golpes a este sujeto (que porta una chamarra negra), pero instantes después otros policías lo reconocen como “compañero”, y entonces es puesto en libertad.

Al ser cuestionado en ese momento sobre su identidad, este hombre asegura ante la cámara que es un “ciudadano común” y tira un golpe en el pecho al reportero, junto con un insulto. Inmediatamente los granaderos que ayudan a este sujeto advierten al reportero que se aleje.

Después de que estos videos fuesen difundidos –el 4 de diciembre de 2014–, el mismo Gobierno del Distrito Federal reconoció que quien aparece en esas imágenes es Israel Rodríguez Montalbán, que en ese momento se desempeñaba como “subdirector de Gestión Social de la Dirección general de Concertación Política”, y quien, en la actualidad, ya no aparece en el directorio de la institución.

Además del video difundido por Animal Político, un segundo video captado por el colectivo Regeneración Radio durante el mismo operativo muestra a otro sujeto, también con ropa de civil y sin identificación oficial, participando en la detención de un joven, al cual patea mientras granaderos lo mantienen inmovilizado.

Los granaderos, de hecho, dan tiempo al sujeto vestido de civil para que golpee al detenido, y luego tienden un muro de escudos en torno a él, para evitar que la agresión sea registrada por la prensa.

En ambos videos, los agresores que operan al cobijo de los granaderos van vestidos con pantalón de mezclilla azul, camiseta blanca y chamarra negra (el sujeto del segundo video lleva la chamarra anudada a la cintura).

Además de estas imágenes, la participación de estos agentes infiltrados quedó también registrada en videos que no se hicieron públicos, pero que sí fueron puestos a disposición de la Comisión de Derechos Humanos del DF.

Según la misma recomendación 17/2015 de la CDHDF, uno de estos videos –captado por la brigada de rescate Marabunta– muestra a un grupo de al menos ocho personas vestidas de civil y sin identificación oficial, que se coordina con los granaderos que tienen encapsulados a varios manifestantes pacíficos, para luego emprender, a la par de los uniformados, una andanada de golpes contra los manifestantes.

Tal como señala la recomendación, en su Anexo 1, “en el segundo 14 (del video), del lado izquierdo (se ve) un grupo de jóvenes maniestantes, al parecer retrocediendo, y frente a ellos, como a un metro, los rodea un grupo de policías de la SSPDF, quienes llevan colocados sus cascos, los cuales son de diferentes formas y colores, y entre ellos (está) un varón vestido de civil que porta una chamarra con gorro, no colocada, de color azul marino. Los policías y la persona vestida de civil se van contra los jóvenes (…) En el segundo 24 se ve a un varón vestido con chaleco azul marino y playera de manga larga color blanco, quien con ambas manos empuja a dos de los jóvenes que están en la orilla del grupo de manifestantes mientras dice ‘órale, métase hijo de su puta madre’ (…) En el segundo 54, junto a los policías, un señor vestido con pantalón azul de mezclilla, playera blanca y con imágenes en color vivo al frente y sudadera oscura amarrada a la cintura, propina patadas a un joven que está tirado en el suelo. Policías lo observan y sólo lo hacen a un lado, sin detenerlo.”

De forma paralela a la presentación pública de estas evidencias, que merecieron posicionamientos oficiales del gobierno capitalino, ante la CDHDF también acudieron al menos dos víctimas de agresiones policiacas cometidas durante el operativo del 1 de diciembre de 2014, quienes denunciaron explícitamente que “en las agresiones hacia los manifestantes se encontraban personas vestidas de civil que trabajaban en coordinación con elementos de la SSPDF”, además de que una de ellas pudo presentar una fotografía en la que se muestra cómo en su detención participó uno de estos sujetos vestidos de civil.

Indignación de mentiritas

Ante las denuncias sobre infiltración de agentes encubiertos en la protesta del 1 de diciembre de 2014, la Dirección General de Concertación Política del gobierno capitalino presentó en agosto de 2015, a través de su entonces titular, Israel de Rosas Gazano, un informe oficial en el cual negó cualquier participación en los hechos violentos de esa noche.

Según este informe de la Secretaría de Gobierno,  a la protesta “Ayotzinapa + 11” asistió un equipo de siete elementos de la Dirección de Concertación (seis hombres y una mujer), todos vestidos de civil y sin identificación a la vista, y “únicamente se llevó (a cabo) el monitoreo e interlocución con los asistentes al evento, en el marco del respeto a los derechos humanos”.

La veracidad de esa declaración oficial, sin embargo, no sólo queda en entredicho por el video que difundió Animal Político (que muestra al subdirector de Concertación agrediendo a manifestantes), sino también por las evidencias recabadas por la misma CDHDF, la cual documentó la presencia de al menos ocho hombres vestidos de civil que atacaban a manifestantes en coordinación con granaderos. Esto quiere decir que en el grupo de civiles infiltrados había al menos dos hombres más de los que la Dirección de Concertación reconoce.

Uno de estos infiltrados no identificado (pero que operó en abierta coordinación con los policías uniformados de la SSP) fue retratado cuando participaba en la detención de una de las víctimas que, luego, pudo demostrar su inocencia. En la foto, se ve a un hombre robusto, cubierto con una chamarra azul oscuro, aplastando con su rodilla el cuerpo del joven detenido, que yace sobre el suelo, mientras un granadero lo asiste, pisando con su bota las piernas de la víctima.

Según la CDHDF, “no se pudo identificar a la persona (de chamarra azul) que tiene sometida a la persona agraviada“, a pesar de lo cual asegura que “en esta impactante imagen, se observa cómo los servidores públicos que en ella aparecen no tienen respeto alguno por la dignidad de la persona que tienen totalmente sometida e inmóvil, situación que al pasar por alto la dignidad de la persona, constituye un trato cruel, inhumano y degradante”.

Sin embargo, la indignación del organismo que encabeza Perla Gómez en torno a la forma en que se realizó esta detención no fue tanta como para que ordenara investigar quién es ese civil, que oficialmente no formaba parte del equipo de infiltrados de la Secretaría de Gobierno, pero que, junto con ellos, realizó distintas agresiones y abusos en contra de manifestantes pacíficos, siempre con el apoyo de granaderos de la SSP.

Ombudsman de ojos cerrados

A pesar de este cúmulo de pruebas físicas, y de las denuncias formales de los agraviados, muchas de las cuales fueron recabadas por la misma CDHDF, este organismo determinó en su recomendación 17/2015 que “no se tiene una persona agraviada que los identifique y señale directamente (a los agentes de civil) como partícipes de acción concreta relacionada con una detención o vulneración al derecho a la integridad”.

Con este argumento, la recomendación 17/2015 omite pronunciarse al respecto de los abusos cometidos por el equipo de infiltrados de la Secretaría de Gobierno en contra de los manifestantes, y sólo señala que, cuando les preguntó cuál era la razón concreta de su presencia en la manifestación, éstos respondieron que “no les es posible precisar las actividades que deben desarrollar durante las marchas”.

Con esa respuesta, la CDHDF se dio por satisfecha, omitió demandar que se invetiguen los abusos que cometieron esos funcionarios al amparo del anonimato y, por el contrario, la ombudsman Perla Gómez sólo recomendó elaborar un “protocolo de actuación” para estos infiltrados, aunque se trata de una medida no obligatoria para el gobierno capitalino.

Con información de Animal Político http://ow.ly/WnMud