Luego de que Sara Ladrón de Guevara, rectora de la Universidad Veracruzana,  reclamara adeudos por 2 mil millones de pesos al gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el director del Instituto de Pensiones del Estado, Armando Adriano Fabre salió a decir que “la máxima casa de estudios no puede dar la espalda a sus trabajadores”.

En un comunicado emitido a primera hora de este miércoles, el director del IPE hace una amplia defensa del gobierno de Javier Duarte de Ochoa y hace responsable a Ladrón de Guevara de las aportaciones patronales al IPE.

A continuación el comunicado emitido por el IPE:

Xalapa, Ver., 23 de diciembre de 2015.- Frente a las dificultades que enfrenta el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) para cubrir las pensiones y jubilaciones de los trabajadores de la Universidad Veracruzana -en virtud de que las aportaciones que ésta realiza como patrón son insuficientes-, la Máxima Casa de Estudios no puede dar la espalda a sus trabajadores, aseguró hoy el director Armando Adriano Fabre.

Las aportaciones que realiza la Universidad Veracruzana al IPE, explicó, han sido subsidiadas por el Gobierno del Estado. Es un concepto que existe y que gracias a ello se ha podido cumplir responsablemente con las prestaciones de jubilados y pensionados, considerando incluso que se trata de unas de las más altas del país.

"En su calidad de patrón, la Universidad Veracruzana tiene un compromiso con sus trabajadores y sus pensionados; su autonomía no significa que no reconozca esta responsabilidad, ya que ellos mismos saben que sus aportaciones no alcanzan".

El director del IPE recordó que no se trata de un problema exclusivo de Veracruz. Y dijo que los pasivos por pensiones de las universidades públicas del país se llevan una gran parte de los ingresos de los estados, como lo advierte un estudio de la calificadora Moody's.

De acuerdo a esta calificadora, explicó, "los pasivos por pensiones no fondeados representan en algunos casos hasta el 536% de los ingresos totales de las universidades públicas en México". De hecho, recordó, casi el 65% de las universidades públicas registran déficits en este rubro, que son sostenibles sólo durante los próximos cinco años, antes de que los activos de sus fondos de pensiones se terminen.

El caso de la Universidad Veracruzana no ha sido así por la intervención del Gobierno del Estado. "La UV es una de las cinco universidades del país cuyos planes de pensiones son estatales o federales y no tienen responsabilidades para asegurar que las contribuciones sean las adecuadas, por eso es el déficit que hoy tenemos".

Y puso el ejemplo de la Universidad de Coahuila, que en 2014 pagó en beneficios por pensiones un equivalente al 31% de sus ingresos totales; en contraparte, la UV pagó en promedio un 8%, a pesar de que tiene una de las aportaciones estatales más altas del país".

Adriano Fabre dijo que Veracruz no puede mantenerse en este estado de excepción, ya que se trata de una bomba de tiempo para las finanzas estatales, lo que al final, también repercutirá en contra de la propia Universidad Veracruzana y la sociedad veracruzana en su conjunto.

Insistió en que la propia ley del IPE establece en el artículo 98, que cuando las aportaciones del patrón y las cuotas del trabajador no alcanzan para cumplir con el pago de estas obligaciones, entonces el déficit tendrá que ser cubierto por el patrón de que se trate. "En este caso, la Universidad Veracruzana no puede argumentar una excepción de ley, y trasladar su responsabilidad al Gobierno del Estado".

Ante esta situación, lo recomendable es que cada patrón -entre ellos Ayuntamientos, Órganos Autónomos, Organismos Públicos y los Poderes del Estado- que tengan jubilados y pensionados, se hagan cargo, conforme a la ley, de la nómina que implica el pago de estas obligaciones, con lo que el Gobierno del Estado estaría en una situación de equidad frente al resto de las instituciones públicas, concluyó.