Monsanto reconoció que los cultivos de maíz tradicional en México se contaminarán con semillas transgénicas en caso de que éstas se planten en el territorio nacional. Este es uno de los principales argumentos (que ahora la misma empresa admite) que expertos y organizaciones ambientalistas han presentado en contra de la siembra comercial del transgénico en el país, que es centro de origen de este grano.

En los oficios que han presentado, las compañías trasnacionales productoras de transgénicos –en el contexto de la acción colectiva que mantiene desde hace dos años la suspensión de la entrega de permisos gubernamentales para el cultivo del maíz– han expuesto argumentos que públicamente niegan.

En 2013, 53 ciudadanos y 20 organizaciones interpusieron ante tribunales un juicio de acción colectiva, admitido por el juzgado 12 de distrito en materia civil en el Distrito Federal, el cual determinó la suspensión de autorizaciones a las empresas. Las secretarías de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) y de Medio Ambiente ya habían otorgado permisos para pruebas piloto y experimentales y estaban por concederlos para fines comerciales.

Las empresas han señalado que los transgénicos pueden coexistir con los maíces nativos sin consecuencias negativas, pero, de acuerdo con documentos presentados en el proceso judicial, la empresa Syngenta admitió en un oficio que si se siembra el grano modificado no se podrá realizar el libre intercambio de semillas sin que se contaminen los cultivos tradicionales.

Barreras físicas

Reconoció que para evitar el flujo de transgénicos hacia maíces nativos o criollos son necesarias las barreras físicas que impidan a productores y campesinos trasladar las semillas, intercambiarlas y hasta venderlas. Si se siembran transgénicos, nada de esto podría realizarse sin contagiar a los nativos. Hay que recordar que una de las prácticas recurrentes de los campesinos para elegir los granos es recolectarlos de distintos predios para utilizarlos en sus propias siembras.

Sumado a esto, la Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de los Organismos Genéticamente Modificados (Cibiogem), organismo gubernamental que se encarga de regular el tema, aseveró en una opinión enviada a los jueces que resultará más costoso a los campesinos usar las semillas transgénicas, ya que hay un incremento creciente de ellas.

Uno de los argumentos con los que se promueve el uso de estas semillas es que elevarán los rendimientos de maíz, pero la propia Sagarpa, que buscó ampararse contra la decisión judicial de suspender los permisos, reconoció que no hay tal aumento de producción.

Las trasnacionales buscan explotar los transgénicos comercialmente, sin fines científicos, lo cual queda claro en una respuesta dirigida al juez por Syngenta, en la cual reconoce que lo que pretenden es aprovechar y explotar en forma exclusiva su tecnología, según indican los documentos que fueron proporcionados por Colectivas AC, equipo de abogados que lleva la demanda.

Con información de La Jornada http://ow.ly/Wb0RV